Manifestantes en reclamo de la auditoría de la deuda pública (semisquare-x3)
Manifestantes en reclamo de la auditoría de la deuda pública. (GFR Media)

Nota del editor: Este es el primero de varios artículos acerca del Informe Investigativo Final sobre la deuda de Puerto Rico, preparado por la firma Kobre & Kim, por encomienda de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El Informe Final que el investigador independiente Kobre & Kim presentó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) puede servir como una plataforma para que Puerto Rico comience a sanar sus heridas tras el endeudamiento masivo de su gobierno, pero no ofrece remedios contundentes que permitan responsabilizar a terceros por el papel que jugaron en la bancarrota de la isla.

Sobre todo, según dos expertos, la deferencia que la jueza Laura Taylor Swain tuvo hacia la JSF cuando le permitió investigar la deuda de la isla, en lugar de acoger el pedido del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), podría perjudicar a los miles de acreedores que tiene el gobierno y que esperan, a través de los casos de Título III, recuperar algo de lo que se les debe. Esto, porque el tiempo que Kobre & Kim invirtió en la pesquisa que le encomendó la JSF actúa en contra del UCC y el Comité Oficial de Retirados (COR) para que lleven a cabo sus propias investigaciones y demandar a terceros, si fuera necesario.

“El informe puede describirse como una encomiable recopilación de todo lo que se ha dicho en los periódicos por los últimos 10 años”, dijo el abogado Rolando Emmanuelli, al referirse al documento de 608 páginas que Kobre & Kim presentó a la JSF el pasado 20 de agosto.

“No puede perderse de vista que la investigación de la JSF salta en medio de la intención del UCC de hacer una investigación exhaustiva”, agregó el coautor de un libro acerca de la Ley Promesa y quien representa a dos sindicatos y a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en los casos de Título III.

“La Junta recibió el informe que pidió. Es un lavado de cara”, dijo, por su parte, el abogado de quiebras John Mudd.

“El UCC va a tener que trabajar rápidamente para, si la Junta no hace nada, radicar (reclamaciones) antes de mayo de 2019”, agregó Mudd, quien también representa a algunos acreedores y municipios en los casos de Título III.

Tras recibir el informe, la JSF anunció la semana pasada la creación de un comité especial de reclamaciones y ha dicho que llevará a cabo una audiencia el próximo 18 de septiembre para que diversas partes se expresen sobre el documento.

Desacierto judicial

En agosto del año pasado, el UCC radicó una moción bajo la regla 2004 del Código de Quiebras para investigar la deuda de la isla.

La JSF alegó entonces que tocaba al organismo investigar la deuda de la isla,según Promesa. La jueza Swain y la magistrada Judith Dein, quien atiende controversias procesales de los casos de Título III, acogieron los planteamientos de la JSF. En noviembre del año pasado, se denegó la moción del UCC.

Para Emmanuelli y Mudd, haber dejado a un lado el pedido de los acreedores no asegurados pudo ser un desacierto de la corte, por dos razones.

De un lado, explicaron los abogados, la facultad de investigar la debacle financiera de Puerto Rico no es exclusiva de la JSF. Del otro lado, las motivaciones de la JSF y del UCC siempre fueron distintas. En el caso de la JSF, Kobre & Kim indicó antes de publicar el informe final que sus instrucciones a la hora de investigar la deuda de Puerto Rico no incluían “identificar culpables”.

En cambio, el objetivo ulterior de una investigación por parte del UCC es identificar si alguna entidad o individuo faltó a su deber al estructurar la deuda de la isla a fin de que respondan monetariamente por sus actos. En síntesis, mientras más dinero haya en el caudal del deudor, en este caso el gobierno, más tocará a los acreedores. El UCC y el COR son dos grupos designados por el síndico de Estados Unidos para renegociar las obligaciones del gobierno con bonistas, empleados y contratistas del gobierno en el proceso de Título III.

Según Mudd, la sección 546 del Código de Quiebras establece que el síndico del deudor -en este caso, la JSF- tiene solo dos años a partir de la radicación de la solicitud de bancarrota para incoar reclamaciones contra terceros. En el caso del gobierno central, esa ventana se cierra a principios de mayo de 2019.

Debilidades del informe

El poco tiempo que tienen la JSF, el UCC y COR para tomar las acciones que entiendan necesarias sería inmaterial de no ser porque, a juicio de los entrevistados, el trabajo de Kobre & Kim careció del rigor investigativo que se requiere para recopilar evidencia que permita demandar a terceros por hacer falsas representaciones a la hora de vender un instrumento de valores o incurrir en prácticas de fraude, entre otras posibles violaciones de ley.

De entrada, por ejemplo, una consideración que llamó la atención de Mudd, quien dijo haber leído la totalidad del informe, es que unas 120 entrevistas efectuadas por Kobre & Kim fueron de carácter voluntario. En estas entrevistas, no se tomó juramento y no existe transcripción.

“En la parte XVI de este reporte, presentamos ciertos principios legales y conceptos, que cuando se aplican a los hechos, varias partes interesadas podrían encontrar útiles cuando busquen tomar sus propias determinaciones acerca de si puede tener un derecho legal para demandar a cualquier entidad o individuo sobre los que hemos discutido en cualquier parte de este informe. Nótese, sin embargo, que este informe no es evidencia y no debe verse como tal”, advierte el informe.

