El gobierno descartó dividir los aeropuertos en distintas alianzas público privadas. (GFR Media) (semisquare-x3)
El gobierno descartó dividir los aeropuertos en distintas alianzas público privadas. (GFR Media)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció ayer que abrió el proceso para que el gobierno reciba cualificaciones de empresas interesadas en hacer una alianza público privada (APP) para la operación y el mantenimiento de los nueve aeropuertos regionales.

Adelantó que la APP podría estar finiquitada para finales de este año y la concesión sería por un término de siete años, aunque queda sobre la mesa, al cabo de ese tiempo, la posibilidad de una extensión.

“Esto nos permite tener una operación más estandarizada a través de los nueve aeropuertos. Nos permite reducir los gastos operacionales en (la autoridad de los) Puertos y nos permite potenciar el desarrollo económico en alguna de estas áreas”, sostuvo el primer ejecutivo en una mesa redonda efectuada ayer en La Fortaleza.

Los nueve aeropuertos regionales que pasarían a ser operados por una empresa privada son el Luis Ribas Dominicci, en Isla Grande; el Antonio Nery Juarbe, en Arecibo; el Rafael Hernández, en Aguadilla; el Eugenio María de Hostos, en Mayagüez; el Internacional Mercedita, en Ponce; el aeropuerto regional de Humacao; el José Aponte de la Torre, en Ceiba; el Antonio Rivera Rodríguez; en Vieques; y el Benjamín Rivera Noriega, en Culebra.

De estos, solo los aeropuertos de Ponce y Aguadilla tienen la capacidad de recibir aviones comerciales de gran escala como los que suelen utilizar las aerolíneas comerciales. Esto significa que tienen una certificación 139 emitida por la Administración Federal de Aviación, (FAA, en inglés), explicó el director de la Autoridad de Puertos (AP), Anthony Maceira.

Explicó que el aeropuerto de Vieques tenía esa certificación, pero la perdió luego de una auditoría de la FAA en el 2015 que reveló “incumplimientos”.

“El gobierno tuvo que entregar la certificación 139 y comprometerse a un cumplimiento más riguroso del normal: inspecciones periódicas, que vengan a Puerto Rico (inspectores de la FAA), la creación de plazas en la AP como un entrenador de sistemas de seguridad”, explicó Maceira.

Preguntado si la aspiración del gobierno es lograr la certificación 139 en otras instalaciones, el funcionario dijo que “cuando logremos optimizar la operación en Aguadilla y en Ponce, entonces podemos tener una conversación de mirar si los demás aeropuertos deben buscar esa certificación”.

El gobernador puntualizó que pretenden optimizar las operaciones de los aeropuertos y procurar el desarrollo económico mediante lo que llamó “Conector de las Américas”, enfocados en tres aspectos a mejorar: operación, mantenimiento y seguridad.

“De requerirse autorización de la Junta (de Supervisión Fiscal para la APP), se haríaen su momento. Pero en este momento, no es necesario”, dijo Maceira.

Por décadas, sostuvo Maceira, los aeropuertos regionales han mostrado deficiencias. Mencionó que el reemplazo de una unidad de acondicionador de aire demoró más de un año en ser instalada en una de estos aeropuertos.

En elde Aguadilla, la correa de equipaje se dañó, lo que supuso el pago de tiempo extra a los empleados mientras se esperaba por la pieza, dijo Maceira. Agregó que ese mismo aeropuerto tuvo problemas con el cobro de lo que se conoce como passager facility charge, un cargo de $4.50 por cada pasajero en aeropuertos con certificación 139.

Este cargo se comenzó a cobrar en 1993 en Aguadilla y en Ponce, pero el gobierno perdió la autorización de la FAA para cobrar el cargo.

“La AP no pudo demostrar que se cumplió con el proceso de reinvertir esos fondos en el sistema aeroportuario. En el caso de Ponce, esa autorización se prohibió hace cerca de 20 años. Actualmente, nosotros nos encontramos en el proceso de poder reconciliar y atender eso. Estos fondos son sumamente importantes para poder financiar la infraestructura en los aeropuertos. Todo ingreso que generen los aeropuertos tiene que reinvertirse (en ellos)”, apuntó.

Maceira dijo que también tienen inquilinos sin contratos o con desahucios -sin ejecutar- que datan de hace más de 10 años.

Catalogó estos asuntos como “problemas estructurales de décadas” que, a su juicio, requieren la intervención de una empresa privada en vez de que el gobierno se haga cargo.

Las APP son el mecanismo al que apuesta el gobierno para mejorar servicios y ahorrar dinero.

Actualmente, los nueve aeropuertos implican un costo operacional de más de $11 millones, sostuvo el director de las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero.

“Obviamente, esperamos un ahorro significativo en las operaciones”, dijo Maceira, pero aclaró que hasta que no inicie el proceso para otorgar la APP, no podrán tener una cifra sobre cuánto puede ser el ahorro en operaciones.

Respecto a los 166 empleados de estos aeropuertos, dijo que con una APP pasarían “a ser contratados por el ente privado” y otros serían distribuidos a otras agencias mediante la herramienta del empleador único.

Tanto Marrero como Maceira destacaron que las actividades militares, deportivas y comerciales que se llevan a cabo en estos aeropuertos continuarían una vez se conceda la APP.

También descartaron la posibilidad de dividir los nueve aeropuertos para concederlos a distintos entes privados porque “se determinó que no era un beneficio para desarrollar el sistema regional de aeropuertos. Eso pudiese ser muy beneficioso, pero no para Puerto Rico como conector de las Américas”, dijo Maceira.


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