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Como parte de la discusión del proyecto de zonas de oportunidad, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, está impulsando enmiendas que le permitan a los gobiernos municipales negociar individualmente los decretos o beneficios contributivos que otorgarían a los inversionistas.

Las Zonas de Oportunidad fueron creadas a través de la reforma contributiva federal de 2017 para fomentar la inversión en zonas empobrecidas en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. En Puerto Rico, el 98% del territorio cualificaría para tal designación al superar el 20% del nivel de pobreza.

La iniciativa persigue otorgar beneficios contributivos a inversionistas, por un plazo de 15 años, para fomentar que utilicen sus ganancias de capital para financiar proyectos en vez de dejarlas depositadas en bancos. En Estados Unidos, ese beneficio se podrá disfrutar 10 años.

Para lograr su cometido, el gobierno de Ricardo Rosselló presentó un proyecto de ley a la Legislatura que fija unos beneficios contributivos fijos a los que tendrán acceso los inversionistas. Incluso decidió los beneficios que otorgarían los municipios.

Por ejemplo, rebaja de 90% a 75% la exención sobre proyectos prioritarios residenciales. Mantiene la exención en la tributación de dividendos y fija en 50% la exención de patentes y contribuciones sobre la propiedad.

El proyecto de ley igualmente disminuye de 100% a 75% la exención de arbitrios de construcción.

A juicio de Rivera Schatz, la medida resultaría en un impacto sobre los recaudos municipales.

“Estamos llegando a un entendido y es que los alcaldes van a tener la facultad de cobrar sus recaudos por arbitrios y patentes. En el proyecto se incluiría lenguaje para que el inversionista sepa hasta dónde sería el mínimo y el máximo por cobrar (del beneficio contributivo). De esa manera, el gobierno municipal puede fomentar la inversión sin prejuicio”, sostuvo el presidente senatorial acompañado en su oficina por los alcaldes de Guaynabo Aibonito, Cidra, Coamo, Bayamón, Canóvanas, San Lorenzo, Arecibo, Guayanilla y Villalba.

Rivera Schatz contó que le explicó al gobernador sus reservas a la medida en la medida en que, según dijo, los alcaldes han sido sacados de la mesa de negociación de estos acuerdos contributivos.

“El gobernador está de acuerdo y estamos buscando un lenguaje en que se pueda armonizar el interés del Estado… sin que eso represente una reducción a los recaudos de los gobiernos municipales”, afirmó Rivera Schatz.

El trámite legislativo sobre la medida está a cargo del representante novoprogresista Antonio “Tony” Soto, quien se reunió con Rivera Schatz para hablar del proyecto este pasado lunes.

Rivera Schatz dijo desconocer, sin embargo, las enmiendas incluidas por Soto.

Al expresarse sobre la medida, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, ofreció el ejemplo de su municipio y cómo logró negociar decretos contributivos con la cadena de supermercados Econo que le significaron $6 millones en arbitrios de construcción.

“En decretos tenemos 15 proyectos que equivalen a $300 millones. Si nos dan oportunidad de negociar esas áreas podemos inspeccionar para que cada empleo que prometen estas firmas se lleven a cabo. Uno de los problemas de los decretos del Estado es que el contrato que se hizo inicialmente no es el que se lleva a cabo”, sostuvo Soto.

“Lo que busca el Senado con esta enmienda es que, originalmente, el municipio no iba a tener ninguna participación. No iban a poder cobrar ni arbitrios, ni patentes, ni contribución mueble o inmueble. Ahora con este mecanismo, los municipios estamos en igualdad de condiciones y podremos otorgarles a las empresas que vengan desde un mínimo de 20% hasta un máximo, por dar un número imaginario de 75%”, dijo.

Mientras, el alcalde de Guayanilla, Carlos Torres Yordán, indicó que le han impuesto del gobierno central acuerdos contributivos con empresas de 90% y 100% de exención contributiva.

“Esto (las enmiendas) son importantes porque nos traen a la mesa y no estábamos participando”, dijo.


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