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Rafael Rodríguez Mercado. (GFR Media)

El Departamento de Salud negó hoy que haya malversación de fondos del Seguro Social en el Programa de Servicios para Personas con Discapacidad.

Los señalamientos sobre los fondos surgieron en una auditoría interna que realizó el Departamento de Salud y que se discutió ayer durante una vista en el tribunal federal, en Ponce, en relación con un caso que se remonta a una demanda del gobierno de Estados Unidos en 1999 por violaciones a los derechos civiles de los participantes del programa.

Pese a las expresiones manifestadas ayer en la vista, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, aseguró hoy en comunicado de prensa que “la auditoría hecha al Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSDI) no sugiere de manera alguna que se hayan malversado fondos”.

El funcionario aseguró que la auditoría se realizó por iniciativa suya para identificar posibles fallas en el Programa y tomar las debidas medidas correctivas.

Aunque los hallazgos de la auditoría no pueden ser revelados públicamente por órdenes del tribunal, se aseguró que los señalamientos responden mayormente a la falta de controles y supervisión en años anteriores.

Asimismo, indicó que el Departamento de Salud ya está actuando con el fin de corregir y evitar cualquier posible incumplimiento.

Durante la vista de ayer, el representante del Departamento de Justicia federal, Richard Farano, indicó “el informe señala unas irregularidades sobre la distribución y uso de fondos”.

La auditoría comprende el periodo de 2014 a 2018 sobre los fondos de uso discrecional de los participantes, que representa un 20% de lo que tienen derecho a usar en total.

“Con esta (auditoría) tengo algunas preocupaciones”, expresó Gelpí. “Por lo menos sabemos ahora que los fondos están ahí. En el pasado, nadie tenía idea donde estaban los fondos”.

“Son casi $5 millones que se pueden usar para beneficio de muchos de los participantes (del PSDI)”, agregó.

Farano dijo que estará atento a la radicación del informe de las medidas correctivas para mediados de enero, pero advirtió que alertará a las autoridades federales.

“Mi oficina no tiene ningún control de estos fondos del seguro Social, pero si conocemos de cualquier impropiedad en la distribución o el manejo… si es cierto, me corresponde a mí alertar a otras agencias federales”, mantuvo Farano.

Por su parte, la licenciada Itza Díaz, en representación de Salud, indicó que los señalamientos incluyen problemas con “la autenticación de reconciliaciones bancarias, la ausencia de controles en el área del Seguro Social, quetiene que asegurar la confidencialidad de los documentos y la apertura de cuentas de los participantes sin autorización”.

Díaz también señaló que Salud “está en el proceso de solicitar una reunión con la oficina del Seguro Social en Puerto Rico para discutir el uso de algunos fondos de participantes fallecidos”.

Mientras, el licenciado Alfredo Castellanos, representante de la oficina del monitor federal sobre el acuerdo de este caso, cuestionó la dilación  de varios meses en la divulgación de la auditoría, en particular, porque contenía unos plazos para las medidas correctivas que eran de interés para oficina que ya pasaron sin ninguna implementación.

Durante la vista, Castellanos también señaló que el Departamento de Salud tiene un 76% de incumplimiento con las disposiciones del acuerdo federal sobre el PSDI, pese a que han pasado 20 años desde que se firmó el acuerdo.

Por su parte, el secretario de Salud indicó, además, que el gobernador Ricardo Rosselló ha delegado tomar las acciones necesarias para identificar y corregir cualquier deficiencia que se haya cometido en el pasado con este Programa.

Sostuvo que han impulsado iniciativas y mejoras en distintas áreas del Programa, incluyendo acuerdos colaborativos con universidades para convertirse en centros de práctica en las áreas de terapia ocupacional, enfermería y psicología

También señaló que se lograron identificar fondos para ampliar los servicios y la matrícula del Centro Transicional de Servicio en Aibonito que por años estuvo incompleto, se reforzó el Comité de Mortalidad con un Neurólogo-Psiquiatra y se comenzaron los procesos para llevar a los participantes a Vida Independiente, donde disfrutan de su apartamento privado, entre otras medidas.


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