Christian Sobrino   indicó que el gobierno propone “la posposición de la implementación de ciertas medidas de ahorro y consolidaciones”. (GFR Media) (horizontal-x3)
Christian Sobrino indicó que el gobierno propone “la posposición de la implementación de ciertas medidas de ahorro y consolidaciones”. (GFR Media)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) presentó ayer su versión revisada del plan fiscal del gobierno ajustando las proyecciones de ingresos y gastos, así como el impacto que tendrían las reformas estructurales en el agregado económico de la isla.

En la nueva versión del plan fiscal del gobierno central, publicada ayer, el impacto de las reformas estructurales no parece mostrar grandes diferencias con relación a los estimados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al certificar su plan el pasado 29 de junio. En síntesis, las reformas para transformar la economía, invertir en infraestructura y fomentar la participación de la fuerza trabajadora en la economía formal representarán entre $48,000 millones y $52,000 millones a la economía, en un plan a 30 años. En el plazo de seis años, el impacto de las reformas estructurales se calculó en unos $786 millones versus el estimado de $775 millones establecido por la JSF.

Sin embargo, en su versión revisada del plan fiscal, Aafaf reafirmó nuevamente su desafío al organismo federal al descartar la reforma a los sistemas de pensiones y los aumentos en tarifas e impuestos como “la crudita” y que fueron recomendados por la Junta.

Según el documento revisado por la Aafaf, entre los años fiscales 2019 al 2023, los recaudos del gobierno serán más favorables. En ese período, las iniciativas de impuestos y tarifas allegarían $2,168 millones al fisco versus $2,048 millones, según la JSF.

No obstante, el plan de recortes de la JSF es más agresivo que aquel del gobierno. Entre los años fiscales 2019 a 2023, la Junta propuso recortes por $10,375 millones; la propuesta del gobernador recortaría $8,043 millones.

Según el director ejecutivo de la Aafaf y representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino Vega, el plan que presentó el gobierno es “fiscamente responsable, pero en sintonía con la realidad operacional del gobierno de Puerto Rico”.

“Se está proponiendo la posposición de la implementación de ciertas medidas de ahorro y consolidaciones para permitir un respiro presupuestario”, indicó Sobrino Vega.

Estamos vislumbrando la revisión del presupuesto de varias entidades gubernamentales, incluyendo el Departamento de Seguridad Pública, de forma tal que se atiendan adecuadamente las necesidades de estas y no se afecten los servicios al pueblo”, dijo el abogado.

El plan revisado contempla el impacto del acuerdo inicial de reestructuración en la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Tres años de “bonanza”

El plan fiscal del gobierno asegura que la inyección de fondos federales junto a las reformas y ajustes propuestos harán que la economía de Puerto Rico crezca este año fiscal un 4% y entre 2% y 2.6% entre los años fiscales 2020 y 2022.

Sin embargo, las nuevas proyecciones contemplan que el auge que verá la economía medida por el producto bruto se reduciría a 0.1% para el año fiscal 2023, y se regresaría a terreno negativo en la siguiente década.

Según la Junta, este año fiscal, la economía medida por el producto bruto debía crecer 6.1% para estar seguida de crecimientos en el orden de 1.1% a 1.5% hasta el 2023.

En cambio, en las proyecciones la JSF, Puerto Rico vería desempeños económicos positivos en las próximas tres décadas.

Ruta con interrogantes

Si bien el plan fiscal que el gobierno presentó ayer, en esencia, busca hacer menos recortes a los gastos del gobierno, implementar la hoja correctiva ya parece inviable.

Ayer, por ejemplo, el demográfo Lyman Stone, quien asesora a la JSF, ajustó nuevamente sus proyecciones, y anticipó que, en los próximos años, la población de la isla se achicaría entre 5% y 6%, lo que implicaría menos manos que trabajen y, a su vez, paguen impuestos.

Uno de los elementos claves del plan es la reforma contributiva, que a su vez, cuenta con unos $300 millones en nuevos ingresos ante la aprobación de un Código de Incentivos.

Ayer, ante el inicio de una nueva sesión, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anticipó que ese proyecto no se aprobará.


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