Erik Rolón dialogó con EL Nuevo Día sobre su visión para la agencia que dirige

Fue repartidor de periódicos. Lavaba carros. Ayudaba a su mamá en su tienda de regalos. Cortaba grama. Y mientras hacía sándwiches y atendía gente en panaderías, estudiaba en la universidad.

Se hizo abogado y llegó a ser juez municipal y superior.

Mide 5’5”, pesa 168 libras y tiene 36 años. Sobre su figura menuda carga el complejo y pesado sistema penal del país: 29 cárceles, 9,500 presos y 8,000 convictos en programas de desvío.

Fiel creyente de la rehabilitación, el titular de Corrección, Erik Rolón, lucha contra décadas de anquilosamiento e intenta revolucionar la mirada hacia los reos.

“Mi norte ha sido rehabilitar con las necesidades que enfrentamos”, afirmó a El Nuevo Día.

¿Qué vio como juez que lo ayudara a moldear su visión?

—Muchos delitos se cometen por la falta de información y por el entorno social. Vi un caso de una persona que hizo un robo a mano armada de un vehículo y secuestró a una persona, de pueblo a pueblo, y la razón era que no quería ir preso por pensión alimenticia, un delito menos grave.

¿Falta de información?

—Exacto. Tuve otro de un joven de 20 años que hizo un robo a mano armada a un carrito de hot dogs porque su novia cumplía años y no tenía dinero para un regalo. Presión por consumismo.

¿Qué caso judicial lo marcó?

—El de un muchacho que estaba bajo la custodia del Departamento de la Familia, desde los 13 años, y no sabía porqué. Nunca le explicaron. A los 20 años, decidió irrumpir en la oficina para sacar su expediente y ver porqué estaba allí. Fue un caso que me marcó.

Dentro del sistema penal, ¿qué ha sido lo más retador?

—Enfrentar oposición al cambio.

¿Qué tuvo más oposición?

—Todos los cambios sobre la integración familiar.

¿Resistencia de quiénes?

—De un sector de la sociedad y de guardias penales.

¿Qué específicamente?

—Cosas como que aquellos confinados que así se lo merezcan y esté ocurriendo un evento importante en su familia, matrimonios, graduaciones, se les permita ir y participar. Es un privilegio.

¿Qué crítica generó eso?

—De la sociedad, (que cuestiona) por qué se les permite, si están restringidos de la libertad. De los oficiales, que lo ven como más trabajo.

¿A qué más hubo resistencia?

—A usar una (camisa) polo y un mahón para que su hijo no tenga que verlo en uniforme de preso. (A que puedan ir a) los parques infantiles para jugar con sus hijos. Son cosas que no afectan la seguridad, pero sí abonan a que ese confinado tenga el anhelo de rehabilitarse.

El nivel de reincidencia en delitos ronda el 70% y de reinserción al sistema penal, un 11%.

En prisión se consumen y se venden sustancias ilícitas, y hasta se manejan puntos de drogas de las calles desde adentro, ¿cuán grave es?

—Hay problemas de contrabando, es una realidad. A diario, movemos la Unidad K-9, la oficialidad hace hallazgos. Tenemos un personal comprometido, pero hay situaciones más complejas.

¿Como cuáles?

—Cuando tenemos personal que es parte del problema.

¿Ha identificado oficiales que son parte del contrabando?

—No solo oficiales, cualquier persona con acceso al sistema puede caer. Incluye personal civil, contratistas... Dentro del problema complejo, lo hemos trabajado.

¿Cuántos oficiales de custodia ha procesado?

—De enero a diciembre de 2017, 412 empleados de Corrección recibieron medidas disciplinarias. Al final del día son atrapados.

¿Qué hará para combatir ese contrabando y la corrupción?

—Hay una tecnología que vamos a estar instalando, que permite el bloqueo de señales de celulares en las cárceles y captura el contenido de llamadas y de textos que se reciben. Eso nos sirve como otra herramienta para dar con este personal que no está haciendo bien las cosas. Vamos a adquirir scanners para todo el que entre a un penal. Son costosas, pero ya hemos hecho los ajustes.

¿La mayoría del contrabando interno es drogas y celulares?

—Sí, y armas blancas.

¿Cuántos celulares, drogas y armas blancas han incautado?

—Te puedo decir que en el año fiscal 2017-2018, de julio a junio, se hicieron 535 incautaciones de drogas, celulares y otras sustancias.

¿Cuál es la incautación más extraña que haya visto?

—Un martillo y fue en El Zarzal, en Río Grande. Hace semanas se hizo un registro allí y se ocupó bastante contrabando. Esa institución, hoy, debe estar limpia.

¿Cuántos puntos de drogas se controlan desde las cárceles?

—Podemos hablar de dos grupos y están identificados. Hay una complejidad dentro del sistema.

¿Es un sistema corrupto?

—No diría que es corrupto, sí hay unos que son los que generan la percepción del grupo que no es la correcta. Hay 4,200 oficiales comprometidos y dos o tres que no lo son.

¿Cómo es su comunicación con organizaciones como los Ñeta?

