Al finalizar el pasado curso escolar, Educación ordenó el cierre de 160 escuelas, señalando como factores principales deficiencias estructurales y baja en la matrícula. (horizontal-x3)
Al finalizar el pasado curso escolar, Educación ordenó el cierre de 160 escuelas, señalando como factores principales deficiencias estructurales y baja en la matrícula. (Archivo GFR Media)

Una investigación de la Cámara de Representantes, dirigida a identificar por qué una cantidad de escuelas cerradas por el Departamento de Educación, todavía cuenta con servicio de agua y luz, puso al descubierto el desfase en términos de comunicación entre agencias de gobierno y corporaciones públicas.

En el informe, firmado por el representante Guillermo Miranda, presidente cameral de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, se identificaron 70 escuelas con energía eléctrica.

Esta mañana José Torres, director de la Oficina Asesora de Administración de Propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), dijo a El Nuevo Día que la cifra de escuelas con agua potable y energía eléctrica alcanza las 22, al menos hasta hace semana y media.

El DTOP tiene la titularidad de 743 escuelas manejadas por la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) que, en los pasados 10 años, ha visto el cierre de 340 planteles.  La Autoridad de Edificios Públicos mantiene otras 424 escuelas.

Al finalizar el pasado curso escolar, Educación ordenó el cierre de 160 escuelas, señalando como factores principales, deficiencias estructurales y baja en la matrícula.

Miranda había indicado en marzo que Educación pagaba cerca de $1 millón por agua potable y electricidad en 113 escuelas públicas en desuso.

Otros gastos asociados a sus cierres son $1,298,880 por el desyerbo dos veces al mes y fumigación, trabajo a ser realizado por OMEP; $75,000 para atender 151 pozos sépticos y $2.7 millones para el cierre de 11 pozos sépticos distribuidos en 11 escuelas intermedias. Todos estos gastos son incurridos por la OMEP.

Los trabajos en los 11 pozos sépticos incluyen muestreos, remoción de fluidos y sedimentos, demolición de loza, acopio de varilla y relleno de terreno. 

Por un lado, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informó en vistas públicas que, de un listado de 201 escuelas en desuso provisto por el Departamento de Educación, 55 fueron desconectadas del servicio, pero 70 aún tenían servicio eléctrico.

“Cuando la Autoridad (AEE) acudía a la escuela para llevar a cabo el desconecte, la instalación estaba en uso y al comunicarse con el Departamento de Educación, estos informaban que la escuela, en efecto, estaba en uso”, lee el informe.

En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la corporación pública sostuvo que ha “confrontado dificultades” ya que Educación no le provee números de contrato con la AAA o los nombres provistos de los plantes no coinciden con sus registros.

No obstante, la AAA ha desconectado por su cuenta planteles en desuso para luego notificar a Educación del corte.

La AAA encontró en el listado de 201 escuelas que algunas tenían servicio de agua potable pero no brindó la cifra.

“Durante el proceso de vistas públicas la información obtenida fue mucho más alarmante al indicar que no se ha procedido con los cortes de servicios por no poder ubicar la escuela o, peor aún, no poder entrar a la misma. Es un hecho inexplicable y una total falta de diligencia y responsabilidad”, lee el informe al hacer alusión al caso de la AAA.

Escollos al traspaso de escuelas

Esta mañana, previo al inicio de una vista pública en el Senado, donde la Comisión de Educación y Reforma Universitaria investiga el estatus del inventario de escuelas en desuso, el director de la división legal de la AEP, el exlegislador Luis ‘Tato’ León indicó que hay seis escuelas en desuso bajo la tutela de la corporación pública.

Al ser construidas mediante emisiones de bonos, el contrato con los bonistas impide que la AEP arrende o venda la instalación a menos que se trate de otra instrumentalidad gubernamental.

Una sería vendida al Hospital Menonita y otra, la escuela Simón Moret, de Ponce, fue demolida por fallas estructurales aunque la AEP tiene que cumplir con el pago de $766,737.06, producto de la deuda incurrida mediante una emisión de bonos para la construcción de la escuela.

Las otras son la elemental José D. Zayas, de Las Piedras, con una deuda de $13.7 millones; la elemental José S. Navarro, de Maunabo con una deuda de $758,041.73, y un Head Start en el sector Moropo, de Aguada, con una deuda de $51,264.99.  

La escuela Lola Rodríguez de Tió, en Carolina, será arrendada a la Oficina de Comunidades Especiales, aunque su deuda es de $83,665.61.


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