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En la foto, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión. (GFR Media) (Gerald López Cepero)

El Gobierno se prepara para combatir las medidas de austeridad del Plan Fiscal, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal hoy, en un recurso que radicaría próximamente en el Circuito de Apelaciones de Boston.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, dijo hoy que actualmente trabajan en la elaboración de la apelación después de que recibieran la autorización para radicarlo.

“Parte de lo que hace la Junta es (basado en) una decisión de (Laura Taylor) Swain, para decir que ellos pueden implementar política pública, en este caso una política de austeridad en los planes fiscales y los presupuestos”, sostuvo Rosario.

“Pedimos autorización para apelar eso en el primer Circuito (de Boston)… El viernes pasado fue que se autorizó la apelación. Están preparando para radicarla dentro del periodo… Creo que son 30 días”, agregó.

La decisión a la que hacía referencia Rosario es a la que emitió Swain cuando el gobierno demandó a la Junta para que la jueza se expresara en torno a cuál presupuesto era el que entraría en vigor en julio pasado, si el aprobado por la Legislatura o el certificado por la Junta.

Swain falló a favor de la Junta, por lo que el gobierno se dispone a retarla en el Circuito de Apelaciones de Boston.

“Esa es la primer opción, la vía judicial, donde se limita la facultad de la Junta en no intervenir en política pública”, explicó Rosario.

“Las primeras esperanzas están destinadas en el pleito y, si no, lo que ha hecho el gobernador es hacer ajustes y promover el desarrollo económico de Puerto Rico dentro de las limitaciones que nos están imponiendo”, añadió.

El funcionario insistió en que la Junta “no puede usar el mecanismo fiscal para implementar política pública”.

“Hoy han cambiado el Plan Fiscal que teníamos anteriormente para reconocer, en el periodo hasta el año 2023, un superávit de $17,000 millones, que literalmente nos están quitando de la economía en Puerto Rico para dejarlo en una partida que estaría disponible solamente para los acreedores, cuando nosotros hemos pedido que parte de ese dinero se use para el desarrollo económico”, afirmó.

Destacó que habían tratado de negociar con la Junta un fondo de $345 millones para los municipios y la Universidad de Puerto Rico, así como partidas para el bono de Navidad y las pensiones de empleados públicos retirados, pero que al no ser incluidos, se genera el llamado “superávit” para pagarle a los bonistas al cabo del 2023.

“Ellos lo que hacen es reducirle al gobierno todas las partidas de gastos, lo que incluye los empleados y retirados, para crear un superávit más grande que el que tenía proyectado el primer Plan Fiscal. Lo que hace es quitar dinero de la economía y afectando a los más vulnerables, dejando que los acreedores tengan acceso a más dinero”, expuso.

Asimismo, Rosario señaló que los recortes agravarán la crisis de seguridad, con efectos negativos en las operaciones del Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía, como ejemplo de las agencias afectadas por el Plan Fiscal aprobado hoy.

“Se le han solicitado dineros adicionales. En el caso del Departamento de Seguridad Pública tenemos una petición para retener a 45 bomberos y necesitamos una academia (de cadetes para nuevos policías”, comentó.

Agregó que “ese dinero que están identificando que Puerto Rico tiene, los $17,000 millones para el 2023… cómo no podemos usar parte de ese dinero para atender estos problemas a nivel de seguridad, pero también a nivel de desarrollo económico”.

“Por un lado ellos son: ‘recorta, recorta, recorta’, para tener más dinero para negociar con los bonistas, que es un plan de austeridad. Por otro lado, el enfoque del gobernador es de desarrollo económico”, acotó.


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