—Se citaron los alegados grupos para validar a qué intereses respondían. Solo dos nos pudieron responder: los Ñeta y los 27. Ambos luchan por las condiciones y que se garanticen sus derechos.

Desde que Rolón asumió su cargo, ha cerrado seis prisiones. Eso, según el titular, representó ahorros y una redistribución del personal para engrosar las plantillas en cada penal.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) redujo$7 millones en Salud Correccional y $13 millones en el presupuesto general, del que se usa un 80% para nómina y un 5% para comida. Sobra un 15% para el resto de materiales y equipo.

“Lo hemos manejado”, insistió.

¿De dónde saca fondos para comprar la tecnología nueva?

—Cuando llegamos firmamos un acuerdo con una institución federal y estamos cobrando por tener confinados federales aquí. Eso nos ha dejado buenos ingresos. Tenemos 200 y son sumariados.

¿No es contradictorio que traiga presos federales y busque enviar 3,500 de aquí para allá?

—No, son cosas distintas. No pierdo cogiendo 100 espacios vacíos que tengo, que por años no se han usado, y cobrar por ello.

¿Cuánto cobra?

—Un per diem de $110 diarios por cada confinado. Entre comida y papeleo, el gasto no llega a un 10%, así que $95 son ganancias.

Al día de hoy, ¿cómo es la acogida del traslado a Misisipi?

—En la orientación de junio, 1,197 expresaron su interés. Al adjudicarse el contrato con Tallahatchie County Correctional Facility, 600 volvieron a decir que sí. No se ha firmado porque la JSF no lo ha aprobado. Aún esperamos.

¿Cuánto le cuesta un preso aquí y cuánto en Misisipi?

—El per diem de un confinado en el sistema es entre $109 a $115. En Misisipi nos va a costar $60.

¿Si es un ahorro, por qué habría problemas con la JSF?

—Mi experiencia es que la JSF no necesariamente toma sus decisiones basado en si hay o no ahorros. Todo lo que hacemos frente a la JSF se ha tornado en algo más político.

¿El programa está en pausa?

—Sí. Ya hubo una experiencia, una enmienda al contrato de servicios médicos, el cual representa el mayor ahorro en los 15 años de ese contrato, que fue denegada.

¿Qué le dijo eso de la JSF?

—En aquel momento, que era una decisión arbitraria.

¿Qué reos son aptos para el traslado: de máxima o mínima supervisión?

—Lo dirigimos a ese confinado que es de custodia mínima y que le quedaba menos de cinco años de sentencia. Queríamos darle una herramienta poderosa de rehabilitación. No significa que es solo para ellos porque es voluntario.

Si van de mínima custodia, mezclarlos con los de máxima allá sería contraproducente, ¿cómo se evitará esto?

—En el contrato se especificó que mi población no puede estar mezclada con otra.

¿Como en un módulo aparte?

—Mi población la quiero aparte.

Una vez aparte, ¿cómo dividirán a los de mínima y máxima supervisión?

—Me tienen que garantizar que los de máxima (supervisión) estarán con los de máxima (supervisión).

¿Qué le da Misisipi a esta población que no se le da aquí?

—En el sistema aquí, tenemos 23 programas de rehabilitación y estamos abriendo más, pero no tengo la capacidad para que si todos quieren trabajar lo puedan hacer. Se les ofrecen tres programas vocacionales: plomería, electricidad y ebanistería. Es lo acordado.

Si alguno se arrepiente, ¿puede regresar?

—Sí, se establece un tiempo de por lo menos seis meses.

¿Cómo puede ser mejor rehabilitarse lejos de su familia, su país y su entorno?

—Hemos implantado iniciativas de índole familiar que no se habían hecho. Al diseñar esta herramienta, lo hicimos salvaguardando lo que es familia. Van a tener los medios para comunicarse. La clave es que es voluntario.

¿Qué lo frustra más?

—Podemos implantar muchas iniciativas e invertir, pero si la persona que necesita la ayuda no quiere recibirla, no hacemos nada. Esa es mi mayor frustración, y también, a veces ver cómo un oficial o empleado de Corrección se desvía para lucrarse personalmente.

¿Qué le queda por hacer?

—Atender la queja clásica de las comidas. Mejorar la seguridad con tecnologías que vienen.

¿Cree que ha logrado su objetivo de la rehabilitación?

—Hemos logrado diseñar las herramientas. Ahora falta implantarlas para ver los resultados.

¿Cuáles herramientas?

—Creamos una residencia alterna, de 30 a 40 confinados en unos miniapartamentos y los que se escojan es porque están estudiando bachillerato o van a trabajar en la empresa que crearemos de recogido de desperdicios sólidos. También, (los que se forman en) talleres de mecánica y los que estudien podrán practicar con la flota del gobierno, con lo que vamos a poder repararlos a un menor costo. Vamos a capacitar un sinnúmero de confinados en construcción para formar parte de la reconstrucción del país.

¿Cuántos capacitarán?

—Aunque tenemos los fondos, la JSF los tiene secuestrados, a pesar de que hemos generado ingresos propios. Como el año fiscal pasado no se usaron, la JSF dijo: “Este año no los vas a usar”. Es como decir: “Tengo que esperar que la JSF decida sobre el fruto de mi trabajo”.


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