El Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña encamina el dragado de ese cuerpo de agua y lidera iniciativas de vivienda y desarrollo socioeconómico. (horizontal-x3)
El Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña encamina el dragado de ese cuerpo de agua y lidera iniciativas de vivienda y desarrollo socioeconómico. (Ramón Tonito Zayas)

Las corporaciones públicas de desarrollo comunitario se crearon en respuesta a necesidades que ninguna otra dependencia gubernamental podía atender. Sus luchas por conseguir viviendas dignas, proveer educación y combatir la desigualdad social, entre otras tantas causas, marcan la ruta hacia un mejor Puerto Rico. Tras el devastador azote del huracán María hace casi siete meses, su labor es aún más pertinente.

La Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera y la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña son ejemplo de autogestión y perseverancia. Representan, además, escenarios en los que los sectores público y privado convergen en beneficio de la comunidad.

Reciben fondos públicos, pero multiplican esa inversión en servicios directos e indirectos a niños, jóvenes y adultos.

“Si no fuera por la continuidad (en el trabajo) que el diseño institucional nos ha permitido, la realidad hoy día en el caño fuera muy distinta”, dijo la directora ejecutiva de la Corporación, Lyvia Rodríguez.

“Somos organizaciones que trabajamos con y para las comunidades. Impulsamos proyectos de justicia social, desarrollo socioeconómico y microempresarismo, entre muchos otros”, agregó la directora ejecutiva de la Compañía, Francine Sánchez.

Ante los aires de consolidación y eliminación de agencias y corporaciones públicas, como parte del plan del gobernador Ricardo Rosselló de reducir el tamaño del gobierno, el futuro de ambas dependencias es incierto. Tanto la Compañía como la Corporación aparecen en un borrador de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, con fecha de octubre pasado, como dos de las entidades a cerrar.

Al momento, ni Rodríguez ni Sánchez han recibido información oficial que confirme el cierre de las corporaciones públicas. Pero no bajan la guardia, como tampoco lo hacen los ciudadanos.

“De ocurrir un cierre o reestructuración, sería retrotraernos a 20 años y ni hablar del impacto económico que esto pueda tener”, expuso Mario Núñez, portavoz del Grupo de las Ocho Comunidades (G-8), aledañas al caño.

“La comunidad se afectaría grandemente al no tener servicios directo. También hay proyectos de vivienda, por ejemplo, que se verían afectados”, añadió Gertrudis Calderón, vicepresidenta del Consejo Vecinal Pro Desarrollo de la Península de Cantera.

"Proyectos exitosos

La Compañía para el Desarrollo Integral de la Penínsulade Cantera se creó en 1992, en virtud de la Ley 20.

Tres años antes, en 1989, el huracán Hugo había destrozado la comunidad, en la que residen unas 9,000 personas. En pleno proceso de recuperación, más de una veintena de proyectistas propusieron obras de construcción para la zona, lo que los vecinos tildaron como un intento de desplazarlos. Se organizaron y se quedaron en Cantera.

A largo de estos años, la Compañía ha impulsado pluralidad de proyectos. Uno de ellos es Expediciones Península, en el que los mismos residentes reciben turistas, organizaciones y estudiantes y les ofrecen recorridos acuáticos y terrestres en la comunidad.

“Esa protección del patrimonio natural ha sido un esfuerzo grande del proyecto”, dijo Sánchez, quien también destacó la creación de “nuevos sistemas de vivienda” para los vecinos, como Parque Victoria, Pelícano y Corozo.

“Pero la aportación principal ha sido la calidad de vida a nivel de salud. La comunidad no contaba con sistema sanitario y ese era un asunto de salud pública. Gran parte de Cantera ya tiene un sistema sanitario adecuado”, agregó.

Calderón, por su parte, resaltó el proyecto Líderes para el Mundo Empresarios de su Vida, que ofrece servicios de tutoría y liderazgo a estudiantes de escuela intermedia. El programa AmeriCorps, igualmente, atiende el área social y académica de niños entre 5 y 15 años, así como a sus padres.

“Algunos programas se afectarían si la Compañía desaparece, porque son propuestas federales. Son proyectos exitosos que merecen continuar”, dijo Calderón.

