Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

 (semisquare-x3)
A raíz del caso de Título III, una de las fases que forman parte del pleito Rosa Lydia Vélez fue paralizada mediante un acuerdo entre las partes. (Archivo)

La reestructuración de la deuda de Puerto Rico ha lanzado una sombra de incertidumbre sobre cientos -sino miles- de casos que se discuten actualmente en los tribunales como parte de los reclamos para que los niños y jóvenes matriculados en la corriente de Educación Especial reciban los servicios que necesitan.

En mayo pasado, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó ante el tribunal la petición para reestructurar la deuda al amparo del Título III de la Ley federal Promesa, todos los casos que se habían presentado contra el gobierno y que involucraban una reclamación monetaria quedaron paralizados. Así quedó constatado en una moción que presentó el Departamento de Justicia tanto en los foros estatales como judiciales.

Desde entonces, jueces en los tribunales estatales han interpretado de diferentes maneras el alcance de esta paralización. Algunos han establecido que el estatuto federal impide que se vean en su fondo unas demandas, mientras que otros han concluido que la Ley Promesa no incide en las demandas presentadas por violaciones a la Ley federal para la Educación de Individuos con Impedimentos (IDEA, por sus siglas en inglés) o a la Ley 51 de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, detalló el abogado José E. Torres Valentín, quien representa a varias familias de niños de Educación Especial.

“No hay uniformidad sobre los casos de Educación Especial. Hay jueces de (tribunales de) primera instancia que han entidad que Promesa no paraliza los casos, pero hay casos en los que sí. Todo depende del juez”, sostuvo Torres Valentín.

La Ley federal Promesa, en sus secciones 7 y 304(h), establece que nada de lo que ordena el estatuto debe entenderse como autorización para incumplir con otras leyes federales, destacó Torres Valentín, por lo cual aseguró que la mayoría de los reclamos de Educación Especial no debieron ser paralizados.

Aunque reconoce la falta de uniformidad para atender los casos, el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos Parés, aseguró que los servicios a estudiantes no se han perjudicado. Este aseguró que, independientemente de las posturas de Justicia en los foros judiciales, Educación ha intentado resolver los casos.

“La posición del gobierno es comenzar a ver los casos y ya se han visto bastantes, se han dado discusiones con los abogados para solucionar los reclamos. Promesa no vino a paralizar ni a quitarle servicios a nadie. Por el contrario, es una protección para garantizar que podamos dar el servicio y que se puedan atender los reclamos de los padres, niños y jóvenes”, indicó Ramos Parés.

Al cierre de esta edición, el Departamento de Justicia no había respondido a una petición de este diario para conocer la postura ante los reclamos de padres y encargados de niños de Educación Especial.

La discusión incluso ha llegado al Tribunal Supremo, donde una resolución emitida a principios de diciembre para confirmar la paralización de la fase de daños y perjuicios del pleito de clase Rosa Lydia Vélez se convirtió en la oportunidad para que los miembros de máximo cuerpo judicial dejaran claras sus posturas sobre el impacto de Promesa en los estudiantes de Educación Especial.

Al certificar la paralización de esta fase del pleito -a petición tanto de los demandantes como del gobierno- la jueza presidenta Maite Oronoz dejó claro que solo el tribunal federal que maneja el caso de Título III puede encaminar nuevamente este reclamo que, a su juicio, “en poco, o en nada, afecta el proceso de quiebras, el carácter histórico y apremiante de este pleito judicial, y que su paralización solo atrasa la concesión del remedio legal que por tantos años llevan buscando las partes afectadas”.


💬Ver 0 comentarios