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El cierre de escuelas públicas está condicionado por el Plan Fiscal del Gobierno que exige ahorros millonarios, aunque el Departamento de Educación justifica la medida ante la caída drástica de alumnos. (EFE)

La decisión judicial de detener el cierre de nueveescuelas en Puerto Rico provoca incertidumbre sobre el futuro del plan del Departamento de Educación para clausurar 265 centro escolares por razones de presupuesto.

La postura del juez Santiago Cordero fue aplaudida hoy por varias asociaciones de maestros que subrayaron que la decisión confirma que el plan de cierre se tomó sin tener en cuenta a los implicados, lo que incluye a docentes y padres.

Cordero Osorio se pronunció sobre dos demandas contra el Departamento de Educación por el cierre de escuelas y detuvo momentáneamente la clausura de seis centros en los municipios de Camuy, Hatillo, Lares, Arecibo, Vega Baja y Quebradillas -primera demanda- y tres más en el de Morovis, en la segunda.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), Emilio Nieves, dijo a Efe que la decisión del magistrado hace justicia a los reclamos de la comunidad docente, que se opone al plan del Departamento de Educación que encabeza Julia Keleher.

Nieves subrayó que el juez "mostró una sensibilidad que no tuvo el Departamento de Educación", tras advertir que la decisión de Cordero es solo el principio de un proceso con consecuencias impredecibles, ya que provocará una multiplicación de demandas en toda la isla para que se interrumpa el cierre de escuelas.

El líder sindical anunció que su organización y otras asociaciones de docentes apoyarán nuevas demandas por toda la isla contra el cierre de escuelas.

El juez Santiago Cordero ordenó esta semana la paralizacióndel cierre de tres escuelas públicas en Morovis como parte de una demanda del municipio que cuestiona el cierre de las escuelas Carlos Alverio Pimentel, la Manuel Alonso Díaz y la Segunda Unidad David Colón Vega.

La pasada semana, Osorio ordenó la paralizaran del cierre de otras seis escuelas como parte de otra demanda de la Asociación de Maestros de Puerto Rico.

La determinación del magistrado subraya que el Gobierno debe justificar la clausura de las escuelas "objeto del presente interdicto", pero también "de todas las escuelas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que el Departamento de Educación tiene bajo su jurisdicción y que pretende conforme al reglamento cerrar".

El magistrado anunció que pedirá al resto de tribunales con casos de cierre que fallen de la misma forma.

Las demandas atendidas por el juez Cordero son solo dos de las varias interpuestas por toda la geografía de la isla contra el cierre de escuelas.

El Centro Judicial de Mayagüez celebrará mañana una vista en respuesta a una demanda del Municipio de Añasco y decenas de padres para paralizar el cierre de escuelas en el municipio por entender que es una medida arbitraria.

La determinación del juez se hizo durante una vista judicial en la que Cordero recriminó al Departamento de Educación que no cumpliera con la orden del tribunal del 1 de junio de entregar evidencia que sustentara el cierre de las escuelas.

La secretaria auxiliar de Transformación y Planificación y Rendimiento del Departamento de Educación, Yanira Raíces, quien representó a la agencia en la vista, no aportó al juez documentos sobre el cierre de escuelas.

El Departamento de Educación defiende que la consolidación de escuelas se realizó a tenor con las disposiciones de la Ley 85-2018 y los poderes delegados a la secretaria, además de mostrar su rechazó a la determinación y solicitar la revisión de la misma.

Nieves resaltó que esa matización del juez al referirse a todas las escuelas de la isla que se pretende clausurar pone en jaque el conjunto del proceso de cierre, a su juicio llevado a cabo sin evaluar los riesgos que tiene pasa los estudiantes.

Dijo que el hecho de que estudiantes tengan que cambiar de escuelas puede afectar el rendimiento académico de los alumnos, ya que provocará desplazamientos a nuevos centros alejados de sus lugar de residencia, además de apuntar los problemas de transporte que ocasiona a personas que en muchos casos carecen de medio de transporte.

Keleher anunció el pasado mayo la reducción de 283 a 265 del número de escuelas que cerrarán para el próximo año académico que comienza en agosto.

El cierre de escuelas públicas está condicionado por el Plan Fiscal del Gobierno que exige ahorros millonarios, aunque el Departamento de Educación justifica la medida ante la caída drástica de alumnos a causa de la inmigración y el mal estado de muchos centros. 


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