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El gobernador Ricardo Rosselló. (Ramón “Tonito” Zayas)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reconoció este domingo la posibilidad de que el gobierno sea demandado por los miles de conductores que pagaron multas del AutoExpreso antes de que él decretara una amnistía.

Rosselló Nevares además de cancelar el contrato de la empresa Gila que administra el AutoExpreso, ordenó la cancelación de todas las multas emitidas hasta el pasado 17 de septiembre.

La acción del primer ejecutivo provocó malestar en miles de conductores que cumplieron con pagar las multas por lo que se ha hablado públicamente -al menos en las redes sociales- de la posibilidad de un pleito de clase contra el gobierno.

“Para eso están las cortes, que expongan su posición. Nuestra posición era llevar a cabo una amnistía por los errores que se había cometido con Gila en todo este proceso”, dijo Rosselló Nevares.

"Obviamente, si alguien entiende que tiene un caso, para eso están los tribunales”, agregó.

De otra parte, el gobernador dejó la puerta abierta para extender el plazo que exige una certificación a toda persona que coloque un asiento protector en su auto para menores de 8 años. A partir del 1 de octubre y como parte de un nuevo reglamento de la Comisión de Seguridad en el Tránsito exigirá la certificación del Cuerpo de Bomberos.

“Por supuesto, vamos a estar al lado del pueblo y vamos a buscar alternativas para que lo puedan hacer”, sostuvo el gobernador.


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