El vicepresidente de operaciones de la empresa dijo que los ataques públicos contra la compañía obedecen a motivaciones económicas o políticas de sectores que buscan sustituirlos en la administración del sistema

El vicepresidente de operaciones de la empresa GILA, Luis Alberto Sánchez, afirmó esta mañana que los ataques públicos contra la compañía obedecen a motivaciones económicas o políticas de sectores que buscan sustituirlos en la administración del sistema AutoExpreso

El ejecutivo enfatizó que siguen los procesos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en el procesamiento de las multas y enfatizó que un aumento o una disminución en la cantidad de multas que se emiten no implican cambios en la compensación que reciben. 

"GILA no genera ingreso alguno de las multas de AutoExpreso. La totalidad de ese dinero se destina a cuentas del gobierno. GILA tiene el rol de procesador de transacciones... Refutamos enérgicamente las acusaciones infundadas de robo", dijo Sánchez en una conferencia de prensa en sus oficinas en Guaynabo. 

El vicepresidente de GILA explicó que desde el 2011 no ha habido mayores cambios en el proceso que se sigue en la administración de las multas. Sostuvo que desde ese año ha habido denuncias públicas contra el sistema de AutoExpreso similares a las actuales. La diferencia es que en la actualidad hay más transacciones porque se han multiplicado los peajes, principalmente en la PR-22, vía que administra la empresa Metropistas. 

Esta alza en las transacciones comenzó cuando en los peajes en esta autopista se instalaron máquinas de cobro para los automóviles que van en ambas direcciones para así capturar una mayor cantidad de carros usando esta carretera. 

Esto se unió con el aumento en las multas que se decretó por ley en marzo de 2017. Esta legislación, que se ideó como parte del primer plan fiscal, cuya autoría se adjudicó el gobierno estatal, aumentó de $15 a $50 la multa por pasar un peaje automatizado sin balance en la cuenta del automóvil. 

"Eso (la multa) lo determina el gobierno a través de leyes y órdenes administrativas. El aumento de la multa de $15 a $50 en marzo de 2017 y la reducción de $100 a $15 en el año 2015 son acciones gubernamentales y no del operador. Para GILA es indiferente el monto de la multa", dijo Sánchez. 

El ejecutivo indicó que desde que se aumentó el monto de las multas, el cumplimiento con las infracciones impuestas por parte de los conductores se redujo en un 10%. 

Señaló que para atender los problemas o las denuncias contra el sistema se tiene que cambiar el sistema de AutoExpreso, que desde hace años no se actualiza y mejorar los asuntos técnicos de comunicación entre los distintos componentes del sistema. 

Rosselló tomará acción

Mientras, gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió hoy al mediodía que el lunes de la semana que viene anunciará lo que considera será la "solución" al problema de AutoExpreso y las alegadas irregularidades en el cobro de este servicio por parte de la empresa GILA.

En una conferencia de prensa sobre otro tema en el Departamento de Justicia, el primer ejecutivo mencionó, a preguntas de la prensa, que si la empresa, quiere demandarlo, que lo haga.

"Que Gila haga lo que quiera hacer. Yo voy a hacer lo que me encomendó el pueblo, a trabajar", aseguró.

"Estamos totalmente insatisfechos con la ejecución y los resultados de una contratación del 2015. Voy a tomar mi acción ejecutiva. Les pedí espacio hasta el lunes... lo que les puedo dejar saber es que venimos con una solución para ese problema", agregó.

Tan reciente como el lunes el Senado aprobó una resolución que busca ordenarle al primer ejecutivo la cancelación del contrato con la empresa. El gobernador no dijo hoy si acataría el lenguaje de la resolución del cuerpo legislativo. 

Tampoco fue claro sobre si finalmente convertiría en ley un proyecto que precisamente fue redactado en La Fortaleza que busca reducir las multas por infracciones al sistema AutoExpreso de $50 a $15. Recientemente, la Junta de Supervisión Fiscal advirtió que no favorece la medida, ya que tiene un impacto fiscal.

A preguntas de El Nuevo Día, Rosselló Nevares recordó que la Junta tiene "mecanismos" para revocar proyectos de ley.

"Para la consideración (del proyecto de) AutoExpreso fue que tuvimos nuestro equipo de trabajo y evaluamos que no tiene impacto fiscal", dijo el mandatario. 

Rosselló Nevares tampoco fue preciso cuando se le preguntó cuál era su exhortación a los ciudadanos que hacen largas filas en las oficinas de GILA para pagar sus multas. 

"Lo que estamos haciendo va a beneficiar a todas esas personas que van a hacer esas filas", puntualizó.


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