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Nirvana González, del Movimiento Amplio de Mujeres. (GFR Media)

Que la multa impuesta a la Compañía de Turismode Puerto Rico (CTPR) por alegado incumplimiento con los protocolos de hostigamiento sexual y violencia doméstica no proceda en derecho por errores procesales significativos, acorde a la determinación emitida hace unos minutos por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), es una acción que no le hace justicia a las alegadas víctimas, más aún siendo el gobierno la entidad que debe dar el ejemplo en este tipo de casos.

Esa fue la reacción de abogados y expertos en el tema consultados sobre el anuncio que acaba de emitir la OPM, entidad que tiene el fin principal de fiscalizar la implantación y el cumplimiento de la política pública y las leyes vigentes que garanticen los derechos humanos de las mujeres y educar a la comunidad para tomar decisiones proactivas y afirmativas, en defensa de los derechos de las mujeres.

“No estoy de acuerdo, porque todos los patronos, sobre todo el gobierno, saben las leyes de hostigamiento sexual y los protocolos que deben seguir. Además, ellos son los que deben dar el ejemplo”, indicó Nirvana González, del Movimiento Amplio de Mujeres.

González cuestionó el mensaje que estaba dando la OPM con su postura a través de la acción tomada. La OPM concluyó que la multa de $20,000 impuesta a Turismo en este caso no procedía por un error en la investigación inicial, el no haberle remitido a Turismo el Informe de Investigación con la Orden para Mostrar Causa, aunque lo hizo posterior a que los hallazgos se hicieran públicos en conferencia de prensa.  

“Se le está tirando la toalla al patrono”, lamentó González, quien deploró que con esta acción la OPM no estaba dejando ver la responsabilidad vicaria del gobierno en este caso.

Agregó que la acción de la OPM es “inaceptable”, especialmente por proceder de una entidad que tiene la responsabilidad de velar los derechos de las mujeres.

“El mensaje es, “O.K., vamos a darle la oportunidad” y esa no es la postura (que debió tomar la OPM), debió haber dejado que procedieran las multas y apoyar y asesorar a las víctimas para que procedieran con la acción legal que corresponde, una demanda”, sostuvo.

Por su parte Sara Benítez, también del Movimiento Amplio de Mujeres, comentó que aunque podría haber un error procesal en el caso, eso no exime a las personas envueltas de tomar responsabilidad por la acción denunciada.

“Estando la situación de género como está, que nosotros hasta pedimos que se declarara una “emergencia nacional”, este no es el mejor mensaje para las mujeres. Creo que esas cosas hay que sopesarlas”, advirtió Benítez, también portavoz de la Coalición 8 de marzo, una alianza de grupos y personas que anualmente coordinan la actividad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Comentó, sin embargo, que el contenido y contexto de este caso sigue siendo uno de hostigamiento sexual.

“En el momento en que estamos en Puerto Rico, no es la acción más pertinente (la que tomó la OPM)”, reiteró.

Por su parte, el licenciado Osvaldo Toledo, expresidente del Colegio de Abogados, lamentó lo que ocurre cuando, como en este caso, por no seguir los procesos de forma correcta se caigan los casos.

“Eso pasa en los tribunales, se caen los casos por tecnicismos, por fallas procesales. Por eso es importante que se establezcan los parámetros como se deben”, deploró.

Agregó que es una pena cuando, en casos donde no hay duda de lo que se alega, esto ocurra.

“Es algo de lamentar que, con la violencia como está, se caiga por la forma de seguir el caso”, puntualizó.


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