El gobernador Ricardo Rosselló Nevares resaltó que el ajuste de la deuda del BGF redunda en ahorros de $55 millones para los municipios (semisquare-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares resaltó que el ajuste de la deuda del BGF redunda en ahorros de $55 millones para los municipios. (Ramón “Tonito” Zayas)

El gobierno culminó ayer el proceso de renegociación de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), transacción que reducirá en 45% el monto adeudado por la inoperante corporación pública.

En los próximos días, la nueva entidad gubernamental que maneja estos bonos, la Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF, intercambiará los viejos bonos del BGF por los reestructurados. Mediante la transacción, cada bonista recibirá $550 en bonos nuevos, por cada $1,000 que tenían en los viejos instrumentos de inversión.

“Ya es final y firme. Esto representa cerca de $1,900 millones de ahorros en los bonos, cerca de $6,000 millones en los depósitos y para los alcaldes –que tenían pendiente un pago al final de este año fiscal– representa un ahorro como de $55 millones sobre lo que tenían que pagar”, resaltó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en entrevista con El Nuevo Día.

Esta es la primera reestructuración que se completa bajo los procesos establecidos por la ley Promesa. Específicamente, se utilizaron las disposiciones del Título VI del estatuto que provee para un ajuste de deudas voluntario, sin la intervención directa de un tribunal. Con el acuerdo, se renegociaron cerca de $3,800 millones en deudas emitidas por el BGF.

“Se demuestra que aquí se puede llegar a acuerdos restableciendo la credibilidad, que es tan importante en todo este proceso”, dijo Rosselló Nevares.

La renegociación de la deuda del BGF y el acuerdo similar que se alcanzó para la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que aún está sin aprobar, acelerarán otros procesos de ajustes de deudas, afirmó el ejecutivo.

Aun cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en la última versión del plan fiscal, calcula un superávit mayor a los anteriores –lo que ha sido interpretado como una intención de repagar una porción mayor de la deuda pública– los fondos gubernamentales son finitos, advirtió el primer ejecutivo.

Una de las críticas al acuerdo con los bonistas de Cofina es que impone una agenda de pagos que no va acorde con las proyecciones de crecimiento económico. ¿Por qué avalan algo así?

—Yo creo que todos estos cambios (las reformas gubernamentales que han impulsado) deben motivar a entender que tenemos que ajustar en distintas áreas. Ya nosotros estamos encaminando la transformación de educación, del sistema energético, de las leyes laborales, entre otras áreas que entendemos que van a beneficiar y parar o reducir el éxodo poblacional y permitir que lleguen personas a la isla. Yo no concurro con ese escenario tétrico, y, si fuese así el caso, lo que pasa es que te pones en una situación más limitada para renegociar otra deuda.

¿Cuánto están separando para los pagos del resto de las deudas con los bonistas? Si no se recorta lo suficiente de deuda, la sábana no va a dar para todos...

—En la medida que uno va llegando a acuerdos, y queda un capital un tanto más limitado a base de la expectativa del superávit, pues eso supone un panorama más fuerte para los demás acreedores y deben ponerse en posición de renegociar. Yo creo que eso es parte de todo esto. No quiero entrar en el detalle. Hay unos acreedores más grandes y otros más pequeños y otros con diferentes consideraciones. Nosotros estamos haciendo estrategias para lograr, con la voluntad de los acreedores, acuerdos que nos permitan operar el gobierno siendo fiscalmente responsable y con todos los servicios que se tienen que dar y, a la misma vez, hacer los pagos.

¿Cree que estas negociaciones van a motivar a los bonistas más pequeños a buscar acuerdos más rápidos?

—Llevaría a todos los que restan a negociar más rápido y buscar alternativas o si no, en algún momento, esto llegará a la consideración de la jueza.


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