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En las semanas posteriores al paso del huracán María, el Centro de Convenciones se convirtió en el Centro de Operaciones de Emergencia. (horizontal-x3)
En las semanas posteriores al paso del huracán María, el Centro de Convenciones se convirtió en el Centro de Operaciones de Emergencia. (Vanessa Serra Díaz)

Nota del editor: Primera entrega de una serie especial que  arroja luz sobre los contratos pactados por el gobierno durante el 2017, a través de las diversas ramas que componen el aparato gubernamental.     

Entre los meses de septiembre y diciembre del año pasado, mientras buena parte de las agencias de gobierno no operaban a cabalidad, los alcaldes clamaban por agua y alimentos para sus ciudadanos y Puerto Rico permanecía esencialmente a oscuras tras el paso del huracán María, las agencias, corporaciones públicas, el Senado y la Cámara de Representantes, al igual que la Universidad de Puerto Rico, municipios y entidades relacionadas otorgaron más de 16,000 contratos o enmiendas ascendentes a $2,140 millones.

En ese plazo de 88 días, las distintas entidades del gobierno –estuvieran o no bajo el control de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), según establece la ley federal Promesa– suscribieron todo tipo acuerdos contractuales: desde el controversial contrato para restaurar la red eléctrica que se otorgó a Whitefish Energy Holdings  y la renovación de los acuerdos con las aseguradoras que suscriben el programa Mi Salud hasta cientos de contratos para reparar puentes, viviendas y escuelas.

Un análisis de El Nuevo Día de los acuerdos que figuran en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor confirma que, en el plazo de tres meses desde el comienzo de la emergencia provocada por el huracán María hasta mediados de diciembre, dos grandes partidas se llevaron la mayor parte de los fondos pactados: $508 millones para la reparación de instalaciones eléctricas y otros $675 millones, principalmente, en los contratos de aseguradores de Mi Salud.

En todo el gobierno, también se dedicaron $84.6 millones al recogido de desperdicios, incluidos escombros.

Si bien la cifra de $2,140 millones abarca todas las ramas y dependencias públicas, cuando se desmenuza, se precisa que $1,816 millones corresponden a alrededor de 5,000 acuerdos contractuales en el gobierno central.

Otros $260 millones en acuerdos contractuales se suscribieron en los municipios y las Áreas de Desarrollo Laboral, mientras $65 millones fueron acuerdos pactados en las distintas unidades de la UPR.

En el gobierno central, aparte de los gastos en electricidad y salud, a través de corporaciones públicas como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se dedicaron $26.1 millones a reparar carreteras, caminos, calles y puentes; otros $76.9 millones a la operación de instalaciones de salud, incluido el Centro Médico de Puerto Rico, al tiempo que se comprometieron $9.7 millones en servicios de vigilancia.

Sin embargo, partiendo de las categorías de contratos examinadas en el Registro del Contralor, en ese mismo período, cuando la prioridad era salvar vidas y allegar suministros a lugares remotos, cuando hospitales, supermercados y el sector de telecomunicaciones reclamaban que se les concediera prioridad en el reparto de combustible por falta de electricidad y las personas y negocios tenían prohibido andar por las calles u operar en la noche por un toque de queda, las agencias del gobierno identificaron recursos para otorgar $59.7 millones en servicios profesionales, que incluyen contratos de asesores legales, contables, ingenieros, así como asesoría en recursos humanos y la contratación de empleados temporeros y administrativos.

De igual forma, en ese período, en todas las ramas de gobierno en conjunto, se otorgaron $127.8 millones en servicios educativos, de adiestramientos y de orientaciones y hubo oportunidad para emitir sobre 1,200 contratos en servicios misceláneos no personales en partidas como el mantenimiento de aires acondicionados, limpieza y hasta almacenaje de documentos.

Además, el gobierno en conjunto suscribió 342 contratos bajo la categoría de servicios de publicidad, de representación o artísticos por $5.6 millones. En esta partida se incluyen acuerdos de relaciones públicas, talentos, promotores de espectáculos, oficiales de prensa y pautas en radio y televisión, entre otras.

En síntesis, es probable que, del total monetario en los contratos o enmiendas suscritas durante el período examinado, la mitad de esos fondos no estuvieran relacionados directamente con la respuesta al desastre natural.

“Uno se sorprende de ver estos números”, dijo el experto en Administración Pública Mario Negrón Portillo, al examinar los datos compilados por El Nuevo Día.

“Uno pensaría que, en esta situación, la prioridad serán la salud y servicios como la energía eléctrica, pero: ¿en qué se utilizó todo ese dinero de adiestramientos y de servicios educativos cuando las escuelas estuvieron cerradas dos o tres meses?”, cuestionó el académico.

