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Entre los primeros servicios públicos que el gobierno se propone convertir en alianzas público privadas participativas, se encuentra la transportación marítima. (horizontal-x3)
Entre los primeros servicios públicos que el gobierno se propone convertir en alianzas público privadas participativas, se encuentra la transportación marítima. (Archivo / GFR Media)

El gobierno se encamina a definir la viabilidad económica de al menos siete alianzas público privadas participativas (APPP) que ya han comenzado a tomar forma y que podrían ser una realidad en el próximo año fiscal, adelantó el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Omar Marrero.

El funcionario reveló que las primeras APPP que viabilizará el gobierno serán para el servicio de transporte marítimo, tanto en el área metropolitana como fuera; el cobro de multas de manera automática, la concesión de estacionamientos del gobierno, el reemplazo de contadores de agua por sistemas electrónicos, un proyecto de vida estudiantil, la concesión de puertos marítimos y contratos de aeropuertos regionales.

“Entendemos que esos siete son proyectos en los que debemos concentrarnos porque ya hay mucho trabajo recorrido. Pueden salir cinco primero y luego dos”, apuntó Marrero.

 Precisó que, de esos siete proyectos, los que pudiesen demorar un poco o estar listos para el año fiscal 2018 serán los puertos marítimos y los aeropuertos regionales, “pero comoquiera el estudio de viabilidad se va a adelantar”.

De una lista de 22 catalogados como “prioritarios”, el proyecto para pasar la administración de los ferries a manos privadas está bastante adelantado, porque cuenta con estudios que realizó la pasada administración, que ahora se están ampliando, indicó. 

Pero Marrero dijo que, pese a los estudios, esa APPP podría demorar más que la concesión de estacionamientos del gobierno a manos privadas. Explicó que el servicio de las lanchas recibe subsidio federal y, por ende, cualquier privatización requiere del aval de la Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés). De los $35 millones que cuesta el servicio de lanchas, cerca de $30 millones provienen de subsidios.

Marrero dijo que, igualmente, requiere de un análisis más detallado para establecer cómo darles prioridad a los residentes de Vieques y Culebra para el uso de las lanchas y que, a la misma vez, el negocio pueda reportar ganancias para el proponente. “Tenemos que buscar la manera de cómo hacer bancable (sic) esa operación. Pero es parte del análisis que estamos haciendo con nuestros abogados, porque no se puede hacer una discriminación en precios por la FTA haber dado dinero para la operación. No podemos discriminar en precio”, dijo. 

Destacó que, como parte del análisis para la viabilidad de esta transacción, contemplan rutas alternas a las existentes. Entre las opciones que consideran para que pueda resultar atractivo para un operador privado, se encuentra incluir, además de las actuales, una ruta más rápida que el proponente pueda ofrecer a los usuarios de las lanchas. Sin embargo, aclaró que todo esto se encuentra en una etapa inicial.

Sobre la concesión de estacionamientos del gobierno, Marrero indicó que no descartan vender estos espacios. El 63% de estos están en San Juan. “El estudio de viabilidad económica nos va a determinar si vamos a concesionar o monetizar completamente, es decir, vender, como lo hizo el Municipio de San Juan con el estacionamiento de Doña Fela. La Autoridad -con sus asesores- hace el estudio en coordinación con la agencia correspondiente (o con injerencia en el proyecto)”, precisó.

Marrero explicó que, en cuanto a los aeropuertos regionales, “el proceso es un poquito más complicado porque requiere la participación de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés). La semana pasada, cuando visité Washington, se mostraron abiertos a la posibilidad de apoyarnos”, dijo. 

“No es algo que nos preocupa, pero es algo de lo que tenemos que estar conscientes y ya comenzó en una etapa bien preliminar”, destacó el funcionario. El aeropuerto regional más adelantado en el proceso es el Rafael Hernández, en Aguadilla, y el modelo para esa privatización ya existe en el País luego que, bajo el gobierno de Luis Fortuño, se concediera la administración del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a la empresa Aerostar Airport Holdings por 40 años.

En cuanto al proyecto de vida estudiantil, explicó que se trata de residencias para estudiantes y/o médicos residentes de la Universidad de Puerto Rico, uno en el Recinto de Ciencias Médicas y otro para el de Mayagüez.

