Los líderes sindicales advirtieron que la derogación de la pensión vitalicia podría crear una merma de casi 10,000 educadores. (horizontal-x3)
Los líderes sindicales advirtieron que la derogación de la pensión vitalicia podría crear una merma de casi 10,000 educadores. (Luis Alcalá del Olmo)

El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública emplazó hoy, jueves, al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a los presidentes legislativos a plasmar por escrito, a través de una resolución, que no aprobarán ninguna legislación que atente contra el sistema de pensiones vitalicias de todos los maestros activos.

El plan certificado por la Junta de Supervisión Fiscal establece que los maestros pasarían al sistema de aportaciones definidas, lo que elimina el derecho a una pensión de 75% luego de 30 años de servicio y con más de 50 años de edad.

“Hay silencio de parte de la Legislatura y el gobernador en cuanto al plan que establece que a los más de 25,000 maestros activos que están hoy en los salones de clases se les va a derogar su derecho. El mismo plan establece que un calendario para que la Legislatura apruebe, en o antes, del 30 de diciembre, una legislación que derogue ese derecho de los maestros que fue reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 2014”, expresó Emilio Nieves, presidente de UNETE, durante una conferencia de prensa frente a las escalinatas del lado norte del Capitolio.

Tanto el presidente la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Christian Sobrino, como la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, y el director ejecutivo del Sistema de Retiro para Maestros, Armando Rivera Díaz, han declarado que las pensiones de los maestros están garantizadas.

Sin embargo, los líderes magisteriales reclaman que no se ha hecho una expresión categórica en cuanto a los educadores que aún no se ha acogido al retiro.

“Es importante que pongan por escrito su palabra porque en el pasado nos ha fallado. No confiamos en ellos y nada mejor que demostrarle a todo el magisterio su compromiso con una resolución de que van de retar ese plan y no van a legislar al respecto”, declaró la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez.

Nieves destacó que los maestros no reciben seguro social por lo que dependen de su retiro para poder sobrevivir.

Por su parte, la presidenta de EDUCAMOS, Eva Ayala, advirtió que la derogación de la pensión vitalicia podría redundar en una merma de casi 10,000 educadores para el próximo año escolar.

“Tenemos miles de maestros activos llegando a las oficinas (del Sistema de Retiro) con el temor de que les quiten la pensión. Eso va a provocar un problemaen las escuelas de aquí a mayo. Las personas que tienen las características para acogerse sobrepasan los 8,000 maestros que se podrían ir para obtener la pensión vitalicia si el gobierno no hace nada al respecto”, detalló.

Según Ayala, de implementarse el plan fiscal, los maestros contarían con una pensión de entre $230 a $400 mensuales.

“Después de darle 30 años de servicio a Educación tenemos unos maestros que estarán bajo el nivel de pobreza. Sería una pensión de indigencia total sin plan médico, sin dinero para medicamentos, para pagar su vivienda, entre otras”, mencionó.

Durante la rueda de prensa también se encontraba presente Javier Córdova, de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), quien expresó que se encontraba apoyando al magisterio en solidaridad contra los “ataques fuertes de la Junta”.

“Lo mismo están haciendo con la Universidad de Puerto Rico, desmantelando los derechos adquiridos y los profesores universitarios y desmantelando nuestro de sistema de retiro también”, dijo Córdova.

Los líderes sindicales acudieron a la oficina del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, donde el entregaron la carta de emplazamiento al secretario de Asuntos Públicos del Senado, Osvaldo Soto.

Luego, llegaron hasta la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, donde fueron atendidos por la ayudante María Vega, quien expresó que está consciente de la inquietud que embarga a los educadores en cuanto a sus pensiones.

El Frente convocó a una manifestación el próximo 16 de enero frente al Tribunal Federal, cuando la jueza Laura Taylor Swain debe decidir si aprobará o no el acuerdo de reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“Nosotros vamos a convocar a todo el magisterio porque lo que va a ocurrir allí también incide en el pago de las pensiones de los que se van retirar y los que ya están jubilados.  A partir del 8 de enero vamos a iniciar toda una campaña que va a culminar en diversas movilizaciones y manifestaciones que anunciaremos en enero”, afirmó Nieves.

Mientras, Ayala indicó que han estado sosteniendo diversas reuniones con maestros alrededor de toda la isla para orientarlos sobre las implicaciones que tienes las recomendaciones de la Junta.


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