Douglas Leff, jefe del FBI en Puerto Rico. (GFR Media) (semisquare-x3)
Douglas Leff, jefe del FBI en Puerto Rico. (GFR Media)

El jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Puerto Rico, Douglas Leff, indicó esta tarde que “da la bienvenida a cualquier persona con información de un fraude potencial que desee entregar evidencia o visitarnos para discutir los detalles”.

La reacción del Agente Especial a Cargo (SAC, en inglés) a interrogantes de El Nuevo Día surgen luego que el saliente coordinador de Revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Noel Zamot, hiciera señalamientos de posibles irregularidades.

“Generalmente, cuando hay alegatos de fraude acerca de contratos, el FBI necesita determinar primeramente si es una violación criminal, en lugar de un asunto civil, y si creemos que lo es, entonces tenemos que determinar si hay jurisdicción federal. Este proceso es bien complejo y por ello usualmente examinamos los hechos y alegaciones en conjuntos con la Fiscalía federal”, indicó Leff en breves declaraciones escritas.

De acuerdo a Zamot, en una historia publicada hoy en El Nuevo Día, una vez era claro que el proceso de evaluación de proyectos críticos por parte de la JSF iba viento en popa, a algunos en el gobierno no les gustó la idea.

“Básicamente, el gobierno salió a decirme que estaba desplegando capital privado (en Puerto Rico) y nosotros (el gobierno) no estamos controlándolo”, relató Zamot al señalar que no podía entender la postura del gobierno, ya que Puerto Rico “no es Rusia”, y porque comprobó que otros oficiales de gobierno estaban tan decepcionados como él.

Zamot no ofreció nombres ni hizo referencia a alguna agencia de gobierno particular.

Relató, sin embargo, el caso de un proyecto que tuvo más de 50 reuniones y, luego de haber caminado un largo trecho en el proceso, la agencia informó al proponente que el proyecto no era de interés. Unas dos semanas más tarde de la notificación al inversionista, la agencia publicaba en un rotativo de la isla una solicitud de propuestas (RFP, en inglés) con lenguaje idéntico al proyecto del inversionista.

En otro caso, dijo Zamot, el proyecto era de interés para el gobierno, pero la agencia decidió tomarlo para sí, creando “un consorcio” y desarrollarlo por su cuenta.

En otra instancia, hubo propuestas de inversionistas que, tras llegar a la consideración del gobierno, “alguien estaba mostrando las propuestas a otros amigos”.

Según Zamot, en otro momento, hubo un “dividirse el pastel antes de que se horneara”, cuando se trataba de contratos que se otorgarían. Dijo que a pesar de que él indicó que se necesitaba de un proceso de contratación abierto, la respuesta que recibió fue un “esta es la forma en que lo que hacemos aquí”.

“Si tú eres un inversionista, eso probablemente te dará escalofríos en la espalda”, sostuvo Zamot.

En un intento por salvar la iniciativa, Zamot comunicó a la JSF la situación y el organismo sugirió que solo se examinaran proyectos avalados por el gobierno, pero ello habría desvirtuado el fin de la ley federal.

Además, según Zamot, el organismo se mostró maniatado con la situación, pues este no podría “llevar una batalla” contra el gobierno por el tema del desarrollo económico mientras también libra una puja con la administración Rosselló Nevares en temas fiscales.


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