Elizabeth Warren indicó que los acreedores tendrían seis meses después de aprobada la legislación para ir, por ejemplo, al Tribunal Federal en San Juan a demostrar que su deuda está asegurada mediante gravamen, y no debe ser tachada. (AP) (semisquare-x3)
Elizabeth Warren indicó que los acreedores tendrían seis meses después de aprobada la legislación para ir, por ejemplo, al Tribunal Federal en San Juan a demostrar que su deuda está asegurada mediante gravamen, y no debe ser tachada. (AP)

Washington - La senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts) afirmó que la legislación que presentó para cancelar gran parte de la deuda pública de Puerto Rico, y mitigar las consecuencias a ciertos acreedores, dispone que “nada irá para los buitres de Wall Street”.

“La presunción es que toda deuda será eliminada a menos que un acreedor pueda demostrar que su interés está asegurado”, indicó Warren en entrevista con El Nuevo Día.

Los acreedores tendrían seis meses después de aprobada la legislación para ir, por ejemplo, al Tribunal Federal en San Juan a demostrar que su deuda está asegurada mediante gravamen, y no debe ser tachada.

La legislación que la senadora Warren ha estado preparando por meses -con el apoyo de sus colegas Bernie Sanders (Vermont), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Kamala Harris (California) y Ed Markey (Massachusetts)- fue oficialmente presentada el miércoles en el Senado estadounidense.

En la Cámara de Representantes, la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) se propone presentar en septiembre una medida parecida.

“Después de María, Puerto Rico necesita todas las herramientas posibles para recuperarse física y económicamente. Esta legislación proporciona otra ruta para que la isla se levante y comience el camino hacia un futuro más brillante”, indicó Velázquez.

Bajo la legislación de Warren, Puerto Rico y otros territorios pueden aspirar a que se cancele gran parte de su deuda si cumplen por lo menos con dos de tres requisitos: haber perdido un 5% de su población en una década, recibir asistencia significativa para mitigar desastres, y tener una deuda per cápita que supere los $15,000. A Puerto Rico, le aplican las tres exigencias.

Por medio de la legislación, el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico nombraría un administrador judicial para, entre otras cosas, distribuir $15,000 millones entre acreedores cuya deuda sería cancelada. Por un lado, se entregarían hasta $7,500 millones a acreedores residentes en Puerto Rico e igual cantidad para acreedores en EE.UU.

Sanders y Warren, en el Senado, y Velázquez, en la Cámara baja, encabezaron antes otro proyecto que propone asignar cerca de $100,000 millones en asistencia federal para mitigar el desastre causado por el huracán María en Puerto Rico.

Aunque es un proyecto de minoría -lo que hace improbable su aprobación-, tanto Warren como Sanders podrían aspirar a la candidatura presidencial.

Tanto Gillibrand como la congresista Velázquez votaron a favor de la ley Promesa, que creó una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico.

Bajo Promesa, además, la reestructuración de cerca de dos tercios de la deuda de más de $70,000 millones está bajo la consideración de un tribunal territorial de quiebras.

Retante la reconstrucción

Warren sostuvo que no se podrá reconstruir la isla, trasla devastación causada por el huracán María, si no se cancela una parte significativa de la deuda pública.

La senadora demócrata afirmó que su medida haría innecesaria la reestructuración de la deuda bajo el Título III de Promesa. Aunque no lo afirmó así, la pieza podría tornar académica la función de la JSF.

“Mi proyecto va a ayudar a nuestros conciudadanos estadounidenses a recuperarse del huracán María y construir un futuro”, señaló Warren, quien fue profesora de quiebras en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.

La senadora demócrata afirmó que analizaba presentar este tipo de legislación antes del huracán María. Representantes de su oficina estuvieron en Puerto Rico en 2015 -durante el debate sobre Promesa- con el propósito de examinar la situación financiera del gobierno de la isla.

Warren, quien está en minoría en el Senado -donde los republicanos dominan 51 a 49-, señaló que aspira a que el debate sobre el futuro de la deuda pública no se convierta “en un tema político entre republicanos y demócratas”.

Para Warren, tachar gran parte de la deuda es obligatorio, “pues Promesa no está hecha” para lidiar con los retos que enfrenta la isla después de María.

El senador Sanders, independiente que hace caucus con los demócratas y quien puede volver a aspirar a la presidencia, destacó que la medida lograría que “los codiciosos fondos buitres de Wall Street no obtengan, ni un segundo más, grandes ganancias del sufrimiento y la miseria del pueblo puertorriqueño”.

La senadora Gillibrand afirmó que la legislación busca “darle a Puerto Rico nuevo control sobre lo que sucede en la isla”.

Apoyan la legislación

El proyecto tiene el respaldo de los sindicatos AFL-CIO, la Federación Americana de Maestros (AFT), la Federación de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFCSME), y organizaciones como Latino Justice, Alliance for Puerto Rico-Massachusetts y Latinos for Healthcare Equity, entre otras.

Siete profesores de Derecho de diversas instituciones en EE.UU. firmaron una carta en la que argumentan que el proyecto sería constitucional.

“Espero que el debate pueda enfocarse en sus méritos como política pública, en lugar de ser desviado por objeciones constitucionales inventadas”, afirmó Laurence Tribe, reconocido constitucionalista y profesor de la Universidad de Harvard, y quien suscribió por separado una segunda misiva en respaldo a la medida demócrata.


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