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La polémica de los helicópteros gira en torno al transporte de civiles, incluidos empleados de La Fortaleza, en una nave de la Uniformada, sin aval federal. (Ramón “Tonito” Zayas)

La investigación por el transporte de civiles en helicópteros de la Policía sin autorización federal ha escalado al punto que un alto oficial del gobierno estadounidense llegará a Puerto Rico la próxima semana para ampliar la pesquisa.

Según fuentes de El Nuevo Día, uno de los dos oficiales que viajará a la isla para trabajar con la investigación es un agente especial a cargo en la Oficina del Inspector General del Departamento de Transportación de Estados Unidos (OIG-DOT, por sus siglas en inglés). No se especificó qué gestión realizará.

La OIG-DOT encabeza la investigación en la actualidad, pero es la tercera agencia federal en atender las alegaciones sobre el transporte de civiles en helicópteros de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) en contravención de regulaciones federales.

Este diario supo que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) fue la primera agencia federal que examinó el asunto en Puerto Rico y refirió el análisis a la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

Posteriormente, la FAA pasó la investigación al inspector general del DOT, que es su agencia sombrilla.

Al solicitar una reacción a la FAA, su portavoz regional, Kathleen Bergen, contestó a este diario: “Por favor, contacte al DOT, Oficina del Inspector General”. Esa otra oficina, por su parte, indicó que no podía negar ni confirmar la pesquisa.

La polémica de los helicópteros gira en torno al transporte de civiles, incluyendo empleados de La Fortaleza,  en una nave de la Uniformada, para lo que no existía autorización de la FAA.

Mientras, una investigación del programa televisivo “Jay y sus Rayos X” encontró que, al menos ocho veces, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares utilizó un helicóptero de FURA para asuntos no oficiales, y que bitácoras reflejan que se llegaron a hacer viajes por órdenes superiores.

El secretario  de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, contestó ayer en la negativa cuando se le preguntó si conocía en qué punto estaba la investigación federal, e insistió en que ordenó detener esos viajes cuando conoció las objeciones de los pilotos preocupados por perder sus licencias.

No obstante, cuestionó el momento en que surgen las denuncias, pues dijo que los viajes ocurrían desde la administración pasada. 

La excusa de que los presionaron (a los pilotos) no es razón para volarlos si sabían que no podían volarlos. El capitán es el dueño de la nave. Si dice que no vuela, no vuela”, argumentó.

Atribuyó el problema a la forma en que los helicópteros fueron registrados en 2014. “Desde esos comienzos, esos mismos helicópteros están volando con civiles exactamente bajo las mismas circunstancias que levantaron la bandera ahora. ¿Por qué ahora? No sé tampoco”, insistió Pesquera.

Sobre tres de los helicópteros, reveló que se negó a firmar sus órdenes de compra justo antes de salir como superintendente de la Policía en noviembre de 2013.  Pero evitó responder porqué no los firmó. “No voy a entrar en eso”, se limitó a decir.

Pesquera también puso en duda la versión del exsuperintendente José Caldero, quien dijo recientemente que, tras una autorización de la FAA, firmó en el 2015 una orden para que el gobernador pudiera viajar acompañado de su familia inmediata y funcionarios en gestiones oficiales, pero que esa directriz no aplica a un helicóptero que fue transferido del Departamento de Salud a la Policía durante esta administración.

¿Y dónde está? Si fuese así, en esa orden general, diría que ‘como consecuencia de la FAA…’, pero no dice eso. Dice que ‘si yo lo apruebo, lo puede usar cualquier persona para cualquier propósito’. Está en su orden”, puntualizó Pesquera.


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