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Los traslados, según la SAL y otras entidades, afectarán el proceso de rehabilitación de los confinados, el acceso a la justicia y el contacto familiar. (horizontal-x3)
Los traslados, según la SAL y otras entidades, afectarán el proceso de rehabilitación de los confinados, el acceso a la justicia y el contacto familiar. (GFR Media)

Con el inicio del proceso de orientación sobre el programa de traslado de confinados a cárceles en Estados Unidos, resurgen las reservas sobre la iniciativa que busca generar millonarios ahorros en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

El secretario Erik Rolón indicó que, durante la fase de orientación, 1,193 confinados han expresado interés en participar en el programa denominado “Out of State”.

“Se hizo la orientación general, y la cantidad de confinados que nos han expresado interés nos permite proceder con la fase de la inspección para luego adjudicar el proceso”, explicó el funcionario.

Sin embargo, a la licenciada Iris Yaritza Rosario, de la Sociedad para Asistencia Legal, le preocupa que, si no hay suficientes confinados interesados en salir del país de forma voluntaria, la administración provoque condiciones inseguras dentro de la institución para justificar el movimiento al exterior.

También le angustia que, si no se alcanzan las proyecciones, se proceda, entonces, con el traslado de la población indigente. “Nuestra posición siempre ha sido que no se pueden quebrantar los lazos familiares”, sostuvo Rosario.

Explicó que el Reglamento 7830, que adoptó el DCR el 25 de marzo de 2010, reconoce dos instancias para ejecutar los traslados: a solicitud del propio confinado o cuando exista una amenaza a la seguridad del reo, a otro miembro de la población correccional o hacia algún empleado de la agencia.

“Lo que me preocupa es que fuercen la inseguridad con un hacinamiento falso, porque como están cerrando instituciones y moviendo confinados... que construyan las circunstancias para poder hacer un traslado involuntario”, reiteró la abogada.

La orientación fue ofrecida en las 31 instituciones carcelarias y a los sobre 9,600 confinados bajo la custodia del Estado.

Además de los detalles sobre las cárceles donde serían reubicados, los confinados recibieron información sobre los ofrecimientos a los que tendrían acceso, como programas de estudios post-graduados, cursos vocacionales, servicios de salud y la oportunidad de aprender inglés como segundo idioma.

El folleto también incluye los criterios de evaluación, entre los que se incluye la voluntariedad, no tener casos pendientes ante los tribunales ni procedimientos disciplinarios en proceso.

Rolón aseguró que la afirmativa de un confinado a ser considerado para el programa no limita su derecho a revertir su determinación y permanecer en el país. “Se ha garantizado la integridad de la decisión. Nos hemos limitado a presentar la información que tenemos disponible, que es nuestra responsabilidad. El que otros 8,000 confinados expresaran no estar interesados denota que es algo voluntario”, afirmó.

“Yo sé que es una preocupación legítima, pero hemos garantizado la voluntariedad en todo momento”, reiteró Rolón.

Los traslados, según la SAL y otras entidades, afectarán el proceso de rehabilitación de los confinados, el acceso a la justicia y el contacto familiar.

El próximo paso

Rolón expresó que, en los días siguientes, enviará un equipo de la agencia para inspeccionar la institución a donde estarían siendo transferidos los confinados.

Inicialmente, el personal de la dependencia pública ofreció la orientación a base de las ofertas que estaban evaluando y que contemplaban el traslado de reos a dos instituciones: El Valle, en Texas, y Tallahatchie, en Misisipi.

No obstante, ambas opciones quedaron fuera de la ecuación, y ahora la agencia considera una propuesta que trasladaría a los confinados a la institución La Palma, en Arizona.

“Lo que estamos buscando es una sola institución, un operador que pueda tener cabida para una transferencia de 1,000 a 1,200 confinados”, dijo el funcionario.

Los cambios en la fase de evaluación, indicó Rolón, han retrasado el movimiento de los reclusos, que estaba pautado para iniciar este domingo. “Ya una vez se dé la fase de inspección, regresaría con un reporte. Quizás, en una semana se está tomando la decisión”, anticipó.

“Lo primordial es tomar la determinación final y proceder con los trámites administrativos... en cumplimiento con todas las fases, posiblemente comenzaríamos con el traslado a mediados o a finales de agosto”, señaló Rolón.

Milagros Rivera Watterson, del Comité de Amigos y Familiares del Confinado, reafirmó sus reservas. “Se supone que los movimientos sean voluntarios, y nosotros vamos a estar vigilantes. La única forma en que una institución pueda obligar a un confinado es cuando tú haces un traslado porque hay una razón de seguridad”, sostuvo.

Tanto Rivera Watterson como la SAL han presentado medidas que generarían ahorros al DCR, y supuestamente evitarían los traslados.


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