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Héctor Torres Calderón. (GFR Media)

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) solicitó la imposición de una multa de hasta $40,000 contra el exdirector del Negociado del Sistemas de Emergencias 9-1-1, Héctor Torres Calderón, por supuestamente solicitar un beneficio ilegal a sus empleados de confianza.

Según la querella presentada el 18 de enero, Torres Calderón convocó -el 15 de noviembre de 2017- a sus empleados de confianza a una panadería en la carretera PR-1, para pedir que le aportaran el dinero para hacer un reembolso al negociado que le había ordenado la OEG.

La directora de la OEG, Zulma Rosario Vega, le había ordenado a Torres Calderón devolver $5,959 de su propio peculio por haber nombrado ilegalmente como telecomunicadora a la hija de la administradora de la Junta de Gobierno del Negociado.

Rosario Vega dijo que se decretó nulo el contrato y se le pidió a Torres Calderón devolver el dinero, luego de que se percataron que se contrató a la empleada transitoria “sin la autorización de la oficina (de Ética)”, que tenía injerencia por tratarse de un familiar de una empleada con influencia sobre la autoridad nominadora.

Sin embargo, Torres Calderón convocó a once de sus empleados de confianza a la panadería y les representó que su permanencia en el puesto dependía de que le aportaran una cantidad de dinero determinada para poder hacer el reembolso de los $5,959 al negociado. Les sugirió incluso que acudieran a un banco en la localidad de Altamira en Guaynabo para retirar el dinero y les indicó que debían encontrarse posteriormente en un establecimiento de comida rápida para hacer la entrega del dinero. 

Esos son las alegaciones que se desprenden del documento sometido por la OEG, que el querellado tiene hasta el martes para contestar.  

Aunque el exdirector devolvió el dinero a sus empleados, Ética determinó que había violado los incisos d y s del Artículo 4.2 en lo concerniente a solicitar un beneficio personal y poner en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental.

El proceso pasará a una etapa adjudicativa donde un oficial examinador escucha los argumentos de ambas partes y emite una resolución.


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