El jueves, cinco miembros de la Junta de la AEE renunciaron por la controversia en torno al salario del nuevo director. (horizontal-x3)
El jueves, cinco miembros de la Junta de la AEE renunciaron por la controversia en torno al salario del nuevo director. (GFR Media)

En momentos en los que en Puerto Rico se debate la controversia por los salarios de los directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una mirada a las compensaciones de los principales oficiales ejecutivos que dirigen utilidades privadas en Estados Unidos y alrededor del mundo refleja que sus paquetes salariales pueden ser multimillonarios.

Por ejemplo, Christopher Crane, de la empresa Exelon, con sede en Illinois, recibió $15.2 millones en 2016 entre salario y bonificaciones, según la revista especializada Electric Light & Power. La empresa, sin embargo, genera en ingresos anuales casi ocho veces lo que factura la AEE.

No hay parámetros totalmente claros para determinar si el salario de un ejecutivo en una utilidad es razonable o bajo. Todo dependerá de las metas que se le asignen al funcionario y lo que contenga el contrato, explicó ayer la especialista en recursos humanos, Wanda Piña Ramírez.

“El título no dice lo que va a hacer. No dice la meta. Puede ser administrar, reorganizar, un proceso de compra o ventas. Hay que ver para qué es la contratación. Eso nos dice la experiencia que se requiere y cuánto se le va a pagar”, dijo Piña Ramírez.

Un estudio de la Asociación Americana de Energía Pública (APPA, por sus siglas en inglés), publicado en 2016, muestra que, en el sector privado, los principales líderes de estas empresas tienen ingreso que promedia los $781,176. Eso es tres veces más que en el sector público, según la APPA. Un principal oficial ejecutivo en una utilidad pública con ingresos mayores a los $100 millones genera una compensación anual que promedia los $253,062.

Sin embargo, fuentes de El Nuevo Día señalan que, para la magnitud de los cambios que requiere la AEE, se necesita traer a un candidato con un peritaje cuyo costo se debe asemejar a las remuneraciones que se acostumbran en el sector privado. Mientras, una fuente del sector industrial indicó que, si bien la remuneración debe ser alta, al candidato se le debe imponer métricas claras para que el gobierno pueda asegurarse de que haya un retorno en la inversión y que se logre la transformación necesaria.

Este tema de las compensaciones en las utilidades ha cobrado importancia en los últimos meses con la contratación del ejecutivo Walter M. Higgins por $450,000, compensación que con bonificaciones podía rondar el millón de dólares, y la de su breve sustituto en la AEE, Rafael Díaz Granados por $750,000 anuales.

Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales, indicó que existen factores comola experiencia, los contactos, el reconocimiento, entre muchos otros, que inciden en el salario de un alto ejecutivo. Lo más importante, según el industrial, es el nivel de compromiso que pueda tener la persona con sus funciones.

“Pero, en un país en quiebra ese tipo de salario va a destacar controversias. Lo crearía en tiempos normales, pues en crisis sería aún peor”, resaltó Masses.

Por su parte, el economista Gustavo Vélez explicó que los trabajos administrativos más complejos requieren mayor compensación. Sin embargo, reconoció que “no se puede ignorar que la AEE está bajo un proceso de quiebra, por lo que los recursos disponibles no son muchos”.

A juicio de algunos entrevistados, el debate por el salario de la AEE se ha polarizado, lo que a su vez impide una discusión que tome en cuenta todos los elementos, como el peritaje de los candidatos y su valor en el mercado, así como la urgencia de transformar a una corporación pública en quiebra. Estas controversias tienen como raíz los altos niveles de desigualdad en Puerto Rico, explicó el exsecretario del Trabajo, Víctor Rivera Hernández.

Por ejemplo, mientras el gobierno le paga $250,000 anuales a la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, y $625,000 a la directora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, el ingreso promedio de un hogar en Puerto Rico ronda los $30,000, según datos de la Encuesta de la Comunidad del Censo en el 2016. Esos ingresos en los hogares boricuas equivalen al 38% de lo que reciben, en promedio, los hogares en Estados Unidos ($81,346).

“Esto se da en medio de un debate que busca bajarles los beneficios y el sueldo a los empleados. Esta situación demuestra un gran grado de inequidad y desigualdad que hay en Puerto Rico, donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho, y esa brecha cada día se amplía más”, dijo Rivera Hernández, al referirse a las propuestas que eliminarían las bonificaciones de navidad, las compensaciones por despido injustificado y reducirían las pensiones y las licencias de vacaciones y enfermedad.

