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A pesar de que históricamente se había opuesto al cambio, a solo meses de retirarse del Senado, Orrin Hatch parece favorecer la extensión del crédito a la isla. (AP)

Washington - Después de bloquearla en el pasado, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch (Utah), ha abrazado la propuesta dirigida a otorgar pleno acceso a los residentes de Puerto Rico al crédito federal por niños dependientes, una iniciativa que puede tener un impacto económico en la isla de $300 millones.

El respaldo de Hatch a esa medida –la cual se promueve desde los tiempos en que Hillary Clinton era senadora por el estado de Nueva York- es el paso más significativo de la nueva legislación que el senador republicano ha presentado junto a su colega Marco Rubio (Florida).

Como presidente del Comité de Finanzas, Hatch -quien se retira del Senado en diciembre- controlará el trámite de la legislación que acaba de presentar.

“Eso -el crédito contributivo por niños dependientes- había sido lo más duro de lograr con Hatch”, reconoció ayer la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien considera incluir las propuestas presentadas en el proyecto de los senadores republicanos Hatch y Rubio en una medida en la Cámara baja que reúna otras iniciativas que han estado bajo consideración y pueden dar un impulso a la economía.

La legislación de los republicanos Hatch y Rubio recoge varias de las recomendaciones que, en diciembre de 2016, hizo el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico, un comité bipartidista y bicameral creado por la ley Promesa que incluyó, entre otros, a Hatch, Rubio, la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez, y el entonces comisionado de Puerto Rico residente en Washington, Pedro Pierluisi.

Entonces, Hatch frenó la idea de dar pleno acceso a la isla al CTC, lo que volvió a hacer cuando se intentó incluirla en la reforma contributiva federal aprobada en diciembre pasado.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) ha estimado en $300 millones el impacto en la economía de Puerto Rico el que sus residentes tengan pleno acceso al CTC.

Bajo la ley actual, debido a un error técnico, los residentes de Puerto Rico pueden reclamar al gobierno federal hasta un máximo de $2,000 del CTC, como reembolso y solo si tienen tres hijos o más. La legislación presentada oficialmente ayer permitirá pleno acceso al crédito federal.

El total del reembolso depende de los descuentos de nómina del Seguro Social.

El informe del Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico estimó que el pleno acceso al CTC –que es un proyecto independiente de la comisionada González- beneficiaría a 355,000 familias en la isla, con un rembolso promedio que puede rondar los $800.

La legislación de los senadores Hatch y Rubio, que adelantó El Nuevo Día y cuyo lenguaje se conoció ayer en la mañana- propone reducir de 6.2% a 3.1%, durante dos años, el descuento por nómina del Seguro Social que se le hace a los trabajadores.

El proyecto hace claro que la reducción en la deducción no afectará la cotización de jubilación del empleado, porque el dinero será compensado por fondos del Tesoro federal.

La reducción en la deducción del pago al Seguro Social formó parte de una de las leyes de recuperación económica de la pasada década y supone una inyección de cerca de $1,300 millones anuales para la economía de Puerto Rico.

“Al reducirles los impuestos a los empleados, estamos inyectando un alivio directamente a los bolsillos de los trabajadores puertorriqueños”, indicó el senador Hatch, quien antes había propuesto la reducción del pago de nómina al Seguro Social, cuando rechazó otorgar a la isla acceso al crédito por ingresos devengados (EITC).

Pequeñas Empresas

Mientras exista la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico, el proyecto de ley también propone mejorar el acceso de pequeños empresarios de Puerto Rico a micropréstamos de hasta $6 millones y permitir la transferencia de tecnología, equipo, muebles y propiedad excedente del gobierno federal a empresas basadas en la isla”.

“Para Puerto Rico, (el tope de $6 millones es) bastante alto. Eso debe lograr que mucha gente pueda refinanciar a tasas más bajas”, indicó, por su parte, el economista Antonio Fernós Sabegien, profesor de la Universidad Interamericana, al señalar que “toda ayuda que se pueda dar a Puerto Rico es no solamente necesaria, sino urgente (con letras mayúsculas)”.

Otras medidas, como la reducción del pago de nómina del Seguro Social, persiguen promover el consumo en momentos en que lo que se requieren son “herramientas para la inversión”, dijo Fernós Sabegien.

La legislación reúne además el contenido de iniciativas de la congresista Velázquez -que han sido apoyadas por González y los demócratas boricuas José Serrano (Nueva York) y Darren Soto (Florida), entre otros –para incrementar los puntos y créditos que concede el gobierno federal cuando se contrata o se subcontrata una pequeña empresa en Puerto Rico, y autorizar la transferencia de tecnología, equipo, muebles y propiedad excedente del gobierno federal a empresas basadas en la isla.

También, como han propuesto medidas de la congresista Velázquez, la legislación impulsa permitir a la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) ponerle una lupa al funcionamiento de las compañías de inversiones en Puerto Rico y otros territorios, como una enmienda a una ley de 1940.

Esa iniciativa –aprobada en ambas cámaras legislativas con proyectos distintos pero muy similares de Velázquez y el senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey)- fue destacada en el informe de la Oficina de Contraloría General (GAO) sobre la deuda pública de Puerto Rico.

Debido a la exención del estatuto federal de 1940, las casas de inversiones en Puerto Rico han podido actuar como asesores del gobierno puertorriqueño a la hora de emitir deuda. Debido a ello, se conoce que, en ocasiones, promovieron que los fondos mutuos que administran pudieran comprar bonos de esas emisiones para venderlas a inversionistas locales.

“Varias de las disposiciones en este proyecto de ley son idénticas o similares a la legislación 2488 de la Cámara de Representantes, que previamente introduje. Me alegro de que los senadores vieran el mérito de estas ideas y trabajaré con ellas a medida que avance el proceso”, indicó, por su parte, la congresista Velázquez.

Con respecto a la propuesta para establecer un centro federal de datos de investigación estadística en Puerto Rico, el profesor Fernós Sabegien dijo que el sitio ideal es el Instituto de Estadísticas, cuya autonomía e independencia han salido a defender diversos sectores -incluidos miembros del Congreso- ante esfuerzos del gobierno de Puerto Rico para colocarlo bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Una legislación que busque extender medidas tributarias federales temporales puede ser la mejor opción para tratar de avanzar el proyecto de ley de Hatch y Rubio, según fuentes del Congreso. Ese tipo de medidas suele considerarse en las postrimerías de una sesión.

De todos modos, la comisionada González sostuvo que la legislación le facilitará tramitar un propio proyecto de ley que resuma varias de las medidas que han estado bajo discusión.

“Lo que proponen los senadores me va a ayudar en la Cámara”. dijo.


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