El gobernador Ricardo Rosselló sacó la semana pasada a Raúl Maladonado de la secretaría de la Gobernación para reinstalarlo en Hacienda. (semisquare-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló sacó la semana pasada a Raúl Maladonado de la secretaría de la Gobernación para reinstalarlo en Hacienda. (GFR Media)

El millonario fraude en la venta de sellos y comprobantes que investigan las autoridades -si se comprueba- podría dejar viviendas sin registrar, invalidar transacciones comerciales y hasta abrir la puerta a una serie de reclamaciones legales a nivel criminal como civil.

Ese fue el consenso de expertos en Derecho, Contabilidad y Administración Pública entrevistados ayer por El Nuevo Día, luego de que, la semana pasada, trascendiera el presunto esquema de fraude.

El expresidente del Colegio de Abogados Osvaldo Toledo opinó que, si se confirma que, en efecto, el fraude es millonario, como dijo el presidente de la empresa OPG Technology, Orlin Goble, el impacto legal podría ser enorme.

Podría anularse una inscripción. Eso puede envolver millones en inversiones. El que pierde es quien compró los sellos y posiblemente tenga una acción legal porque esto es un sistema que está regulado”, dijo Toledo.

El contador Kenneth Rivera explicó, por su parte, que la amenaza más grande sería con las transacciones que implican registro de propiedades inmuebles como residencias y edificios comerciales, las transacciones con vehículos y documentación asociada con negocios.

Esperemos que, al final del día, la razón prevalezca y esos documentos tengan validez aunque los sellos no sean buenos”, dijo Rivera.

Goble, en una entrevista reciente con El Nuevo Día, afirmó que la empresa que preside no tiene que ver con el fraude aunque son los que manejan, con carácter de exclusividad, la impresión de los sellos y comprobantes.

El empresario indicó que han colaborado con las investigaciones criminales que, a nivel estatal y federal, han iniciado sobre el tema.

La situación se da en momentos en que públicamente se cuestiona la fiscalización que el Departamento de Hacienda lleva a cabo de los sellos y comprobantes que imprime la compañía. El 25 de enero, la entonces secretaria de Hacienda Teresita Fuentes renunció a su puesto en medio de una controversia en la que alertaba que Hacienda no podía corroborar cuántos sellos y comprobantes la empresa emitía.

El contrato que rige las relaciones entre Hacienda y la empresa establece que la compañía cobra el 3.6% de cada transacción. La ganancia de la empresa se estima en $4.6 millones anuales.

El contrato entre OPG Technology y Hacienda había terminado a finales del pasado cuatrienio. Desde el 2014, existían dudas sobre la legalidad del acuerdo. Las partes entonces se enfrascaron en una disputa de derechos de autor sobre los programas usados por la empresa cuando el principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, contrató nuevamente a la empresa.

El otro caso de Hacienda

Hacienda ha estado en foco noticioso esta semana. El caso de OPG Technology se conoció tras la renuncia de Teresita Fuentes a Hacienda.

La salida de la funcionaria también abrió un flanco que toca a Maldonado, pues han surgido una serie de interrogantes debido a que su hijo, de igual nombre, fue contratado por varias compañías que comenzaron a hacer negocios con Hacienda en momentos en que el funcionario dirigía la dependencia.

Maldonado fue secretario de Hacienda entre el 2017 y la mitad del 2018, cuando comenzó funciones como secretario de la gobernación. El funcionario regresará a Hacienda si es confirmado por el Senado nuevamente, luego de una serie de movidas anunciadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en medio del escándalo de los contratos.

Un error el nombramiento

Todo esto de los contratos y nepotismo tiene muchas complicaciones. El mensaje que se envía es devastador. El mensaje es que se puede violar la ley porque nadie te va a atrapar y si te atrapan no va a pasar nada. Para evitar cosas como estas es que hay leyes de ética y nepotismo. No hay ninguna forma en que esto se vea bien”, dijo el experto en Administración Pública Mario Negrón Portillo.

Rivera, por su parte, estimó que las funciones como secretario de Hacienda se añadirían a las que ya tiene Maldonado como principal oficial financiero del gobierno y jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

“De entrada son muchas tareas para una sola persona. Todo esto ocurre en un momento crítico donde tienes a la Junta de Supervisión Fiscal respirándote en el cuello. La Junta ha sido parca en esto, creo que le deben estar dando el espacio para después actuar”, dijo Rivera.

También está la discusión de política pública en torno a cómo debería estar organizado el gobierno. Por ejemplo, de ordinario Hacienda maneja la chequera del gobierno bajo el monitoreo de los expertos en Gerencia y Presupuesto. Esta verificación, sin embargo, no tendría el efecto deseado si ambas dependencias tienen el mismo jefe.

“Estas en cierto modo consolidado tres funciones (CFO, OGP, Hacienda) en una persona. Cada agencia tiene funciones en las que uno vela al otro. Hacienda maneja la chequera y OGP lo monitorea. Es un tema que tiene que discutirse con detalle por los balances que deben haber”, dijo el contador.


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