Sánchez indicó que, si la Compañía cierra, también se afectaría un proyecto que trabaja con las víctimas de crimen. “En esta comunidad, más del 80% de los residentes han sido víctimas de crimen. Si cerramos, se pueden perder hasta $3 millones de fondos federales”, advirtió.

"Propósito muy claro"

Entretanto, la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña es resultado de la Ley 489, aprobada en 2004. El estatuto creó el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, integrado por las comunidades Barrio Obrero Oeste, Barrio Obrero San Ciprián, Buena Vista Santurce, Israel Bitumul, Buena Vista Hato Rey, Las Monjas, Parada 27 y Barrio Obrero Marina.

Pero el propósito principal de la Corporación es la coordinación y ejecución del dragado del caño, un proyecto que, según Rodríguez, “es mucho más que ingeniería; es desarrollo integral”.

“Hay un hilo conductor entre todo lo que se hace a nivel espacial, ambiental, de vivienda y de desarrollo económico y comunitario. Ahí estriba la diferencia entre lo que hacemos y lo que hace una agencia o corporación pública regular”, dijo Rodríguez.

“La Corporación se creó porque no había agencia que tuviera el empuje ni la flexibilidad para llevar el proyecto hasta dondeestá hoy. La médula del proyecto es que la comunidad esla que toma las decisiones”, añadió Núñez.

El portavoz del G-8 destacó que la Corporación ha creado más de 33 iniciativas dirigidas a distintos grupos poblacionales. Mencionó, por ejemplo, los programas de Alfabetización de Adultos, Líderes Jóvenes en Acción –formación política, pensamiento crítico, manejo de conflictos e inserciones comunitarias–, Promotores del Ambiente y Guardianes de la Protección en las Escuelas.

“También tenemos la Escuela de Liderazgo y Transformación Social, que es cónsona con la misión y visión del G-8, de formar líderes con pensamiento crítico y responsabilidad ciudadana. Todas estas iniciativas están hilvanadas y responden al Plan de Desarrollo Integral del caño. No hacemos actividades ni programas por hacerlos, sino que tienen un propósito muy claro”, afirmó.

Al igual que las iniciativas de Cantera, las del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña “pudieran afectarse” si la Corporación cierra, dijo Lucy Cruz, presidenta del G-8. “Sería un desfase tremendo técnico y comunitario. Hay mucha incertidumbre, pero confiamos en salir victoriosos”, declaró.

Transferencia

Las leyes orgánicas de la Compañía y la Corporación les ponen fecha de expiración a ambas corporaciones públicas.

En el caso de la Compañía, su cierre está previsto para el año 2023, tras lo cual el Consejo Vecinal Pro Desarrollo de la Península de Cantera asumirá sus funciones.

“Si la información del cierre es cierta, es preocupante porque hay unos proyectos que se tienen que transferir a la comunidad, como establece la ley”, dijo Sánchez.

Según Calderón, la transición entre la Compañía y el Consejo Vecinal lleva 10 años, “porque queremos que sea participativo y transparente”. Indicó que, si se da el cierre, “lo menos que esperaríamos es que nos den un tiempo razonable para terminar la transición; determinar con qué proyectos se puede quedar la comunidad, con cuáles no y cuáles siguen siendo necesarios”.

Mientras tanto, la Corporación tiene vida útil hasta 2029, y el Fideicomiso de la Tierra asumirá las riendas después. El Fideicomiso administra las tierras del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña; unas 200 cuerdas que antes eran del gobierno y ahora pertenecen colectivamente a los 26,000 residentes.

“El dragado ya debe estar completado en 2029 y las obras que queden pendientes las completará el Fideicomiso, como custodio de las tierras. Las demás agencias y corporaciones públicas no tienen el peritaje ni la experiencia de los empleados de la Corporación para manejar estos proyectos”, sostuvo Núñez.

Para este año fiscal, la Compañía recibió $433,000 del Fondo General y la Corporación, $915,000. Reciben fondos federales –por propuestas– y donativos privados. Por eso, los entrevistados rechazaron que un posible cierre responda a motivos económicos.


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