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Trabajadores de la AEE reparan en la calle Magdalena, en Condado, una porción del tendido eléctrico que se averió con una explosión. (André Kang)

La capacidad del gobierno de alcanzar un acuerdo favorable en su intento por privatizar el sistema eléctrico de Puerto Rico se reduce ante el grave deterioro en la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los daños que sufrió la red de transmisión y distribución con el cercano paso del huracán Irma al norte de Puerto Rico.

A las 5:00 de la tarde de ayer, unos 582,615 clientes de la AEE permanecían sin servicio, la mayoría debido a las averías que causaron los vientos del huracán en los sistemas de transmisión y distribución, especialmente en los aisladores, herrajes y el tendido eléctrico en general.

Se trata de una cantidad mayor a la que se reportó tres días después del apagón de septiembre de 2016, cuando todos los clientes de la AEE perdieron el servicio eléctrico tras un fuego en el patio de interruptores de la central Aguirre, en Salinas. En aquella ocasión, el restablecimiento del servicio demoró también por la fragilidad en que se encontraba el sistema eléctrico.

Al menos desde 2015, los principales indicadores de la calidad del servicio eléctrico han ido en picada. Por ejemplo, la cantidad de interrupciones por cliente aumentó en un 13%, y el tiempo promedio que pasa un cliente sin servicio al mes subió de 58 minutos a 91. Esto es al comparar los datos para los meses de mayo en años recientes.

Es posible que el problema estadísticamente se pueda apreciar desde mucho antes. Sin embargo, las comparaciones en algunos casos pueden ser difíciles, ya que en septiembre de 2014 la AEE cambió la metodología para medir la estabilidad del sistema.

La casa maltratada

La teoría es simple: en la medida que la infraestructura requiera una inversión mayor, menor será el beneficio económico que el gobierno pueda recibir en la transacción.

Es algo similar a las transacciones de bienes raíces: si la casa que se vende o se alquila tiene las paredes, el techo, las puertas y ventanas maltratadas, menor será la ganancia del propietario.

El asunto se complica cuando la hipoteca de esa casa es más alta que el valor de la propiedad en el mercado. Y desde 2010, los estados financieros de la corporación pública muestran deudas con valores que exceden los activos. Para el año fiscal 2014, la deuda de la AEE era $1,267 millones mayor que el valor de sus instalaciones e infraestructura. Por eso, desde entonces, se hablaba de la quiebra fiscal de la utilidad pública de electricidad.

“El problema empieza por lo menos desde 1989, cuando se le impide a la AEE que ajuste la tarifa por el asunto electoral. El liderato de la AEE, en vez de ser honesto y decir que se tenía que subir la tarifa, se alinea con el aparato político, dejan de ajustar la tarifa, siembran batatas en la gerencia y se meten en proyectos faraónicos en los que se perdieron millones y millones de dólares... Se recortaba en el mantenimiento y en mejoras de infraestructura porque el dinero no daba, y el deterioro se acumuló”, resumió Juan Rosario, exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE.

Tanto la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares como el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José B. Carrión, se han mostrado inclinados a iniciar procesos de privatización en la corporación pública. De hecho, según Noel Zamot, coordinador de infraestructura de la JSF, la mayoría de los proyectos cuyos permisos se buscará agilizar serán en el área energética.

Diferentes modelos

Son pocos los detalles concretos que el gobierno o la JSF han informado. Sin embargo, se presume que la privatización podría darse más en el área de la generación de electricidad que en la transmisión y distribución.

Hay varias maneras en las que inversionistas privados pueden adentrarse en la generación privada. Por ejemplo, la privatización puede hacerse mediante el modelo de cogeneración en la que compañías privadas construyen y operan plantas generadoras que le suplen electricidad a la AEE. Otra manera es pasando la administración de las plantas de la AEE a manos privadas o permitiendo la inversión de individuos o empresas en unidades específicas de generación.

