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Los ejecutivos municipales de Comerío, Coamo y San Germán reclamaron que no hubo diálogo antes de quitarles los contratos de administración (Teresa Canino Rivera)

A partir del próximo mes, 14 residenciales pasarán a ser administrados por entidades privadas luego de que la Administración de Vivienda Pública (AVP) optara por no renovar los contratos de ocho municipios bajo alegaciones de incumplimiento con regulaciones federales.

De esa manera se reduce dramáticamente la lista de complejos, en todo Puerto Rico, que permanecerán bajo tutela pública. Solo el Manuel Adames, en Camuy, quedará en manos de ese ayuntamiento, al cual la AVP le atribuye un 100% de productividad en el cobro de renta.

Los municipios a los que se no se les renovará el contrato son: Comerío, Cayey, Coamo, Guaynabo, Hormigueros, Sabana Grande, San Germán y Villalba, casi todos de alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).

En declaraciones escritas, el secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, fundamentó la determinación en la detección de “serias fallas” en la administración de los complejos por parte de estos municipios. 

“Han incumplido con los procedimientos y reglamentación de la agencia federal al fallar en el cobro de la renta, no cumplir con los programas de servicios al residente, realizar depósitos tardíos y no llevar a cabo las monitorías según es establecido”, explicó el funcionario.

De acuerdo con el secretario, los municipios señalados no cobran el 98% de la renta y no imponen cargos de mantenimientos cuando un residente hace mal uso de la unidad.

“Otras irregularidades o fallas que hemos encontrado consisten en la utilización de vehículos oficiales en actividades no autorizadas, incumplimiento con la programación de inspección de unidades y edificios, así como con los informes que documentan las solicitudes de servicios realizadas por los residentes. No han completado los planes de conservación de energía, ni los planes de mantenimiento preventivo; y tardan varios días en atender a los residentes o en completar los servicios que estos solicitan”, apuntó Gil Enseñat.

Según la portavoz del también titular de AVP, Leticia Jover, “los residenciales que estaban en manos de estos municipios se redistribuirán en los agentes administradores existentes”.

De inmediato, el alcalde de Comerío, Josian Santiago, tronó contra el titular de la AVP y afirmó que éste ni siquiera notificó previamente al municipio sobre las supuestas fallas para que fueran corregidas.

Santiago advirtió que, con dicha determinación, 14 personas en su municipio -casi todas del propio residencial Manuel Martorell- quedarán desempleadas.

“Nos preocupa porque nosotros trabajamos sin afán de lucro. Todo el dinero que recibimos de Vivienda Pública se invierte en el residencial, en servicios y mantenimiento”, dijo el alcalde.

A juicio del ejecutivo municipal, la movida de la AVP busca asestarles un golpe a alcaldes de la oposición. “La mayoría son alcaldes del PPD. Se les ve la costura”, opinó.

Por su parte, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, dijo, a través de su portavoz de prensa, Ángel M. Rivera Ortiz, que aguardará a que se produzca una reunión hoy con Gil Enseñat antes de reaccionar.


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