En modo de “outsourcing”

Según Negrón Portillo, aunque de entrada no puede cuestionarse si las contrataciones fueron adecuadas o no, porque requeriría un análisis de los pactos y las agencias que los otorgaron, el alto número de transacciones para actividades no relacionadas con la emergencia apunta a que el gobierno pareció continuar “operando de manera regular”, cuando, en realidad, estaba en medio de una emergencia.

El gobierno ha outsourced (contratado externamente) los recursos. Ese ha sido un problema que hemos experimentado desde hace un sinnúmero de años, y aquí se ve. Se reclama que hay menos empleados, pero lo que se hizo fue trasladarlos al sector privado y siguen siendo pagados con el mismo dinero público. En muchos de esos casos, examinas quién se llevó el contrato y se encuentra que son los que pasquinaban, los donantes del partido”, sostuvo Negrón Portillo.

José Efraín Hernández, abogado y expertoen administración pública, opinó, por su parte, que, “con esto, va a quedar en entredicho lo que le queda de credibilidad a Puerto Rico, si le queda alguna”.

Según el director del programa de Ciencias Sociales del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), donde se ofrece el grado de maestría en Gobierno y Política Pública, aún sin plantear posibles cuestionamientos sobre la legalidad de los acuerdos otorgados, el número y el tipo de contratos otorgados contrasta con las representaciones que ha hecho Puerto Rico en cuanto a su falta de dinero.

“Se han hecho unas representaciones al gobierno de Estados Unidos, al Congreso, de que se necesita dinero para salir de la crisis en que nos encontramos y que fue agravada por el paso del huracán Irma y luego, María”, explicó Hernández. “Se le ha hecho una representación a los acreedores y se dice que no se puede pagar con la boca, pero los actos dicen otra cosa”, sostuvo Hernández, al recordar que Puerto Rico se encuentra bajo un proceso judicial ante la jueza Laura Taylor Swain, luego que el gobierno radicara una especie de quiebra bajo el Título III.

Puerta abierta a la contratación

El pasado 28 de septiembre, 11 días después de que iniciara la emergencia del huracán María, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares suspendió temporalmente la reglamentación para la compra de bienes y servicios para facilitar la recuperación a través de la Orden Ejecutiva 2017-53. El pasado 8 de diciembre, el mandatario dejó sin efecto la flexibilización de las contrataciones.

En diciembre pasado, El Nuevo Día entrevistó a expertos en Derecho, quienes plantearon que las determinaciones de Rosselló Nevares fueron contrarias a la Constitución.

Durante el período de emergencia, además, pudo obviarse la Ley 3 de 2017 que se aprobó el año pasado para implementar la ley federal Promesa. Esa ley, entre otras cosas, requiere a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) avalar los contratos de la rama ejecutiva en exceso de $10,000.

La Aafaf indicó a El Nuevo Día que, durante el período de emergencia, las contrataciones fueron responsabilidad del representante autorizado (GAR), una función en manos de la OGP. Un pedido de entrevista a esa agencia no había tenido respuesta al cierre de la edición.

Según Hernández, durante una emergencia, es comprensible dejar sin efecto la reglamentación para la compra de bienes y servicios, pero eso no implica obviar el principio de transparencia.

En ese sentido, tanto Negrón Portillo como Hernández lamentaron que, sabiendo las circunstancias extraordinarias provocadas por el huracán, las distintas ramas de gobierno no hayan informado qué hicieron fiscalmente durante el período de la emergencia, lo que evitaría dudas o cuestionamientos en el proceso de contratación.

Fuera del ojo de la Junta

A finales del año pasado, en medio de la controversia de Whitefish, la JSF determinó que evaluaría todo contrato por encima de $10 millones. Fijado ese parámetro, prácticamente la totalidad de los contratos pactados durante el período de la emergencia quedaron fuera del escrutinio del organismo federal.

En la reunión de la JSF en octubre pasado, Christian Sobrino, representante del gobierno, reveló que se había otorgado sobre un millar de contratos desde el inicio de la emergencia, pero, desde entonces, el gobierno no ha indicado qué actividades, cuantías o entidades fueron contratadas ni para qué propósito, salvo lo que se informa en el Registro del Contralor, donde pueden consultarse nombres de contratistas, cuantías, vigencias y servicios, pero no revisarse el documento.

“Lo más importante es qué tiene que decir la Junta sobre todo esto. ¿Acaso no fueron nombrados para supervisar? Una orden ejecutiva de un gobernador no va por encima de la ley federal que los creó”, acotó Hernández.


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