El proceso de análisis

Privatizar los carriles reversibles o carriles expreso con peajes dinámicos, proyectos de infraestructura para universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez y la concesión de autopistas están dentro de los 22 proyectos identificados por el gobierno como “prioritarios”. También figuran la extensión de la autopista PR-22, la planta de gas de Palo Seco, otra en Costa Sur, la optimización y reinversión en el sistema escolar y en el correccional, así como proyectos de energía renovable.

“Son los proyectos para los que vamos a comenzar la solicitud de propuestas. Ahora mismo, estamos en ese proceso: identificar cuáles son los más rápidos. ¿Cómo vamos a determinarlo?: (Considerando el) nivel de dificultad, cuánto trabajo requiere”, explicó Marrero. “Porque yo identifique un proyecto deseoso, no significa que se va a lanzar. Primero hay que ver el riesgo y que sea financieramente viable. Voy a escoger los que entiendo que deben ser lanzados en los próximos meses”, apuntó. 

El funcionario dijo comprender las preocupaciones que han mostrado grupos ciudadanos sobre este modelo de privatización, que temen que termine en contratos leoninos o poco beneficiosos para el pueblo. 

“Es una preocupación genuina... El Estado debe asegurarse que el contrato provee niveles de desempeño y que los controles tarifarios sean mediante contrato”, indicó.

Uno de los ejemplos principales de alianza público privada que conocen los puertorriqueños es el que mantienela empresa Metropistas con el gobierno. En ese caso, Metropistas, que administra la PR-22 y la PR-5, ha aumentado anualmente la tarifa de los peajes porque así se lo permite el contrato negociado también bajo la administración de Fortuño. 

En síntesis y, según explicó Marrero, el proceso para estudiar la viabilidad de una APPP comienza con la identificación del proyecto, le sigue el estudio de viabilidad, deseabilidad y conveniencia, la cualificación de proponentes, la solicitud de propuestas, el aviso público, el análisis de las distintas propuestas, la negociación del contrato una vez seleccionada la propuesta, la firma del contrato y la transición de la instalación pública al sector privado.

 El gobernador Ricardo Rosselló o su representante debe aprobar la APPP. Los contratos otorgados no deben ser por más de 50 años. 

La AAPP aprobó y publicó el Reglamento para la Licitación, Evaluación, Selección, Negociación y Adjudicación de Contratos de APPP, que establece un “comité de alianza” –solo con miembros del gobierno– que evaluará los proyectos. Ese ente también puede solicitar propuestas de proyectos a posibles proponentes. 

La Ley 1 del 2017 enmendó la Ley de Alianzas Público Privadas de 2009 y las denominó como las APPP. El cambio al estatuto permite que no solo el gobierno haga acercamientos a la empresa privada para delegar servicios, sino que el acercamiento puede ser a la inversa, lo que se conoce, según el reglamento, como “propuesta no solicitada”, e incluye al tercer sector. 

Según el plan fiscal de la administración Rosselló, las APPP son uno de los mecanismos principales para inyectarle nuevos fondos al erario. Esperan allegar $5,000 millones en un término de 10 años, según el plan fiscal. En la cumbre realizada en mayo pasado hubo 853 participantes interesados en las APPP.

El reglamento de la AAPP, igualmente, indica que solo se harán vistas públicas si esa dependencia “lo estimase necesario”. También establece que “la participación ciudadana en este proceso no le conferirá a ninguna persona legitimación activa ni carácter de ‘parte’ con derecho a impugnar judicial o administrativamente cualquier alianza propuesta”. 

Para procesar, revisar y evaluar las propuestas, cada proponente deberá pagar $5,000, que no son reembolsables ni negociables, lee el reglamento. 

Marrero rechazó que esto limite la participación ciudadana. “Al contrario, le estamos añadiendo una participación que no existía antes. Anteriormente, no había ningún mecanismo para someter comentarios. Lo que estamos permitiendo por primera vez es participación directa a través de comentarios, y en el informe se van a incluir esos comentarios”, dijo sobre el mecanismo para comentar las propuestas mediante correo electrónico.


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