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WASHINGTON – Al proponer la exclusión de Puerto Rico de requisitos de la ley federal que obligan a utilizar barcos y tripulación estadounidenses para transportar productos entre Estados Unidos y la Isla, las autoridades boricuas pueden utilizar como defensa los casos de Islas Vírgenes, Samoa y las Islas Marianas del Norte.

 Esos tres territorios estadounidenses fueron eximidos de las normas federales de cabotaje, que obligan a que los barcos que transportan carga entre puertos bajo la bandera de Estados Unidos sean de matrícula, propiedad y tripulación estadounidenses. 

A Guam, mientras, se le excluye del requisito de que los barcos que se utilicen hacia su territorio desde Estados Unidos sean de construcción estadounidense.

Tanto Islas Vírgenes como Samoa eran, a principios del siglo pasado,  sitios de almacenamiento de carbón para los buques de  la Marina de Guerra.  “En gran medida, fue un asunto de seguridad nacional”, dijo Jeffrey Farrow, quien fue director ejecutivo del subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara baja federal y quien recuerda que cuando estuvo en la Casa Blanca la central sindical AFL-CIO promovió quitarles ese beneficio a las Islas Vírgenes.

 En el caso de las Islas Marianas del Norte, la exención fue parte del acuerdo de asociación con Estados Unidos y, ante el poco comercio directo, nunca ha sido formalmente cuestionada.

Hay antecedentes

“Hay prueba de que puedes ser una jurisdicción especial y estar fuera de las leyes de cabotaje”, dijo el abogado Rafael Cox Alomar, experto en asuntos de comercio internacional y quien ha reclamado que las autoridades boricuas exijan la total exclusión de la Isla de las normas federales de cabotaje.

Tanto el gobernador Alejandro García Padilla como el comisionado residente Pedro Pierluisi consideran que el análisis de la Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) sobre los efectos de las normas de cabotaje en Puerto Rico les abre una puerta para pedir exenciones en los casos del transporte de combustible, sobre todo gas natural, y productos a granel.

Aunque la GAO no atribuyó los precios de los productos en Puerto Rico al alto costo de la Marina mercante estadounidense, esa oficina federal reconoció que hay falta de embarcaciones para transportar hacia la Isla productos a granel y combustible. 

La única exclusión total que existe en el caso de Puerto Rico beneficia a la industria de cruceros turísticos.

En 2011, el presidente Obama otorgó exenciones para permitir que 44 barcos extranjeros transportaran petróleo como parte del plan que se puso en marcha para utilizar parte de la reserva petrolera estadounidense durante la “guerra civil” en Libia. Decisiones parecidas se tomaron en 2005 durante el gobierno de George W. Bush como consecuencia del huracán Katrina.

Con las espadas en alto

Aunque reconoce que se han otorgado en el pasado exenciones especiales para el transporte de combustible, la poderosa coalición empresarial-sindical  de la industria marítima que defiende la vigencia en Puerto Rico de las normas federales de cabotaje advirtió que no moverá un dedo a favor de que a la Isla se le otorguen nuevas exenciones.

“No vamos a favorecerlo. No vamos a estar con ellos”, indicó el secretario de la Alianza Marítima en la Isla, José F. Nazario, director de la terminal de la empresa Crowley, que tiene el 31% del mercado de transporte entre puertos de Estados Unidos y Puerto Rico.

En Washington, la Alianza Marítima de Estados Unidos (AMP) –aunque feliz de que el informe de la GAO confirme el servicio “confiable” de la Marina mercante estadounidense– consideró “anecdótica, incompleta, engañosa y parcializada” la parte que advierte  que faltan embarcaciones para el transporte de combustible.

La Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), por su parte, emitió una declaración escrita, en Washington, en la que señaló que “en estos tiempos de alto desempleo en que los estadounidenses exhortan a sus funcionarios públicos a cambiar las leyes que han permitido la fuga de empleos al extranjero, la alteración de la Ley Jones que les permitiría a empresas extranjeras entrar al mercado puertorriqueño-estadounidense afectaría negativamente tanto la economía de Puerto Rico como  la de Estados Unidos”.

El cabildeo

La presión de los dueños de la industria y la de los sindicatos suelen evitar cualquier posibilidad de que el Congreso haga cambios significativos a las  normas de cabotaje. “Todo el que conoce el Congreso sabe que este proceso no va a ser fácil”, dijo Pierluisi.

La AFL-CIO es la más grande central de trabajadores en Estados Unidos.

La AMP es la voz de la industria marítima de Estados Unidos, que tiene en la Isla cuatro empresas navieras que se dividen el mercado: Crowley, Horizon Lines,  Sea Star Line y Trailer Bridge. 

Cox Alomar, derrotado candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), considera que tanto el gobernador como Pierluisi se equivocan al darle validez al informe de la GAO, sobre el cual cree que debe echarse a la basura.

A su juicio, fue un error de Pierluisi pedir el estudio de la GAO.

En  cuanto a García Padilla, Cox Alomar, quien es asesor por contrato de la alcaldesa de San Juan, sostuvo que el gobernador va por un lado “pero la masa del PPD va por otro”.

“Si en verdad tienen la voluntad de quitarnos de encima esa carga de $1,300 millones anuales, hay que trabajar en una estrategia clara, agresiva y sólida para ir a Washington a batallar por la derogación de las leyes de cabotaje, pero partiendo de la realidad de que ese estudio de la GAO está parcializado a favor de los grandes intereses económicos”, sostuvo Cox Alomar.

En enero pasado, el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), sostuvo que barreras proteccionistas como la Ley Jones de 1920 “dañan las economías locales y les añaden costos significativos a empresarios y consumidores”.

Mientras, la Reserva Federal de Nueva York ha advertido que “t ra n s p o r t a r por barco desde la costa este de Estados Unidos a Puerto Rico un contenedor de 20 pies de largo con artículos del hogar y productos comerciales cuesta alrededor de $3,063; mientras, el mismo embarque a la vecina Santo Domingo (República Dominicana) cuesta $1,504, y a Kingston (Jamaica) $1,687”.


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