Al senador Abel Nazario se le imputa haber violado una ley federal laboral mientras fue alcalde de Yauco y mentirle al Departamento del Trabajo. (semisquare-x3)
Al senador Abel Nazario se le imputa haber violado una ley federal laboral mientras fue alcalde de Yauco y mentirle al Departamento del Trabajo. (Alex Figueroa Cancel)

Los empleados municipales en la isla están a la merced de arbitrariedades de alcaldes que incurren en prácticas laborales irregulares distintas a las imputadas al exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, opinó el líder sindical Luis Pedraza Leduc.

El dirigente del Programa de Solidaridad (Prosol) Utier, que organiza y representa a empleados municipales, señaló que no conoce otro municipio que haya requerido a los trabajadores realizar horas de servicio sin paga, como se le imputa al exalcalde de Yauco. Nazario Quiñones fue arrestado el miércoles por denuncias federales de forzar trabajo sin compensación en violación al Fair Labor Act, que tiene una disposición de carácter penal.

No obstante, Pedraza Leduc indicó que la organización que dirige ha buscado remedios administrativos o judiciales cuando las administraciones municipales se exceden, sobre las 240 horas, en el tiempo compensatorio que se les requiere a los empleados.

También Prosol ha reclamado por las deudas de los ayuntamientos por concepto de compensaciones por licencias o bonificaciones. Además, ha denunciado incumplimientos con las aportaciones al Sistema de Retiro, a los planes médicos, entre otros, con el dinero que fue descontado del salario del trabajador y apropiado por el gobierno municipal para otros usos.

“Los alcaldes cuadran la caja con las retenciones que les hacen a los empleados de su salario y eso es un acto ilegal”, mencionó Pedraza Leduc.

El sindicalista señaló que la práctica ilegal laboral más recurrente en las alcaldías es mantener por décadas a empleados en nombramientos con clasificaciones transitorias. De hecho, este es uno de los señalamientos más frecuentes que la Oficina del Contralor de Puerto Rico emite en sus informes de auditoría.

Por ley y reglamento, los nombramientos transitorios no deben exceder el año para que, entre otras cosas, no desvirtúe el principio de mérito en el servicio público.

Según Pedraza Leduc, se estima que hay 50,000 empleados municipales y que 25,000 tienen un estatus transitorio.

El remedio, si el empleado se queja, es la terminación del contrato. Por eso, nadie levanta la mano y eso es una trampa. Ahí viene el control político porque ese empleado necesita que ese alcalde vuelva a ganar para que se le renueve su contrato”, opinó.

Para el exrepresentante Víctor García San Inocencio, quien tiene un doctorado en derecho administrativo, no existe tal cosa como una voluntariedad en las situaciones a las que acceden los empleados municipales a petición del alcalde porque están a “la merced de la autoridad nominadora”, principalmente los empleados clasificados como transitorio.

El caso de Yauco, opinó García San Inocencio, puede resultar extraño porque se le dio un carácter penal a un asunto inicialmente administrativo.

“El hecho de que una ruta sea rara no quiere decir que no pueda tomarse y que sea legalmente válida”, dijo el exlegislador.

En tanto, el presidente de la Asociación de Alcaldes –que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático–, Rolando Ortiz Velázquez, señaló que el arresto de Nazario Quiñones debe invitar a una reflexión a los ejecutivos municipales.

Para Ortiz Velázquez, alcalde de Cayey, resulta histórico que un funcionario electo haya sido arrestado por un acto administrativo.

“También es tiempo que las agencias abran a procesos de adiestramientos porque la legislación siempre requiere estudio y análisis por eso hace falta que se eduque”, comentó el alcalde.

No obstante, el ejecutivo cayeyano insistió en que las políticas del gobierno central han empobrecido las arcas municipales y dejado a los alcaldes sin alternativas para atender las necesidades de su población, provocando situaciones como las de Yauco.


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