“Lo ideal sería un modelo en que el operador paga para comprar ese derecho de operación. Estas cosas son sujeto a negociaciones y lo normal es que, si la inversión privada tiene que ser muy alta, pues se ajusta el precio de esa operación. Lo ideal es que el pago que se le hace al gobierno se use para amortizar la deuda, pero el dinero no sería mucho, aunque a largo plazo la capacidad de hacer dinero en la AEE es muy buena, explicó Kenneth Rivera, expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

“El potencial de hacer negocios es mucho más alto en la realidad de lo que aparece en el papel”, añadió.

Tarifas no bajan

Rivera estima que, si se negocia bien, una privatización en la AEE a distintos entes privados, de modo que se estimule una competencia, podría ayudar a mejorar la calidad del servicio, aunque no necesariamente bajarían las tarifas.

“Usualmente, cuando tienes a alguien privado, ese privado va a dar mejor mantenimiento, pero cobra un poco más. Ellos suelen reservarse la capacidad de hacer ajustes y aumentos. Si estuviera en manos privados (la infraestructura) no estaría como ahora, pero la tarifa sería más alta. Lo ideal sería que la generación se abra a la competencia, porque entonces los precios no pueden escalar tanto”, dijo Rivera.

Una de las condiciones impuestas por la JSF en el Plan Fiscal de la AEE es que la tarifa no puede sobrepasar los 21 centavos por kilovatio hora para 2021. Esta meta, sin embargo, es difícil de alcanzar, según ha reconocido el propio director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos.

No todo mejora

El economista José Caraballo Cueto discrepa en torno a una mejor calidad en los servicios si el sistema estuviera enmanos privadas.

Explicó que las privatizaciones que en las décadas de 1990 y 2000 se hicieron en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mostraron que la administración privada no necesariamente implica eficiencias o costos menores.

“En ese caso se dejó a la AAA endeudada y dando muy mal servicio”, recordó.

“Una buena privatización debe garantizar que el costo sea más bajo que el actual, que se vea así en el contrato, y que no sea un acuerdo que implique que, si baja el número de abonados, aumente la tarifa”, dijo Caraballo Cueto.

De hecho, la idea del gobierno es que la oportunidad de ganancias de los entes privados que se hagan cargo de los servicios públicos que hoy día ofrece el gobierno esté en alcanzar niveles más altos de eficiencia y reducciones en los costos operacionales.

Caraballo Cueto indicó que las privatizaciones pueden ser positivas si se pueden alcanzar términos favorables para las partes y no solo los empresarios o inversionistas participantes en la transacción.

“En el caso del aeropuerto Luis Muñoz Marín, el contrato dice que, si se desarrolla otro aeropuerto, la empresa tendría que ser compensada. Eso impide el desarrollo del aeropuerto de Ceiba cuando deberíamos incentivar esas facilidades”, opinó el economista.

“Con la AEE, ahora pueden usar el argumento que, como el gobierno no tiene dinero ni acceso a crédito, se necesita la inversión privada para renovar la corporación pública cuando se suponía que el dinero saldría de lo que se iba a dejar de pagar a los bonistas”, añadió.

Impacto del apagón

El problema es que, mientras el sistema eléctrico de Puerto Rico continúe en mal estado, una buena parte de la economía de la isla permanece inmóvil, ya que no tiene la manera de vender bienes o servicios.

De hecho, este asunto era resaltado por Rick Donner, vicepresidente y oficial senior de crédito de Moody’s Investors Service.

“Informes de que las interrupciones generalizadas de energía que pueden persistir durante semanas después del huracán Irma resaltan las presiones de liquidez y la infraestructura envejecida que han asediado AEE por muchos años”, sostuvo Donner en declaraciones escritas.

“Los apagones a largo plazo tendrán un impacto negativo en los ingresos de la AEE e implicarán retos adicionales para la recuperación de Puerto Rico de este desastre natural”, añadió.


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