Energy Answers ha informado que su incineradora procesaría 2,100 toneladas de basura al día para generar 80 megavatios de electricidad en promedio. La planta ubicaría en el barrio Cambalache de Arecibo. (horizontal-x3)
Energy Answers ha informado que su incineradora procesaría 2,100 toneladas de basura al día para generar 80 megavatios de electricidad en promedio. La planta ubicaría en el barrio Cambalache de Arecibo. (Suministrada)

La empresa Energy Answers confronta problemas con el financiamiento de la planta de conversión de desperdicios sólidos a energía que construye en Arecibo debido, en parte, a la situación fiscal del gobierno. 

En una carta enviada el 13 de junio a la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Mark J. Green, vicepresidente de Energy Answers, informó que el Servicio de Utilidades Rurales (RUS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura federal, al momento, no ha aprobado el préstamo que solicitaron para financiar la incineradora debido a la creciente inestabilidad en la economía de Puerto Rico. 

Ese financiamiento, además, requería que se completaran algunos procesos claves para la transacción, entre los que estaba la culminación del proceso de reestructuración de las deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Este proceso, sin embargo, se atrasó a finales de junio, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ente que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, no aprobó el acuerdo entre la AEE y los bonistas. Actualmente, la deuda de la AEE está bajo un proceso de ajuste de deudas, similar a una bancarrota territorial, bajo el Título III de la ley PROMESA. 

“Aunque el programa de préstamos del RUS era nuestra alternativa preferida, hemos estado buscando simultáneamente un financiamiento para el proyecto a través de los mercados de capital”, dijo Green en la carta, que fue dirigida al director de la División de Aire Limpio y Sostenibilidad en la Región 2 de la EPA. 

Específicamente, Green argumentó que buscan que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), como entidad “conducto” y no como prestamista, facilite la transacción prestataria. 

La Aafaf actualmente es el ente público que maneja las emisiones de bonos y los préstamos del gobierno en los mercados de capital. Este tipo de préstamos, sin embargo, ha estado cerrado para Puerto Rico desde 2014, cuando el crédito del gobierno fue degradado a clasificaciones a niveles coloquialmente conocidas como chatarra.

Sacan maquinaria 

La carta, obtenida inicialmente por el congresista Luis Gutiérrez con el apoyo de la organización Earthjustice, fue divulgada por la Coalición de Organizaciones Anti Incineración.

Según Myrna Conty, portavoz de la Coalición, la situación ha llevado a que la empresa que realizaba los trabajos iniciales para el desarrollo de la planta en Arecibo, sacara toda su maquinaria pesada de los terrenos. 

“Es un duro golpe para ellos. Está bien cuesta arriba ahora el proyecto. El problema fue el financiamiento. Es un proyecto de $750 millones diciendo que la AEE les va a comprar la energía, cuando la AEE está en quiebra”, manifestó.

Sin embargo, Green, en un comunicado de prensa emitido ayer, indicó hay entidades específicas dispuestas a financiar la incineradora. 

“Energy Answers trabaja activamente para estructurar un mecanismo de financiamiento que permita construir y desarrollar el proyecto al menor costo, lo que redundará en beneficios económicos para Arecibo, los municipios en el área de servicio y Puerto Rico”, expresó Green.

El empresario, del mismo modo, informó que los trabajos en los terrenos no han culminado, y explicó que la maquinaria sacada forma parte de las operaciones rutinarias de los contratistas a cargo de los estudios de suelo.

“Nos reafirmamos en nuestro interés de asumir el reto de ser parte de la recuperación económica de Puerto Rico y aportar a modernizar la forma en que se dispone de los desperdicios”, dijo.

“Inmenso riesgo”

Entretanto, la ingeniera ambiental Ingrid Vila Biaggi, quien forma parte de la oposición al proyecto, afirmó que la falta de financiamiento evidencia que no es viable la iniciativa. 

“La empresa tuvo que pedirle financiamiento a RUS precisamente porque no encontró interés privado para asumir el inmenso riesgo económico que representa ese proyecto”, afirmó la también exsecretaria de la gobernación. 

Conty, por su parte, afirmó que los potenciales inversionistas de la empresa deben tomar en cuenta lo que está pasando y la oposición comunitaria que tiene la planta. 

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para descarrilar este y cualquier esfuerzo que perjudique la salud de la gente y nuestro ambiente”, expresó Conty

La oposición comunitaria se debe a que estiman que la incineración de basura que busca realizar Energy Answers es dañina para el ambiente y para la salud de las personas en Arecibo y pueblos limítrofes. La empresa, sin embargo, asegura que cumplirá con todos los parámetros de salud para las plantas de conversión de basura a energía.

“La meta debe ser basura cero por medio del compostaje, la reducción, el reciclaje y el reúso de materiales”, dijo Conty.

Según Energy Answers la inversión total en la planta incineradora es de $750 millones. Esto generaría cerca de 7,000 empleos directos, indirectos e inducidos.


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