“Mucha dela información que obtuvo el investigador, la obtuvo bajo acuerdos de confidencialidad”, indicó por su parte Emmanuelli, haciendo referencia a otras de las observaciones acerca de los métodos que utilizó Kobre & Kim para hacer su trabajo. “Cuándo se ha visto que a la gente que podría ser responsable de un acto impropio se le indica que la información que entregue no se utilizará. Es como decirle al sospechoso de un crimen que me diga lo que pasó asegurándole que no lo compartiré con nadie”.

Para Mudd, en síntesis, el informe de Kobre & Kim establece que las emisiones de deuda de Puerto Rico estuvieron plagadas de múltiples fallas, errores e incluso posibles violaciones de ley, pero “nadie lo hizo”.

Empero, el abogado dijo no estar sorprendido por las conclusiones de la firma, pues el informe fue encomendado por una entidad que ahora tiene como asesores a quienes fueron parte del endeudamiento de Puerto Rico.

Ese es el caso de Citigroup, entidad que, según datos de Bloomberg, es el banco de inversiones que junto con otras firmas como Goldman Sachs y Morgan Stanley participaron de la mayor cantidad de emisiones de deuda de Puerto Rico. Ahora, Citi asesora a la JSF en la reestructuración de deuda y en la privatización de la AEE.

Asimismo, destacó Mudd, el informe presta particular atención a la emisión de Obligaciones Generales de 2014, transacción que se vendió al tiempo en que el gobierno, dice el informe, ya internalizaba que tendría que renegociar sus obligaciones. En ese momento, el gobierno contrató a Proskauer & Rose, la firma que ahora actúa como principal asesor legal externo de la JSF.

A Emmanuelli le sorprendió que Kobre & Kim prácticamente eximiera a la junta de directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de responsabilidad a pesar de que esa entidad fue “el epicentro” del caos fiscal de la isla. El abogado recordó que la propia Junta tiene entre sus directivos a dos expresidentes del fallido banco.

En el informe, Kobre & Kim señala que los oficiales del BGF que pulularon entre el banco y los bancos de inversión que vendían la deuda de la isla, en esencia, cumplían con la reglamentación que se exige desde la Oficina de Ética Gubernamental, pero se advierte que se necesitan cambios significativos en las tareas de fiscalización ética.

Además, en diversas partes del documento se concluye que el BGF pudo haber incumplido el deber de fiducia cuando adquirió y manejó miles de millones de dólares en instrumentos de intercambios de intereses (“swaps”) y no mantuvo constancia de estas transacciones o cómo las gestionaba. Puerto Rico entró en la compra de “swaps” luego que Goldman Sachs cabildeara para que el gobierno adquiriera estos complejos instrumentos de valores.

Sin embargo, cuando Kobre & Kim explica las posibles causas de acción legal, solo parece ser específico con el caso dePopular Securities. Hacia el 2014, la institución habría asesorado al gobierno para que no vendiera bonos de Obligación General y luego participó del sindicato de bancos que vendió tal instrumento.

“En el informe parece ser que hay unos chivos expiatorios que son los bancos locales, o se ignora la responsabilidad de las grandes casas financieras de Estados Unidos y de las casas acreditadoras que participaron durante décadas de la emisión y parece que no hicieron nada”, subrayó Emmanueli.

La oportunidad

Pese a las deficiencias, ni Emmanuelli ni Mudd dan por perdido la investigación de Kobre & Kim.

“Las gestiones que han hecho los pueblos sobre eventos que han pasado, como una dictadura o después de experimentar el colonialismo, no solo incluyen encarcelar a quienes cometieron los actos, sino poner el dedo acusador. A veces, un escarnio sirve para que el pueblo comience a sanar”, dijo Emmanuelli.

Según Emmanuelli, aunque el informe deja entrever que, en muchos casos, los eventos pudieron haber prescrito, hay responsabilidades que no escapan a sus autores.

Mudd coincidió e indicó que en el caso de la emisión de Obligaciones Generales de 2014, el período de cinco años para radicar acusaciones no ha concluido todavía, pero aceptó que, a la fecha, el gobierno no ha dado muestra alguna de que tomará acción.

En tanto, Emmanuelli destacó que hay crímenes que no prescriben, como ocultar o destruir la información asociada con las transacciones de deuda del gobierno. El abogado sostuvo además que tampoco hay margen de impunidad cuando se trata de utilizar fondos públicos para un fin distinto al que indicó, lo que, según Kobre & Kim, sucedió en la AEE.

Sobre todo, según Emmanuelli, aun si las causas de acción estuvieran prescritas, en el mundo de la ética, no necesariamente es el caso. No pudo precisar si la reglamentación federal, de valores o profesional tiene términos prescriptivos sobre acciones impropias cuando se trata de asesores financieros, banqueros o contadores públicos.

Todos esos funcionarios que fueron mendaces tienen una responsabilidad ética y a nosotros, los abogados, y muchos abogados participaron en las transacciones del gobierno, no nos prescriben las faltas éticas”, acotó Emmanuelli.


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