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Rosario Cortés justificó el aumento en el presupuesto de la Oficina del Gobernador. (GFR Media)

El presupuesto recomendado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no debe experimentar cambios significativos cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reanude el proceso de certificación que establece la ley federal Promesa, indicó ayer el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés.

Según el funcionario, el presupuesto recomendado para el siguiente año fiscal, el primero bajo el plan fiscal revisado después del huracán María, es reflejo del acuerdo que Rosselló Nevares alcanzó con la JSF para evitar un litigio por la implementación la reforma laboral y el recorte de las pensiones.

“Este presupuesto que presentó el gobernador contiene algunos ajustes. Por ejemplo, el plan fiscal de nosotros establecía un fondo municipal de $100 millones por tres años, ahora este es un fondo de $50 millones a cinco años. Estas cosas están identificadas en partidas dentro de este presupuesto”, dijo Rosario Cortés.

“En la medida en que logramos un acuerdo sobre el bono de Navidad, esa partida la podemos mantener en presupuesto”, agregó el abogado.

El lunes, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que estaba a la espera de que el gobierno le presentara un presupuesto ajustado conforme al acuerdo entre las partes.

No obstante, el martes, Rosselló Nevares presentó a la Legislatura un presupuesto prácticamente similar al discutido con la JSF antes del acuerdo. El presupuesto consolidado del gobierno rondaría $25,323 millones y aquel con cargo al Fondo General y que mayormente cubre gastos de nómina y similares, totalizaría unos $8,730 millones.

De entrada, aunque el acuerdo implicaría cambios en las proyecciones de recaudos, el presupuesto del Fondo General continúa siendo unos $200 millones mayor que los recaudos certificados por la JSF. Fuentes de este diario aseguran que a pesar del acuerdo, la JSF haría ajustes al presupuesto aunque se desconoce en qué magnitud.

La dinámica de presupuestos disímiles a las proyecciones de la JSF también se da en corporaciones públicas con planes fiscales separados. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por ejemplo, los ingresos certificados por la JSF para el siguiente año fiscal rondan $3,313 millones, pero el presupuesto rondaría $3,980 millones.

De acuerdo con Rosario Cortés, los aumentos presupuestarios en diversas agencias responden al pago de las pensiones desde el Fondo General, aumentos en fondos federales y a proyectos de mejoras permanentes y estratégicos.

“No estamos aumentando el gasto operacional”, aseveró Rosario Cortés. “A cada agencia se le está aplicando el pago de pensiones que corresponde”, agregó.

El presupuesto recomendado, que comenzaría en julio, incluye unos $2,237 millones para el pago de pensiones, partida que constituye “el 100%” de esa obligación.

En el caso de la Oficina del Gobernador, explicó Rosario Cortés, el presupuesto muestra un alza de 182% porque ahora reflejará partidas que antes se cargaban a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, como el pago de la electricidad.

Asimismo, según Rosario Cortés, ahora se adscriben directamente a La Fortaleza proyectos claves en el plan fiscal como el programa de digitalización para facilitar la prestación de ciertos servicios.

“Necesitamos intensificar las gestiones en Washington para todos los fondos adicionales que vendrían para la recuperación”, agregó el abogado al justificar el aumento de 15% que tendría la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa).

Pero acto seguido, Rosario Cortés también aceptó que el presupuesto recomendado recibe un respiro por los fondos federales que recibirá Puerto Rico para salud y que ese impulso se agotaría al cabo de dos años. En síntesis, a partir de julio, todo el programa de Mi Salud será pagado con fondos federales.

“Por eso se necesitan las reformas”, dijo Rosario Cortés.


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