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Los 28 proyectos son atendidos por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. (GFR Media)

La propuesta del representante novoprogresista José Aponte Hernández de derogar la colegiación compulsoria en 32 profesiones pone en riesgo la fiscalización de miles de millones de dólares de fondos federales que recibirá Puerto Rico para la reconstrucción post-María.

Por eso, Diana Luna Serbiá y Pablo Vázquez, presidentes del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAPPR) y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores CIAPR, respectivamente, advirtieron que la propuesta legislativa no puede llegar en peor momento.

“La libre asociación promovida a través del proyecto de ley puede provocar una estampida de firmas llegando a la isla para ejercer trabajos sin que exista un organismo ágil que fiscalice un fiel cumplimiento de los cánones de ética y que responsabilice a esos profesionales por los trabajos realizados”, dijo Luna Serbiá.

Recalcó, al igual que Vázquez, en la necesidad de que ambas organizaciones retengan la capacidad de fiscalizar y recibir querellas contra estos profesionales, capacidad que sería anulada de derogarse la colegiación compulsoria, argumentaron.

Los colegios son creados por ley y, por ende, pueden ser eliminados o sus facultades limitadas por conducto legislativo y la anuencia del gobernador.

Luna Serbiá y Vázquez insistieron, al igual que otros presidentes de colegios entrevistados por El Nuevo Día, que la colegiación compulsoria es una herramienta que busca garantizar las buenas prácticas y la ética que deben seguir estos profesionales, ante la alegada incapacidad de las juntas examinadoras -en el gobierno- para hacer se trabajo.

“Nadie puede decir cuántos se van a quedar (pagando voluntariamente), pero tan pronto dices que algo no es obligatorio, no lo vas a pagar y mucha gente no entiende la cantidad de servicios que reciben porque pagan la cuota”, expresó Vázquez.

"Un punto de partida”

Del otro lado de la moneda está el representante Aponte Hernández, a quien se le han unido 13 correligionarios como coautores de los proyectos de ley que derogarían la colegiación compulsoria en otras profesiones.

Aponte Hernández también es autor del Proyecto de la Cámara 45, que busca abolir la colegiación compulsoria de los miembros del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices. La controversia jurídica de este colegio también se disputa en el Tribunal Supremo.

Los 28 proyectos son atendidos por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

Aponte Hernández dijo que su “punto de partida” al radicar las medidas es el “aspecto constitucional de la libre asociación”.

“Estamos discutiendo o evaluando qué es lo que más le conviene al Estado, desde el punto de vista de garantizar un derecho constitucional y el servicio público”, dijo el también expresidente cameral.

Aponte Hernández coincidió con los críticos de sus medidas en cuanto a la debilidad de las juntas examinadoras al momento de fiscalizar a las diferentes profesiones. “Tienen que ponerse las pilas”, expresó.

Las juntas examinadoras están adscritas al Departamento de Estado, que favorece las medidas; al Departamento de Salud, que no se ha expresado sobre los proyectos; y al Departamento de Hacienda, que solo supervisa el Colegio de Productores de Espectáculos.

El secretario auxiliar de Estado, Eduardo Arosemena, admitió en una vista pública que como único estas juntas podrían heredar las funciones de estos colegios sería recibiendo una asignación considerable de fondos adicionales.

En el caso del Departamento de Asuntos del Consumidor, el secretario Michael Pierluisi advirtió que el trabajo de los colegios beneficia a los consumidores y que no todos deben tratarse de igual manera al momento de considerar la necesidad de que su colegiación sea obligatoria o no.

Pierluisi añadió que el trabajo de las juntas examinadoras “no es suficiente para supervisar adecuadamente una profesión completa”, y que la colegiación voluntaria podría debilitar a los colegios, afectando su rol como “supervisor de la profesión”.

Costosa la eliminación

Según cálculos del Colegio de Agrónomos, el costo anual que asumiría el Departamento de Estado para que las juntas que agrupa brinden los mismos servicios de los colegios ascendería a $14 millones, como mínimo.

La junta que regula a los agrónomos, que son 816 colegiados que pagan una cuota anual de $125, se reúne en la sede del colegio ya que no cuenta con espacio en el Departamento de Estado.

También, existe la preocupación entre los directivos de los colegios de que el pago por los cursos de educación continuada que gestionan a su matrícula, y que consiguen a precio de descuento gracias al pago de las cuotas, se encarecería en la medida en que se elimine la colegiación compulsoria. Igualmente, apuntan a cómo el pago de la cuota permite que estos organismos asistan al gobierno y a la Legislatura en investigaciones y en la evaluación de proyectos.

