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Gil Enseñat, no prevé demasiada injerencia de la Junta de Supervisión Fiscal en el DV. (Teresa Canino)

Tan pronto se le pregunta sobre su visión del Departamento de la Vivienda (DV) comienza a hablar de educación. No es por equivocación, sino porque, para el designado secretario de la agencia, Fernando Gil Enseñat, la promoción de programas educativos y de autogestión formará parte integral de su agenda de trabajo.

Su interés por el tema es a tal punto que, durante los primeros 30 días de su administración, se propone encauzar una iniciativa educativa enfocada en la niñez temprana (0-5 años), en colaboración con el Departamento de Educación (DE), el Departamento de la Familia (DF), entre otras entidades públicas.

“La autogestión, de la única forma que es posible, es a través de la educación, y parte de nuestro plan es la educación a edad temprana… Nuestro enfoque programático tiene que ser en cuestión de la educación y la autogestión, proveerles las herramientas necesarias a los residentes de vivienda pública para que puedan adquirir su hogar y salir de la vertiente de vivienda pública que por años han vivido”, manifestó el secretario designado en entrevista con El Nuevo Día.

Durante el cuatrienio pasado, Gil Enseñat se desempeñó por más de dos años como administrador asociado del área de adquisición y contratación de la Administración de Vivienda Pública (AVP). El designado entiende que los residenciales públicos deben ser complejos de vivienda transitoria, y que mientras el Gobierno suple esa necesidad, a sus residentes deben dárseles las herramientas para alcanzar la autosostenibilidad e independencia económica.

“Tenemos que ocuparnos de que ellos tengan las herramientas necesarias para salir adelante y obtener su propio hogar, profesiones técnicas, y todo está basado en educación porque la única forma que tienes de sacar un pueblo hacia adelante es a través de la educación”, apuntó el abogado de 39 años y natural de Mayagüez.

“Tiene que ser una medida transitoria, que no se perpetúe eso que los residentes están ahí por 50, 60 años, generacionalmente. Esa no es mi visión, es el mandato de HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal)”, abundó.

Como agencia del Ejecutivo, el DV está sujeto a las disposiciones de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), y por tanto, a los controles de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Al estar adscrita al DV, la AVP, que también estará en manos de Gil Enseñat el próximo cuatrienio, igualmente se regirá por la ley federal que rige la forma en que se manejarán las finanzas del Gobierno. La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) también figura entre las corporaciones públicas sujetas a ese estatuto.

Aunque reconoce las restricciones que la nueva normativa le impone, Gil Enseñat se mostró confiado en que esa situación no entorpecerá su labor. Argumentó que, al nutrirse de una cantidad significativa de fondos federales, tanto el DV como la AVP, ya están bajo el radar fiscalizador del gobierno estadounidense.

“Va a haber circunstancias en las que vamos a tener que pedir permiso a la Junta. Si hacemos algún tipo de plan criollo de créditos contributivos o ponemos en ejecución, obviamente eso se convierte en una deuda, y en ese sentido, tiene que ser aprobado por la Junta. Ahora, la mayoría de los fondos que reciben la AFV, la AVP y el DV son fondos federales. El monitoreo por parte de una agencia federal hacia esos tres departamentos es constante. La Junta ha expresado, en cuanto a programas en agencias que breguen todo el tiempo con fondos federales, que tienen más espacio porque ya son monitoreadas por ellos. Eso sería una redundancia”, sostuvo.

En una carta dirigida esta semana al gobernador saliente Alejandro García Padilla y al mandatario entrante Ricardo Rosselló Nevares, los siete miembros de la JSF delinearon la ruta que el Gobierno deberá seguir para paliar la crisis fiscal, económica y de deuda pública. Entre las “sugerencias” que hizo el nuevo ente federal, figura establecer Alianzas Público-Privadas (APP), ceder a operadores externos parte de la infraestructura del País y hacer recortes en las operaciones del aparato gubernamental.

En el marco del DV, ¿qué usted describiría como un servicio esencial que habría que proteger ante posibles recortes?, preguntó este medio.

“Lo que pasa es que ellos no pueden entrar en términos de los fondos federales porque ya nos están monitoreando… ‘Servicios esenciales’ es la unidad (de vivienda) que podemos proveer, la funcionalidad de la unidad, proveerles una unidad bajo el mandato de HUD que sea salubre, funcional. Si van a entrar en eso, ellos van a provocar una crisis económica. No creo que sea lo que quiere la Junta. Están supervisando fiscalmente, no están controlando fiscalmente”, opinó el designado.

“Entiendo que en cuanto al DV –y sé que en cuanto al DV– no va a haber ese roce de ‘si me quitas estos fondos o me das estos fondos’, porque constantemente estamos siendo monitoreados por el gobierno federal”, agregó.

Gil Enseñat dijo que durante la primera semana de su nominación se reunió con directivos de HUD en Puerto Rico, y que su intención es mantener las vías de comunicación abiertas sosteniendo reuniones semanales con los empleados de la agencia federal.

