Seis organizaciones de trabajadores realizarán una manifestación mañana a las 10:00 a.m. (semisquare-x3)
Seis organizaciones de trabajadores realizarán una manifestación mañana a las 10:00 a.m. (Ramón “Tonito” Zayas)

El trabajador del sector público se enfrenta a un recorte promedio de $4,200 anuales en las aportaciones patronales a su plan médico como parte de las medidas de austeridad impulsadas en el plan fiscal del gobierno.

El estimado de la reducción a la familia trabajadora se calculó a partir de la mediana de la aportación patronal a los planes médicos de 105,000 empleados públicos, sin contar a maestros y policías. Los portavoces de seis organizaciones sindicales comunicaron ayer, en conferencia de prensa, que la aportación patronal varía entre $100 y $800 mensuales por empleado, según la agencia. 

Disminuir y uniformar las aportaciones patronales de todos los trabajadores públicos a $125 mensuales –conforme al plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)– equivaldría a un recorte global de aproximadamente $428 millones en servicios médicos, según cifras provistas por los dirigentes sindicales.  

“La salud de los trabajadores no puede entregarse a costa de pagar a los bonistas la deuda de Puerto Rico. Por eso, hacemos un llamado a que detengan esta atrocidad”, denunció Gersón Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Junto a él se expresaron dirigentes de la Coordinadora Sindical, la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico.

Se supone que los trabajadores que padecen de enfermedades crónicas o catastróficas mantendrán su aportación patronal inalterada, según la Ley 26 de 2017.

El cambio a los beneficios del plan médico sería el recorte más reciente de una serie de medidas impulsadas mediante la Ley 26, incluyendo el bono de Navidad, el pago de las horas extras y la liquidación de días por enfermedad y vacaciones. En su exposición de motivos, la administración de Ricardo Rosselló Nevares resaltó su interés de atenuar la disparidad en beneficios marginales entre los empleados de las corporaciones públicas ($10,840 por empleado) y el gobierno central ($2,523 por empleado).

De hecho, si solamente se toma en consideración el recorte a los empleados del gobierno central, la baja sería de $28 millones, según los números de la JSF.

Los representantes  sindicales indicaron  que el recorte a su plan médico conllevará una “reducción automática a su salario”, pues el trabajador tendrá que sufragar la diferencia de su bolsillo si desea mantener la misma cobertura médica. 

El economista Heriberto Martínez aseveró que si los trabajadores deciden aumentar su aportación individual al plan médico para subsanar el golpe a los servicios de salud,  habrá un impacto colateral  en el producto bruto de Puerto Rico.

Piden negociación

El grupo sindical propone que, en lugar de reducir unilateralmente la aportación a todos por igual, cada patrono  debería abrir sus libros y negociar con las uniones conforme a su situación financiera, comunicó el portavoz de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Francisco Reyes.

Entretanto, el gobierno  aplazó mediante una orden administrativa de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) la entrada en vigor de este recorte para el 1 de abril de 2019, pues estaba pautado inicialmente para enero.

La Administración de Seguros de Salud (ASES) inició un proceso de solicitud de propuestas para contratar a un administrador privado para la cubierta médico hospitalaria centralizada para los empleados de gobierno.

Algunas de las uniones obreras, que participan en la mesa de negociación, recomendaron la creación del ente “Pro Salud de los Trabajadores”, una organización sin fines de lucro formada por los sindicatos para negociar y cotizar con las aseguradoras los planes médicos para sus miembros. La Aafaf acogió esa propuesta mediante la orden administrativa 2018-12.  

De todos modos, el portavoz de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, Juan Cortés Valle,  interpretó esta medida  como una violación de los convenios colectivos, varios de los cuales están vigentes hasta 2021. Algunos sindicatos como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (Utier) y la Unión de Empleados de la Corporación del Fondodel Seguro del Estado han impugnado la constitucionalidad de la Ley federal Promesa por esta razón. 

Por otro lado, la presidenta de la Heend, Jannell Santana Andino, cuestionó que en el caso de la UPR, la administración  proponga aportaciones diferentes para cada grupo  trabajador.  

“Aquí lo que se ve es una división de clase entre la docencia y la no docencia, cuando existe una relación simbiótica”, expresó. Para los no docentes, se propone una aportación patronal que es  tres veces más baja que la que recibirán los docentes.


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