Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

Rafael Díaz Granados (izq.) asume la dirección de la AEE este domingo y ese día, Walter Higgins se une a la Junta de Gobierno de la corporación. (semisquare-x3)
Rafael Díaz Granados (izq.) asume la dirección de la AEE este domingo y ese día, Walter Higgins se une a la Junta de Gobierno de la corporación. (Ramón “Tonito” Zayas)

El nuevo director y principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Rafael Díaz Granados, advirtió anoche que su agenda de trabajo no descansa sobre el plan del gobierno de privatizar la corporación pública, por lo que pondrá en vigor de inmediato una estrategia centrada en mejoras operativas.

Díaz Granados asumirá el puesto este domingo en medio de críticas por su salario de $750,000 al año, que puede aumentar entre 55% y 60% por el paquete de beneficios marginales que cobija a los empleados regulares de la AEE. El jefe de la corporación pública no puede ser un contratista.

En su primera entrevista tras ser designado, el funcionario dijo a El Nuevo Día que, si bien “todos coincidimos” con la política pública del Ejecutivo de privatización de la AEE, no hay certeza de que ese proceso se complete en 18 meses, como dispone la ley firmada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares el 20 de junio.

“La meta a mediano plazo es llevar a cabo la privatización (de la generación) o la concesión (a término de la transmisión y distribución). Pero, de aquí a que eso suceda, o no llega a suceder, tenemos una responsabilidad de mejorar la forma en que opera la AEE”, sostuvo.

“De aquí a año y medio, si se da la transformación, fenomenal. Pero, si no se da, pues también hay que hacer las mejoras”, agregó.

En esa línea, Díaz Granados señaló que su agenda de mejoras operativas se enfocará en revisar desde procesos internos hasta puestos de empleados.

Mencionó, por ejemplo, que su predecesor, Walter Higgins, en su capacidad de principal oficial ejecutivo, pasaba de una a dos horas al día firmando documentos, y su intención es reducir ese tiempo al máximo.

“Hay procesos que se pueden eliminar para hacer las cosas más ágiles y que ese valor agregado sea en pro de los clientes. Otros temas dentro de la excelencia operativa es la seguridad de nuestros empleados y la atención al cliente; que seamos veloces, ágiles e innovadores”, expuso.

Según Díaz Granados, otro punto en su agenda es “devolverle” a la AEE el “rol protagónico” en su transformación y la del sistema eléctrico en la isla.

¿A qué se refiere?, preguntó este diario, a lo que respondió que varias dependencias, como el Departamento de Energía federal, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, han desarrollado planes y estrategias sobre el futuro energético del país, en los que la AEE ha sido “un espectador”.

“Quien opera y conoce el sistema es la AEE. Estos proyectos y estudios tendrían mucho más valor si la AEE, en vez de ser el receptor, fuera partícipe y protagonista en la creación de ideas. Todos estamos de acuerdo en que hace falta mejorar la base de generación, en que se necesita más energía renovable y más proyectos de energía distribuida, pero quien está en el día a día es la AEE”, recalcó.

Sueldo "consistente"

Díaz Granados sustituirá a Higgins, quien renunció ayer de forma inesperada tras solo cuatro meses en el puesto, y tenía un salario de $450,000 al año, con posibilidad de duplicarse si cumplía con ciertas métricas de desempeño no especificadas.

Dijo ser consciente del malestar ciudadano generado tras conocerse la cuantía de su sueldo, que supera el de la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, quien gana $625,000.

Sobre este tema, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ernesto Sgroi, manifestó que el salario de $750,000 es “consistente” con la compensación en la industria eléctrica para compañías del tamaño, complejidad y alcance de la corporación pública.

Agregó que la cuantía es menor a la que se obtiene mediante la fórmula que provee la American Public Power Association, que toma en cuenta los ingresos de las corporaciones públicas. Los ingresos anuales de la AEE ascienden a $3,300 millones.

Pero Díaz Granados fue más lejos, y dijo que su compensación está por debajo del estándar y de lo que ha ganado en otras compañías, que le han pagado “números muchísimo mayores”.

Graduado de Economía y Derecho de las universidades de Harvard y Georgetown, respectivamente, Díaz Granados lideró, entre 2010 y 2014, varias operaciones de negocios de General Electric. Previo a eso, se desempeñó como abogado en O’Melveny & Myers, en Nueva York, así como en Covington & Burling y la US Securities & Exchange Commission, en Washington, D.C.

“Mi intención es crear una mejora operativa, de tal forma que justifique -y más que justifique- mi sueldo. Tengo un compromiso con la Junta de Gobierno de bajar gastos y reducir el gasto en consultores, por ejemplo, que va a justificar el sueldo que recibí. Además, esta es una operación de más de $3,000 millones en ingresos, 1.5 millones de clientes y una complejidad que requiere liderazgo”, aseveró.

Destacó que, a diferencia de Higgins, su sueldo no incluye bonificaciones. La AEE tampoco le pagará su mudanza a Puerto Rico ni otros gastos reembolsables. El funcionario divide su tiempo entre Miami y Boston, y actualmente está en la búsqueda de un apartamento en San Juan.

