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El economista Joaquín Villamil opinó que las empresas no van a pagar un arbitrio de 4 por ciento a Puerto Rico y un impuesto de 20 por ciento por llevar su producto a los Estados Unidos. (semisquare-x3)
El economista Joaquín Villamil opinó que las empresas no van a pagar un arbitrio de 4 por ciento a Puerto Rico y un impuesto de 20 por ciento por llevar su producto a los Estados Unidos. (Ramón “Tonito” Zayas)

El aval que el Comité de Medios y Arbitrios del Congreso le dio ayer al proyecto que impone un arancel a los productos que Puerto Rico exporta a Estados Unidos   supone un golpe mortal a la base industrial de la isla y, por ende, a la viabilidad económica del país y del  gobierno, a juicio de dos economistas.

“Ninguna de esas medidas, ni la repatriación de ganancias, la tasa corporativa y el arbitrio de 20% a las importaciones es positiva para la isla”, dijo el economista Joaquín Villamil.

“Las empresas no van a pagar un arbitrio de 4% a Puerto Rico y un impuesto de 20% por llevar su producto a Estados Unidos. Se irán de la isla, sobre todo si se baja la tasa contributiva allá”, agregó el fundador de Estudios Técnicos.

Según Villamil, la isla paga el precio de haber creado una estructura económica en función de incentivos contributivos federales. 

“Si eso sucede, se elimina el 21% de los ingresos que recibe el fisco”, dijo Villamil haciendo referencia a la ley 154 de 2010. El estatuto estableció un arbitrio de 4% sobre las ventas de una operación en Puerto Rico a su matriz en Estados Unidos.

Ayer, mientras en Puerto Rico parece haber un frenesí por obtener contratos del gobierno para las tareas de recuperación tras el ciclón, el Comité de Medios y Arbitrios dejó casi intacta la sección 4303 que establecería el arancel de 20% a todo bien importado para la reventa por parte de empresas y negocios en Estados Unidos.

También, quedó sin cambios mayores la disposición que obliga a las multinacionales con operaciones en lugares como Puerto Rico a repatriar sus ingresos a Estados Unidos, y la tasa corporativa de 20% que a partir del año entrante pagarían las empresas establecidas en el continente.

Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, por lo que la producción de fármacos, dispositivos médicos y tantos otros bienes en la isla se realiza en suelo estadounidense. Sin embargo, para efectos tributarios, Puerto Rico es una jurisdicción internacional.

Reducida la competitividad

“Esto (la reforma contributiva federal) genera una mayor incertidumbre en torno a cuál ha de ser el futuro económico de la isla”, dijo el economista Luis Benítez.

“Con esto, la figura de la corporación foránea controlada (CFC, en inglés) pierde la ventaja competitiva que tenía”, agregó Benítez haciendo referencia al modelo de negocio que surgió tras el fin de la sección 936.

Según Benítez, al reducir la tasa corporativa a las multinacionales en la isla, se reduce también el beneficio que representa otorgarles exenciones contributivas a nivel local, como es el caso de la Ley 73 de Incentivos Industriales.

Al eliminarse la sección 936, Puerto Rico como plaza de negocios pasó de competir con los estados de Estados Unidos a competir con países como Singapur e Irlanda. Ahora, una reducción en la tasa corporativa provocaría que Puerto Rico no solo compita con el resto del mundo, sino con jurisdicciones en suelo americano.

Economía sin contrapesos

“Creo que si fuera el secretario de Hacienda, temblaría con esta situación”, sostuvo Benítez.

Según el economista, si bien el sector de la manufactura se ha achicado en los pasados años, la base productiva y contributiva descansa en esa actividad.

Cifras del sector apuntan a que la manufactura emplea unas 75,000 personas de manera directa. La cifra se eleva a 250,000 cuando se calculan empleos indirectos e inducidos.

“Por más que se diga que no pagan impuestos, este sector aporta el 33% de los recaudos”, dijo Benítez.

“En la medida en que se pierdan empleos ahí, el fisco se va a erosionar”, dijo Benítez. 

El problema, agregó Benítez, es que el sector industrial  juega un peso tan grande en la economía de y en el fisco que ningún otro sector de la economía de servicios puede hacerle contrapeso.

“Eso va a obligar a repensar todo el gasto público”, dijo el economista al recordar que el sector industrial es también un cliente clave de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Tarea imposible para la JSF

Desde la perspectiva de Villamil, si no se enmienda el lenguaje de la reforma contributiva federal, la posibilidad de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno articulen un plan para cuadrar el presupuesto es mínima.

“Estas son implicaciones para todo Puerto Rico”, dijo Villamil.

De acuerdo con el economista, los cambios propuestos en la reforma contributiva no solamente incidirán en el sector industrial, sino en otras actividades económicas y en la gestión gubernamental.

“Se hace difícil pensar en opciones, porque si esto se aprueba, sería nefasto, por todo lo que ha sucedido después del huracán María”, indicó Villamil.

Esfuerzo sin fruto

Anoche, el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Kenneth Rivera Robles, quien ha formado parte de varias delegaciones de cabildeo a favor de la isla en la capital federal, se mantenía relativamente optimista en que el lenguaje del proyecto sea enmendado.

“Tenemos tres turnos al bate y hoy (ayer) ya tuvimos un strike”, dijo Rivera Robles.

Señaló que si no se clarifica la situación de Puerto Rico, será “mucho más difícil” para las empresas justificar su operación.

“A eso le tienes que añadir muchas empresas locales, firmas de CPA, consultores, abogados e ingenieros terminarían siendo afectados por esto y justo después de que intentan recuperarse del huracán María”, indicó.


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