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El jefe de personal del Senado, Gabriel Hernández Rodríguez, es la persona que firmó los contratos que son investigados. (Suministrada)

El jefe de personal del Senado, Gabriel Hernández Rodríguez, compareció ayer al Departamento de Justicia como parte de una investigación sobre presuntos contratistas fantasmas en el Capitolio.

La cita era a las 9:30 a.m., pero el funcionario llegó cerca de una hora más temprano y salió del edificio, cerca de dos horas después, por una puerta lateral para evadir a miembros de la prensa que esperaban por una declaración frente al edificio, en Miramar.

Hernández Rodríguez contestó una llamada de El Nuevo Día, pero aclaró que no haría expresiones sobre esa comparecencia, y refirió el asunto al director de Asuntos Públicos del Senado, Osvaldo Soto, quien tampoco reaccionó al momento.

Este diario supo que el funcionario acudió sin abogado y, en efecto, fue entrevistado por fiscales de la División de Integridad Pública de Justicia.

Aunque se le solicitó a través de la oficial de prensa, Mariana Cobián, el Departamento no ofreció información relacionada con esta comparecencia.

Tampoco se ha dicho a qué otros funcionarios del recinto capitolino citarán y de las personas relacionadas con las empresas contratadas tanto por la Cámara como por el Senado.

Sin objeción

La comparecencia del “chief of staff” del Senado responde a una pesquisa que, en junio, inició Justicia tras un referido que hizo la Cámara de Representantes respecto a posibles actuaciones delictivas del exrepresentante del distrito de Humacao, Samuel Pagán.

La pesquisa se amplió y Justicia no solo investiga los servicios por contrato que se prestaban en la oficina del exlegislador, sino también contratos otorgados en el Senado, específicamente con la Oficina de Asuntos Gubernamentales.

Temprano en la mañana de ayer, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reconoció en una entrevista por Radio Isla 1320 que Justicia había requerido, a través de subpoenas, documentos para diversas pesquisas que la agencia tiene activas.

Rivera Schatz no mostró ningún reparo en que se investiguen todos los contratos no solo de las cámaras legislativas, sino también de las distintas ramas del gobierno de Puerto Rico.


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