Cuando completó el juris doctor en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en 2003, Gil Enseñat se trasladó a Washington D.C. para hacer una maestría en Derecho Internacional Privado en American University Washington College of Law. En la capital federal, comenzó su práctica privada en la abogacía, y al regresar a la Isla a finales del 2009, comenzó a laborar en el Departamento de Justicia (DJ) en la oficina que maneja fondos federales, y poco después fue su incursión en la AVP.

“En esta coyuntura histórica, y ante el voto de confianza queme dio el doctor Ricardo Rosselló para ejecutar el Plan para Puerto Rico, en el área de vivienda, tanto mi experiencia en el DJ con fondos federales, mi experiencia en D.C. haciendo investigaciones internas de compañías en el área de corrupción y en la AVP, me capacitan para llevar esta encomienda, y estoy seguro y tengo el ánimo de hacerlo”, aseveró.

Alta demanda

De otra parte, indicó que en la Isla existen actualmente 53,000 unidades de vivienda pública, mientras que la lista de espera ronda los 27,000 solicitantes. Advirtió que ambas cifras provistas por la administración saliente deben ser revisadas para confirmar que estén actualizadas, pero anticipó que su meta sería aumentar a 55,000 la oferta de residencias disponibles.

Para cumplir ese objetivo, dijo que podrían valerse del desarrollo de proyectos mediante el modelo de APP, aunque aclaró que no necesariamente habría que construir o adquirir nuevas instalaciones para suplir la demanda existente. A modo de ejemplo, mencionó un programa federal que permite asignar fondos para la operación de un desarrollo privado donde se puedan ubicar participantes de vivienda pública.

“Las 2,000 unidades (que planifica añadir al inventario) no necesariamente tienen que ser por la adquisición o la construcción, existen esos programas que si veo este edificio que necesita un ‘reshaping’ (remodelación) y hay un desarrollador privado que lo puede hacer, que lo haga... y ellos lo hacen con el compromiso de Vivienda Pública de que le vamos a pagar por la operación… Sería como una APP porque se necesita el capital privado para hacer todo esto”, detalló.

Cuando fue designado a la secretaría del DV, Gil Enseñat mostró reparos con el nuevo modelo de vivienda pública que impulsa su predecesor, Alberto Lastra Power, en los predios donde se ubicaban los residenciales José Gautier Benítez, en Caguas, y Las Gladiolas y Puerta de Tierra, en San Juan.

Aclaró a El Nuevo Día que no objeta la propuesta que busca acercar estas comunidades a su entorno, y reunir en un mismo espacio a participantes del Programa Sección 8 de renta subsidiada, de vivienda pública y de renta privada, pero afirmó que no ha visto un estudio de mercado que demuestre su viabilidad.

De igual forma, indicó que tiene algunos cuestionamientos sobre la manera en que se adjudicaron los proyectos en desarrollo y del riesgo financiero asumido por la AVP, y que no ha podido aclarar algunas de sus dudas porque supuestamente el DV no le ha provisto toda la información y documentos solicitados durante la transición.

Durante las vistas públicas relacionadas con el cambio de Gobierno a las que compareció la jefatura del DV, trascendió que existe un déficit en el programa local de subsidio de arrendamiento y mejoras a vivienda para envejecientes. Según la información provista por la agencia durante la audiencia, ese proyecto, que obtiene recursos de la Lotería Tradicional y la Lotería Electrónica, cuenta con 4,200 participantes, y está recibiendo $12 millones, de los $18 millones que necesita para funcionar a máxima capacidad.

Gil Enseñat expresó preocupación por la situación, y dijo que tan pronto asuma las riendas del DV indagará si la insuficiencia de fondos responde a un problema para allegar ingresos o a malos manejos administrativos.

Atención a universitarios

El nuevo titular del DV enfatizó que la población de edad avanzada es de particular interés para él, pues reconoce que ese es uno de los segmentos donde actualmente hay mayor necesidad de vivienda asequible. No obstante, resaltó que también prestará especial atención a los estudiantes universitarios, pues según dijo, existe una gran cantidad de casos en que confrontan problemas para costear un techo, y ello provoca que abandonen sus estudios sin completar el grado.

Su intención es abrir las puertas del DV a los universitarios, y orientarlos sobre los programas de vivienda existentes.

“El problema es que, a raíz de la crisis económica, muchas familias o jóvenes que empezaron a estudiar no pueden pagar hospedaje… Vimos que existía la necesidad, y la única forma en que podemos hacerlo es si se emancipan. Al emanciparse, advienen en la edad legal, y se les da acceso a programas de vivienda como Sección 8 o vivienda pública”, enfatizó.

“Tenemos que enfocarnos en esas dos poblaciones (envejecientes y universitarios), sin abandonar la otra población que vive en vivienda pública”, puntualizó.


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