Vázquez, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, argumentó que se avecina una avalancha de ingenieros extranjeros que podrán ejercer en la isla gracias al concepto de reciprocidad de licencias, y solo el CIAPR puede fiscalizar el trabajo que hagan y recibir querellas por sus actuaciones.

“¿Quién va a vigilar por ese montón de gente? La junta solo va a velar que la compañía se instaló, pero no va a la calle y no les llegan las confidencias”, expresó Vázquez.

Luna Serbiá argumentó que, al abolir la colegiación compulsoria, igualmente se elimina la facultad que tiene su colegio de recibir querellas contra arquitectos y arquitectos paisajistas, que luego pasan a la junta examinadora.

“El Colegio no quiere limitar que vengan arquitectos, pero nosotros garantizamos cómo van a certificar los trabajos y cómo se van a comportar esos profesionales. Ese filtro se elimina”, sostuvo Luna Serbiá.

Para Mabel López Ortiz, vicepresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la junta examinadora no tiene la capacidad para velar por la profesión, y aún con recursos y dinero, no tendría la capacidad de regular el ejercicio ético de su grupo de profesionales.

La Junta Examinadora de Trabajadores Sociales tiene siete sillas y de cuatro integrantes, a dos se les venció el nombramiento.

López Ortiz argumentó que cualquiera que interese entrar al campo del trabajo social sabe que tiene que estar colegiado y tener una licencia. Dijo que eliminar la colegiación compulsoria abre las puertas a la politización a través de las juntas, cuyos integrantes son nominados por el gobernador y confirmados por la Asamblea Legislativa.

Para Milagros Morales, directora ejecutiva del Colegio de Farmacéuticos, la colegiación es el “mecanismo más accesible al ciudadano para fiscalizar el cumplimiento de los cánones de la profesión”.

Según Morales, la junta que los regula tiene dos inspectores para cubrir toda la isla y no tiene un poder de fiscalización real, limitando su rol a otorgar licencias y certificaciones.

El colegio que dirige, con matrícula de 3,200 que pagan una cuota de $144, recibe querellas contra farmacéuticos.

Mientras, el Colegio de Tecnólogos Médicos cuenta con una matrícula de 4,000 tecnólogos, que pagan una cuota anual de $40. Con este pago garantizan sus cursos de educación continuada y desde el propio Colegio se atienden querellas que se canalizan, de existir fundamento, con la junta examinadora.

“La junta no puede dar servicio a la comunidad, que es nuestro mayor baluarte. Recibimos llamadas de pacientes, los orientamos sobre cómo preparare para someterse a las pruebas y contestamos preguntas sobre epidemias y salud en general y, lo más importante, organizamos clínicas de salud todo el año, señaló Agnes Rodríguez, presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos.

Rodríguez calculó que este año han organizado 336 clínicas de salud y sobre 100 fueron solicitadas por agencias de gobierno.

Hay disidencia

El director ejecutivo de la Junta de Farmacia de Puerto Rico, Agustín González Rivera, quiere que se derogue el carácter compulsorio de la colegiación para estos profesionales.

En entrevista con El Nuevo Día, recaló que quien tiene la facultad de regular la profesión de manera exclusiva es la junta que dirige.

“Se debe derogar totalmente la colegiación compulsoria. El colegio no ejerce una función pública. Básicamente, es una asociación, no está inscrita. Cuando se creó en 1938, era una asociación y se cambió el nombre por colegio, pero opera como un club social”, expresó.

Según González Rivera, la directiva del Colegio no explica para qué usa el dinero de las cuotas, y señaló que hay 310 farmacéuticos expuestos a perder sus licencias porque el Colegio le ha pedido a la junta que se las revoque por no pagar la cuota.

Dijo que, si la junta accediera, crearía un descalabro en la profesión.

“Es imposible que el ente que tiene la facultad de revocar u otorgar una licencia esté supeditado a un colegio que le quiere quitar la licencia porque no le quieren pagar el dinero, y cuando les preguntas para qué quieren el dinero, no saben”, aseguró.

Jurisprudencia

En el 2009, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que para eliminar la colegiación compulsoria de los abogados y abogadas.

Dos años más tarde, en una resolución emitida por el Tribunal Supremo se determinó que la colegiación compulsoria de una clase profesional “crea una fricción inevitable con la libertad de asociación de los afectados”, un derecho fundamental consagrado en la Constitución.

En el 2014, la Asamblea Legislativa intentó restituir el carácter obligatorio de la colegiación de los abogados y abogadas, pero en una opinión del alto foro, la ley fue declarada inconstitucional y se dictaminó que el Estado solo puede limitar el derecho a no asociarse, o en otras palabras proteger la colegiación compulsoria, si demuestra “un interés apremiante que la hace necesaria”.


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