Otro acuerdo al que se llegó es que la Junta de Gobierno puede pedirle la renuncia a Díaz Granados en cualquier momento, y este no recibirá remuneración o bonificación alguna. Obtendrá únicamente lo que haya trabajado esa catorcena.

“Quiero empezar a crear una cultura en la AEE donde lo que importe sea el desempeño en una visión proclientes, prorrecursos y pro desarrollo económico de la isla. En lo personal, no es una gran bonificación tomar este puesto; todo lo contrario, pero lo hago porque tengo la camiseta del pueblo de Puerto Rico puesta encima”, declaró.

Mientras, aunque reconoció que la JSF tiene jurisdicción sobre la AEE -por estar en un proceso de renegociación de deuda bajo el Título III de la Ley Promesa- vio poco probable que el organismo intervenga con su salario “porque su injerencia es sobre el presupuesto a nivel global”.

Versiones encontradas

Higgins renunció ayer en medio de contradicciones sobre sus motivos para dejar el puesto.

Poco antes de que la Junta de Gobierno de la AEE confirmara la dimisión, Rosselló Nevares sostuvo que el funcionario se iba “por razones puramente personales”.

Minutos después, Higgins envió un correo electrónico a los empleados de la AEE, en el que indicó que, después de semanas de discusión y “mucho trabajo” con la Junta de Gobierno, “se hizo claro” que no podía seguir al mando de la corporación pública bajo los términos contractuales originales, específicamente los relacionados con su compensación.

El mes pasado, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, alertó que los $450,000 adicionales que Higgins hubiese podido ganarse eran, en esencia, un bono de productividad, y que este tipo de compensación está prohibida por ley en el gobierno.

Fuentes de este diario advirtieron, entonces, que Higgins no estaba dispuesto a aceptar una reducción salarial.

Ayer, tras la controversia suscitada por el choque de versiones, la AEE emitió una segunda declaración escrita atribuida a Higgins en la que señaló que “el gobernador tuvo razón” cuando dijo que una situación personal “también fue un factor importante en mi decisión de renunciar”.

“Mi esposa y yo enfrentamos una grave situación de salud dentro de su familia (de ella). Esto ha generado muchas presiones nuevas e inesperadas sobre nosotros. La situación ha requerido frecuentes ausencias de la señora Higgins de Puerto Rico, además de ausencias mías ocasionales y no planificadas. Esta situación de salud no se puede resolver, y nos creará cargas adicionales; de hecho, ya lo está haciendo”, dijo Higgins.

Intercambian sillas

La renuncia de Higgins es efectiva este sábado. Al día siguiente, pasará a ser miembro de la Junta de Gobierno de la AEE.

Allí, intercambiará sillas con Díaz Granados, quien es miembro desde el 29 de julio de 2017, cuando Rosselló Nevares lo designó por un término de cinco años. Díaz Granados ya había integrado la Junta de Gobierno, y el gobernador lo renominó en virtud de la Ley 37-2017, que cambió la composición del ente rector.

“Higgins se unirá a la Junta de Gobierno para proveer continuidad a los procesos de la Autoridad, y continuará asistiendo en los procesos de recuperación desde la Junta de Gobierno. Estamos muy complacidos con esta solución lógica para esta transición”, sostuvo Sgroi.

La Ley 37-2017 dispone que los miembros recibirán aquella compensación que la propia Junta determine por unanimidad. De no lograr unanimidad, será entonces el gobernador el que determine la compensación.

El Nuevo Día supo que, como miembro de la Junta de Gobierno, Higgins recibirá una compensación de $5,000 al mes. Si obtuviera la presidencia de algún comité en el organismo, obtendría $416 adicionales mensuales.

Díaz Granados, por su parte, explicó que Higgins “no requiere” el aval senatorial para integrarse a la Junta de Gobierno porque “ocupará uno de los puestos que el gobernador puede designar en su libre albedrío”.

Según la Ley 37-2017, los miembros que necesitan el consentimiento legislativo son los “independientes”, que se escogen de una lista preparada por una compañía especializada en búsqueda de talentos. Díaz Granados ocupa una de esas sillas, por lo que Rosselló Nevares tendría que hacer un nuevo nombramiento.

Otro enfoque

Tras resaltar que no se ofreció para sustituir a Higgins, sino que “fue algo que se dio de forma orgánica en la Junta de Gobierno”, Díaz Granados dijo que le dará continuidad al trabajo del saliente director.

Admitió, no obstante, que la labor de Higgins se centró en restablecer el servicio eléctrico tras los huracanes Irma y María.

“Como el 99.9% de los clientes ya está en línea, el enfoque cambia hacia la transformación operativa de la AEE. Pero sí, hay una continuidad, y por eso hemos logrado que el gobernador decida designar a Higgins a la Junta”, declaró.

Sobre el futuro del consultor Víctor Peña, a quien Higgins trajo con un contrato de $22,500 mensuales, Díaz Granados dijo que “vamos a estar analizándolo, como todos, para ver qué tiene sentido a futuro”.

Díaz Granados tiene 45 años, y nació y se crió en Bogotá, capital de Colombia.


💬Ver 0 comentarios