El exalcalde de San Juan, Jorge Santini. (GFR Media) (semisquare-x3)
El exalcalde de San Juan, Jorge Santini. (GFR Media)

El exalcalde de San Juan, Jorge Santini, fue suspendido de su puesto como coronel de la Guardia Estatal de Puerto Rico hasta que finalicen las investigaciones que realiza el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), confirmó hoy, lunes, el Ayudante General de la Guardia Nacional, José Reyes.  

Las pesquisas que llevan a cabo el FBI y Ética Gubernamental responden a denuncias de alegado nepotismo, uso indebido de equipos sufragados con fondos federales y manejo inapropiado del pago de nómina del personal de la Guardia Estatal activado tras el impacto de los huracanes Irma y María, explicó Reyes en entrevista con El Nuevo Día.

Específicamente, la acción administrativa que ordenó el ayudante general se conoce como flagging action.

“Los procesos del Ejército de los Estados Unidos establecidos es que cuando se hace una alegación o algún referido o una querella, se hace una acción administrativa que se conoce como flagging action, se pone ese flaging action en el récord de esa persona”, sostuvo Reyes.

Dicha orden tiene el efecto de paralizar cualquier acción correspondiente al soldado -en este caso el coronel Santini-, como ser promovido de puesto o participar de cualquier curso o entrenamiento que lleve a cabo la Guardia Estatal. El último drill o entrenamiento en el que participó Santini fue en enero de 2019, confirmó la Guardia Nacional a este medio.

Como coronel, a Santini se le asignó un cargo de abogado de la Guardia Estatal. “Las divisiones legales de la Guardia Nacional así como la Guardia Estatal atienden todo tipo de procesos legales, apoya a los soldados cuando tiene que hacer un documento legal, apoyo a los asoldados en cualquier acción militar legal, asesoran a los soldados si tienen algún tipo de situación legal que requiere asesoramiento”, explicó Reyes.

El abogado de la Guardia Estatal, además, es el asesor directo en términos legales del general de la Guardia Estatal.

A pesar de los procesos que establece el Ejército estadounidense, luego que hiciera el referido al FBI y OEG, la Guardia Nacional no había puesto en vigor el flagging action.

"Este servidor, el nombramiento se hizo el 11 de febrero y mi confirmación y asignación final por el gobernador de Puerto Rico se efectuó el 5 de marzo”, dijo Reyes cuando este medio cuestionó por qué, si existe un proceso establecido por el Ejército, no se había llevado a cabo la acción administrativa conocida como flagging action.

“Este servidor es responsable por las cosas que suceden en la Guardia Nacional y yo soy responsable de mis acciones, por qué no se dio en el pasado, yo no tengo esa contestación”, manifestó Reyes.

El Ayudante General explicó que tras el paso de los huracanes Irma y María el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares activó a la Guardia Nacional y durante ese proceso fue necesario el apoyo de efectivos, lo que conllevó a que se activara parte de la Guardia Estatal de Puerto Rico para que apoyara en la logística y esfuerzos de distribución de agua, comida, medicina y otros artículos de primera necesidad.

“Tras ese proceso hubo unas alegaciones de nepotismo, donde algunos oficiales de la Guardia Estatal habían movilizado familiares directos, en este caso sus esposas, sin la debida aprobación del pasado ayudante general de la Guardia Nacional, el general de brigada Isabelo Rivera. Otra de las alegaciones es que se habían utilizado equipos federales, específicamente una planta eléctrica, para funciones no designadas para el uso de esa planta”, explicó Reyes.

El ayudante general hizo referencia a un generador de electricidad sufragado con fondos federales que fue hallado en la casa de una persona civil, en incumplimiento con el propósito y uso correcto que se había designado. “La tercera alegación que se hizo fue en el manejo de las nóminas del personal activado de la Guardia Estatal”, indicó Reyes.  

El ex ayudante general Rivera asignó entonces un investigador para llevar a cabo la investigación interna. Esa pesquisa estuvo a cargo de un oficial investigativo que, además de ser abogado militar, fuera de la guardia Nacional funge como fiscal en el área de Ponce.

Una vez culminó su investigación, el oficial investigador emitió unas recomendaciones al entonces ayudante general que terminaron en el referido del caso a las autoridades estatales y federales, entiéndase Ética Gubernamental y el FBI. Eso ocurrió en abril de 2018. 

Reyes explicó que cuando asumió el cargo de ayudante general de la guardia Nacional, solicitó a la División Legal una auditoría legal de los procesos que se habían llevado a cabo a partir de las alegaciones.

“Como parte nuestra de los procesos administrativos, la semana pasada y como resultado de esa auditoría legal solicité, le di instrucciones verbales y escritas al general de la Guardia Estatal de Puerto Rico, general de brigada Edwin Rivera, que procediera con una separación administrativa del coronel Jorge Santini hasta que se reciban los resultados finales de estas agencias estatales y federales”, dijo Reyes a El Nuevo Día.

Reyes confirmó que luego del referido, tanto Ética Gubernamental como el FBI han solicitado información y documentos adicionales a la Guardia Nacional como parte de la pesquisa y que la documentación ha sido entregada a las autoridades. La última vez que el FBI solicitó información fue en julio de 2018. El ayudante general indicó que los documentos solicitados responden “sobre todo en cuanto a la alegación del manejo de nómina y esos fondos de salarios federales”.

Ética Gubernamental, por su parte, mantuvo una comunicación reciente con la Guardia Nacional en la hubo un intercambio de información respecto al caso, confirmó Paul Dahlen, oficial de Asuntos Públicos de la Guardia Nacional. 

"Hace como dos semanas Ética Gubernamental tuvo comunicación nuestra oficina legal", expresó el mayor a El Nuevo Día. 

La decisión final que tomará la Guardia Nacional respecto a Santini, dependerá de los resultados de las pesquisas de la OEG y el FBI.

“Si estas agencias determinan que no hubo ningún tipo de acción ilegal, nosotros entonces revocamos esa orden administrativa y volvemos a integrar al coronel Jorge Santini a la fuerza de la Guardia Estatal. Si fuera lo contrario, entonces se procedería a una separación total”, subrayó Reyes.


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