La sicóloga reconoce la importancia de atender la salud reproductiva de las mujeres.

La región de las Américas es una de las zonas a nivel mundial en las que más restricciones existen sobre los abortos. En El Salvador, la terminación de embarazos está prohibida totalmente, así como en Nicaragua, Ecuador y República Dominicana.

¿El saldo?

Altas tasas de mortalidad materno infantil, un marcado discrimen hacia los servicios de salud que reciben las mujeres pobres y hasta mujeres encarceladas, acusadas de haberse realizado un aborto mientras ellas sostienen que fue una pérdida natural del embarazo, relataron funcionarias de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés) y del Planned Parenthood Action Fund.

Ante ese escenario, la directora de la región de las Américas de la IPPF, Giselle Carino, expresó que se oponen al proyecto del Senado 950, de la autoría de la senadora Nayda Venegas Brown, que limitaría el aborto en Puerto Rico.

La catedrática de Derecho Esther Vicente, miembro de la junta de directores de la IPPF y de ProFamilias, cuestionó la necesidad de imponer restricciones en la isla sobre las clínicas y los médicos que practican terminaciones de aborto, pues no existen estadísticas que sustenten que es peligroso.

Aquí no hay un problema con el tema de la terminación de embarazos, no ha habido muertes, no ha habido enfermedades que las mujeres pueden haber sufrido en las clínicas. Entonces, ¿por qué legislar?”, sostuvo Vicente, quien fue la portavoz de ProFamilias en la vista pública celebrada el mes pasado en torno al proyecto de ley.

La sicóloga Luz Towns-Miranda, quien forma parte de la junta de directores del Planned Parenthood Action Fund, destacó que en Estados Unidos ya se está reportando, “poco a poco”, un aumento en las muertes de embarazadas en los estados en los que se han impuesto mayores restricciones a la terminación de embarazos.

“Esa penalización es perversa porque no hace que el aborto desaparezca, sino que lo vuelve inseguro”, sostuvo Carino.

Con la confirmación del juez Brett Kavanaugh como juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, existe temor que en el futuro se modifique la jurisprudencia que se estableció por primera vez, en 1973, con el caso Roe versus Wade. En este caso, el Supremo concluyó que las leyes restrictivas sobre el aborto violaban el derecho constitucional a la intimidad.

“Se supone que las mujeres tengan poder sobre su cuerpo. Vamos a seguir luchando por ese derecho, batallando a los que quieran quitar Roe v. Wade”, expresó Towns-Miranda, al destacar que además están apoyando a candidatos progresistas y alineados con los derechos de las mujeres de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Carino y Towns-Miranda encabezaron una delegación de miembros de la IPPF que llegó esta semana a Puerto Rico para ver de primera mano la recuperación de las dos clínicas y los seis centros de información y planificación familiar de ProFamilias.

Tras el paso del huracán María, los servicios que ofrece ProFamilias en sus edificios se vieron interrumpidos durante meses. Aun así, el personal se unió a otras organizaciones sin fines de lucro para visitar refugios y comunidades, hasta las que llevaron campañas educativas y distribuyeron condones, entre otros servicios, relató Vicente.

Las terminaciones de embarazos apenas representan el 2% de todos los servicios que ofrece ProFamilias en la isla, detalló Vicente. La mayor parte de sus esfuerzos van dirigidos a proveer servicios ginecológicos, anticonceptivos, cernimientos, detección de infecciones de transmisión sexual y servicios educativos.

“Poner la salud sexual y reproductiva en el centro de la escena es fundamental porque nuestras mujeres son centrales en los procesos de recuperación”, expresó Carino.


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