La mera importación de un salario de Estados Unidos, sin hacer un análisis de la realidad local de Puerto Rico, es el punto incorrecto de toda la ecuación. Son economías distintas y circunstancias de mercado distintas y estructuras de gobierno distintas”, opinó Rivera Hernández.

Compensación de acuerdo a la complejidad

Sin embargo, para el economista Juan Lara, el sueldo del director ejecutivo pareció haberse convertido en el focode toda la compleja problemática de nuestro fallido sistema eléctrico, cuando en realidad, el problema de fondo es mucho más serio. “La realidad es que todavía hoy, 10 meses después del huracán María y más de un año después de irse a la quiebra, la AEE todavía no tiene una junta de directores independiente, capaz de dirigir la transformación de la corporación misma, pero, sobre todo, del sistema de energía eléctrica en su totalidad”, dijo.

“El sueldo del director ejecutivo de la AEE se tiene que definir en el contexto del proyecto descrito”, enfatizó Lara. “A esta persona se le pedirá mucho más que simplemente dirigir la operación de una empresa eléctrica de gran tamaño, por lo cual muchos ejecutivos en Estados Unidos reciben una compensación millonaria. Se le pedirá también proveer liderato y dirección en la privatización, la reconstrucción de un sistema maltrecho, la rehabilitación financiera después de la renegociación de la deuda, y el tránsito a un sistema de fuentes diversificadas de energía”, explicó.

Si una junta de directores independiente, como debe ser, selecciona a un candidato capaz de ejercer estas múltiples funciones simultáneamente, como debe ser, entonces no debería haber ninguna dificultad para explicar con lujo de detalles la compensación que se le pague. Pero es la junta de directores quien tiene que explicarlo; no La Fortaleza ni la Legislatura”, añadió Lara.

Por otra parte, el economista Vélez señaló que mucho del peritaje que se necesita para tomar decisiones en esta corporación pública ya existe en la JSF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Ambas entidades tienen injerencia directa en las determinaciones de la corporación pública.

“El problema fundamental es que la AEE está en quiebra. Normalmente, lo que pasa en esos escenarios es que se nombra un síndico”, dijo Vélez.

Precisamente, esa es una de las funciones que, hasta cierto punto, ejerce la JSF sobre la AEE. El intento más concreto de este organismo por hacerse cargo de las operaciones de la corporación pública, sin embargo, fue detenido por la jueza Laura Taylor Swain al no darle paso al nombramiento de Noel Zamot como oficial de Transformación de la utilidad.

Esta semana, se supone que la nueva Junta de Gobierno de la AEE, encabezada por el abogado Elí Díaz Atienza, seleccione al nuevo director ejecutivo de la corporación pública tras la renuncia de Higgins y el frustrado nombramiento de Díaz Granados.

Se ha anticipado que la selección del funcionario se hará entre una serie de candidatos precualificados. No se ha anticipado si la compensación que recibirá el que tome las riendas de la utilidad rondará las compensaciones previamente estipuladas para los ejecutivos contratados.

Previo a Higgins, la compensación del jefe de la AEE rondaba los $170,000 anuales, aunque hubo instancias en el pasado con compensaciones mayores a estas, ya sea mediante bonificaciones o beneficios extraordinarios.

Higgins renunció a su cargo debido a que la Junta de la AEE no pudo garantizarle las bonificaciones estipuladas en su contrato. Su último día en el puesto será el 23 de este mes.

Fuentes señalan, sin embargo, que con una salario que esté en los bajos $100,000 para el principal puesto de la AEE, no se podrá conseguir a alguien con criterio independiente que venga a hacer los cambios profundos necesarios.

“Todos sabemos lo que Puerto Rico necesita en materia de energía eléctrica”, indicó Lara.

“Primero, una gerencia despolitizada, enfocada exclusivamente en garantizar el buen servicio a los abonados. Segundo, un liderato efectivo para la renegociación de la deuda y la transferencia de activos y operaciones a manos privadas. Tercero, un plan de desarrollo energético que defina el papel de las diferentes fuentes de energía, especialmente las renovables, en el futuro del sistema. Cuarto, una junta reguladora externa e independiente, que vele por los intereses del país. Todo esto, y más, es indispensable para que en el futuro no muy lejano podamos tener electricidad confiable, limpia y a un costo razonable, que sirva de fundamento a una economía próspera, en lugar de ser un lastre a la competitividad de nuestras industrias”, sentenció el economista.


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