El profesor señalado por la alegada víctima ya no trabaja en el recinto de Río Piedras (semisquare-x3)
El profesor señalado por la alegada víctima ya no trabaja en el recinto de Río Piedras. (GFR Media)

El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, ordenó formalmente una investigación sobre las denuncias y el protocolo que se llevó a cabo tras un alegato que hizo una exalumna del recinto de Río Piedras de supuesta agresión sexual de parte de un exprofesor.

"Mi solicitud al rector interino (del recinto) doctor Luis A. Ferrao es a los efectos de que se haga una investigación exhaustiva sobre las denuncias y sobre el protocolo que se llevó a cabo", indicó.

La exestudiante de la institución universitaria Lucía Martínez López alegó en un vídeo publicado en la red social Facebook que, en enero de 2014, el exprofesor de Literatura Comparada Guillermo Rebollo Gil se aprovechó de su estado de embriaguez para supuestamente cometer una agresión sexual en su contra.

En declaraciones escritas, Haddock añadió que "estamos evaluando el nombramiento de un Monitor de Protección y Seguridad que estaría velando por la aplicación de la política pública en contra del hostigamiento sexual en la UPR".

Por su parte, la administración del recinto de Río Piedras afirmó hoy, jueves, que abrió una investigación sobre el caso.

“Como hemos advenido en conocimiento, hemos iniciado, como siempre lo hemos hecho, una investigación apegada rigurosamente a nuestros protocolos institucionales que incluyen la confidencialidad durante el proceso para salvaguardar la integridad física y emocional de todos los involucrados", estableció Mario Alegre Barrios, director interino de la Oficina de Comunicaciones del recinto a través de unas declaraciones escritas.

No obstante, señaló que "respecto al alegado acto de agresión sexual ocurrido en el 2014, al momento no hemos recibido ninguna queja en las Oficinas de Título IX, ni en la Procuraduría Estudiantil ni en la de Asesoría Jurídica".

López alegó que en 2016 llevó sus denuncias hasta el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (Dcode), adscrito al Decanato de Estudiantes, pero sostuvo que una trabajadora social hizo caso omiso a sus señalamientos.

Rebollo Gil ayer reaccionó a las denuncias diciendo que en 2018 reportó ante el recinto una publicación que había hecho una estudiante en su contra.

“Reporté la situación, libre y voluntariamente, a todos mis superiores, incluyendo de aquellos departamentos con los que no tenía ya relación como profesor adjunto”, aseveró.

No obstante, aseguró que la universidad no le pudo “ofrecer mayores recursos” porque ya no era parte de la facultad. También dijo que tras la publicación del vídeo más reciente se comunicó otra vez con la universidad.

El rector interino del recinto, Luis Ferrao, sostuvo que “es vital enfatizar que, para cumplir con este compromiso de manera cabal, cualquier alegación de acto delictivo de esta naturaleza sea canalizado según lo dispone la reglamentación universitaria, con unos protocolos muy estrictos que aseguran la confidencialidad en el proceso de investigación”.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres interviene

Entretanto, la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, dio hoy 15 días a Haddock, para que entregue información relacionada a cómo la institución educativa maneja los casos de acoso sexual y las querellas de agresión sexual. 

"La OPM está realizando una investigación a los efectos de determinar si la UPR se encuentra en cumplimiento o si ha incurrido en alguna violación de las leyes que cobijan los derechos de las mujeres. Nuestro rol es garantizar el pleno desarrollo y respeto de los derechos de las mujeres en su empleo", afirmó Boria.

Tras la solicitud de información, la universidad deberá proveer, entre otras cosas una copia certificada de la política pública del recinto con relación al hostigamiento sexual en el empleo, evidencia de la publicación o divulgación de la política de la universidad en estos casos, el protocolo y los reglamentos para atender situaciones de hostigamiento sexual o agresión sexual en el empleo.

Además, tendrá que entregar el nombre y posición de todo el personal docente designado para atender y recibir los casos reportados, reglamentos sobre los procesos de investigación, cantidad de querellas radicadas, entre otros. 

"Desde que ocupó el puesto, he sido enfática en la defensa de los derechos de la mujer. No escatimaremos en esfuerzos para lograr que cada institución pública o privada cumpla con la Ley", indicó la funcionaria a través de un comunicado. 

De no cumplir dentro del término establecido, la UPR se expone a la imposición de sanciones administrativas de una multa de hasta $10,000 por cada violación.


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