El informe cubre el período del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017. (semisquare-x3)
El informe cubre el período del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017.

Una auditoría realizada por la Contraloría de Puerto Rico reveló que el municipio de Naranjito, en el centro de la isla, obvió el requisito de subasta pública al fraccionar el costo de dos obras.

El informe, difundido hoy, revela que el municipio, al fraccionar el costo de dos obras, obvió el requisito de subasta pública que se debe realizar cuando el costo excede de los $200,000.

El contrato de la remodelación de los pisos uno y dos de la alcaldía se formalizó por $193,184 y luego de cinco órdenes de compra la obra aumentó a $251,097.

Lo mismo sucedió con la construcción de la segunda fase del Centro de Bellas Artes que se contrató por $199,698 y luego de dos enmiendas aumentó a $259,499.

Esta situación impide la libre competencia entre el mayor número de licitadores y puede dar la impresión de favoritismo en la adjudicación de contratos.

El municipio tampoco le exigió al contratista la fianza para la ejecución de los contratos (performance bond), ni la fianza para garantizar el pago de jornales (payment bond) de la remodelación de la alcaldía.

La auditoría de seis hallazgos señala que se ordenaron y pagaron $368,405 por servicios de mecánica para los vehículos municipales sin órdenes de compra.

Estas se prepararon meses después de recibidos y facturados los servicios.

Además, contrario a la Ley 81-1991 de municipios autónomos, las cotizaciones obtenidas para las obras de construcción y adquisición de bienes y servicios, no identificaba el nombre, título, ni la firma del funcionario que las solicitó, recibió, aceptó y adjudicó.

"Nuestros auditores hallaron que el municipio contrató por $119,000 a una corporación regular para servicios de ingeniería. De acuerdo al ordenamiento jurídico, solo una corporación de servicios profesionales podía prestar los servicios contratados. A tales efectos, se refirió la situación al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico el 31 de mayo de 2017 para que tome las medidas correspondientes", subrayó.

El informe desvela además "múltiples deficiencias como la subcontratación de una corporación impedida de prestar los servicios técnicos de refrigeración y de acondicionadores de aire".

Además, "no se cobraron los arbitrios de construcción ni las patentes municipales correspondientes a dos contratistas, ni se realizaron las retenciones que por ley debía haberse realizado a otros dos contratistas. Esta situación se refirió a la Secretaria de Hacienda para que tome las acciones pertinentes".

La auditoría comenta que Naranjito tiene seis demandas civiles de $8 millones en total, pendientes de resolución por los tribunales.



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