Un grupo de senadores discute una medida en el hemiciclo del Senado, al iniciarse ayer la nueva sesión legislativa. (semisquare-x3)
Un grupo de senadores discute una medida en el hemiciclo del Senado, al iniciarse ayer la nueva sesión legislativa. (Luis Alcalá del Olmo)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe invitar a los alcaldes a una mesa de diálogo para evaluar alternativas que permitan a los municipios seguir operando.

Ese fue el planteamiento del alcalde de Comerío, José A. Santiago, luego que el Senado aprobara ayer la medida para detener por dos años el pago de los municipios al Plan de Salud del Gobierno (PSG).

Sostuvo que el diálogo con la JSF es necesario “si queremos mantener la prestación de servicios públicos esenciales, pagar la deuda, generar desarrollo económico y volver al mercado de bonos”.

“Hay que ver qué se podría hacer, porque mientras menos aportación tengamos que dar más dinero tenemos para dar servicios a la gente. El alcalde es el funcionario público más cerca de la gente”, agregó el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez.

La medida -que pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes- fue una petición de los alcaldes al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para proveerles a los ayuntamientos un respiro ante la crisis fiscal que enfrentan, y que se agravó tras el paso del huracán María.

Según la pieza legislativa, que enmienda la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, los municipios no tendrán que efectuar la aportación para el PSG por los años fiscales 2018-2019 y 2019-2020.

En la exposición de motivos, se indica que la medida no tiene impacto fiscal sobre la Administración de Servicios de Salud (ASES) debido a que el gobierno recibirá una asignación federal de $4,800 millones que serán usados para financiar el sistema de salud en los próximos dos años fiscales.

Ese período -enfatizó el senador independiente José Vargas Vidot- “puede ser un tiempo valioso de estudio para ver cómo se establece un verdadero sistema de pago y un verdadero sistema de salud”.

Vargas Vidot opinó que este tiempo debe invertirse en generar un proyecto piloto para determinar a cuánto asciende el dinero adicional que se necesita para sostener la operación de salud de los municipios, así como para identificar los “monopolios de salud que siguen llenando sus bolsillos de una forma desconsiderada”.

Tienen que cumplir

De acuerdo con el informe de la Comisión de Hacienda, que favoreció la aprobación de la medida, de los $4,800 millones que serán destinados para el pago el PSG, $3,600 millones son a través de una asignación fija.

Sin embargo, para acceder a los restantes $1,200 millones del Disaster Relief Fund se deben cumplir con varias especificaciones. Entre esos requisitos, está completar una plataforma de recopilación y divulgación de datos (Tranformed Medicaid Statistical Information System), certificada por el secretario de Salud de Estados Unidos y tener una unidad de control de fraude al Medicaid.

“El gobierno de Puerto Rico se encuentra trabajando para completar ambos proyectos”, establece el informe de la Comisión.

El pasado 24 de julio, el gobernador Ricardo Rossello Nevares anunció la creación de una unidad para detectar posibles casos de fraude al Medicaid adscrita al Departamento de Justicia.

El Nuevo Día solicitó una reacción de La Fortaleza, pero al cierre de esta edición anoche no hubo respuesta.


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