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El informe de daños del huracán que presentó el gobernador al Congreso de Estados Unidos es una radiografía que comprende toda la infraestructura de la isla. (horizontal-x3)
El informe de daños del huracán que presentó el gobernador al Congreso de Estados Unidos es una radiografía que comprende toda la infraestructura de la isla. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un documento sometido al Congreso por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares revela que el estado de la infraestructura básica de la isla después del huracán María es, por mucho, peor de lo que ha comunicado su administración.  

Construir y reparar unas 472,000 unidades de vivienda; habilitar tres cuartas partes de todas las subestaciones eléctricas y reconstruir al menos seis generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) son parte de la lista de proyectos que esta administración entiende son indispensables para que el país pueda levantarse del peor huracán en casi un siglo. 

También, es parte de esa lista reparar y remodelar unos 175 hospitales y clínicas de salud y hasta reemplazar toda la red de telecomunicaciones. 

Se trata de un plan de reconstrucción que no tendría comparable en Puerto Rico y que, de llevarse a cabo, pondría a la isla en la ruta de recuperación que, por décadas, han reclamado líderes del sector privado, economistas, la clase política e incluso, los bonistas que reclaman en corte el pago de sus obligaciones a través de los casos del Título III de Promesa.

La semana pasada, el gobernador Rosselló Nevares llegó al comité de Recursos Naturales del Congreso con el plan “Build Back Puerto Rico”, con la expectativa de que el Congreso estadounidense otorgue a Puerto Rico una subvención monetaria casi igual al tamaño de la economía, medida por el producto bruto interno de la isla.

Rosselló Nevares solicitó al Congreso un paquete de ayuda por $94,400 millones para, según dijo, ayudar a superar la crisis humanitaria que experimentan 3.4 millones de puertorriqueños y fortalecer la infraestructura y la prestación de servicios básicos de forma tal que Puerto Rico no quede en ruinas cuando le golpee un nuevo desastre natural.

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De acuerdo con el informe del gobernador, varias de las medidas y proyectos que tendrán que ponerse en vigor serán tan drásticas como iniciar un programa de compra de residencias para relocalizar a familias o comunidades enteras a lugares más seguros; rehabilitar las represas para que cumplan con los códigos vigentes y hasta reubicar plantas de tratamiento de aguas usadas que ahora están en zonas inundables.

Asimismo, habrá que iniciar un proceso de reforestación, completar el cierre de los vertederos que, por años, no han cumplido con estándares ambientales vigentes y procurar que aquellos que están funcionando puedan procesar los volúmenes “masivos” de escombros y material vegetativo que dejó el huracán. 

“Es un esqueleto inicial de la visión del Puerto Rico resiliente que queremos en todas las áreas”, indicó el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), Omar Marrero, en alusión al documento que presentó Rosselló Nevares y que ahora es la referencia que utiliza la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés) para las conversaciones que se mantienen en el Congreso y la Casa Blanca.

Marrero dirige, a su vez, la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (OCRR), que creó Rosselló Nevares para administrar los recursos que reciba Puerto Rico de parte del gobierno federal.

Partiendo de la declaración de emergencia enmendada por el presidente Donald Trump para Puerto Rico, la OCRR parece ser una de varias condiciones que estableció el gobierno federal a Rosselló Nevares para otorgar fondos a la isla bajo las categorías C-G de la ley federal de desastres Stafford, lo que El Nuevo Día reveló el pasado lunes. Puerto Rico recibiría parte de los fondos para la recuperación a través del proceso alterno de asistencia bajo la sección 428 de la ley Stafford.

“Es un documento orgánico, estos no son proyectos en piedra. Algunos salen de los planes de mitigación de las agencias, pero otros no”, agregó Marrero.

El plan del gobierno contempla, según Marrero, que la mayor parte de los proyectos puedan comenzar aproximadamente en un plazo de 18 meses.

“Reconstruir a Puerto Rico va a un ser proceso de largo plazo”, reconoció Marrero al señalar que en el futuro cercano, las iniciativas que se pondrán en vigor van dirigidas a restaurar los servicios básicos.

Posteriormente, explicó, el objetivo es dotar a Puerto Rico con una infraestructura capaz de resistir un nuevo desastre natural.

Según Marrero, los estimados en el plan no incluyen la cantidad de dinero en efectivo que el gobierno necesita para continuar operando, pagar las pensiones y la nómina pública.

Vivienda y electricidad

El plan apuesta a recibir unos $94,400 millones, que en su mayoría irían a rehabilitar o reconstruir viviendas, la red eléctrica, el sistema de carreteras, puentes y aeropuertos.

Otro componente significativo es la apuesta del gobierno para lograr el financiamiento del programa Mi Salud.

“Son números que, ciertamente sorprenden”, sostuvo Marrero cuando El Nuevo Día cuestionó acerca de los estimados en el plan.

Según el documento, los estimados del gobierno apuntan a que unas 472,000 unidades de vivienda han recibido “daños mayores o fueron destruidas” como resultado de los huracanes Irma y María.

La cifra es casi el doble de los estimados provistos por el gobierno inicialmente.

“Mientras, el daño fue amplio e impactó personas en todas las estratas sociales y económicas, la mayoría de las unidades más severamente afectadas o destruidas albergaban a las poblaciones de bajos ingresos, eran de pobre calidad y/o no fueron construidas en función de códigos modernos de construcción y estándares de resistencia”, reza el documento.

Según la propuesta, unas 57,482 unidades residenciales en manos de sus dueños fueron destruidas en su totalidad; otras 254,564 recibieron daños mayores y unas 205,293 viviendas recibieron daños menores.

Los daños estimados en vivienda rondan los $37,410 millones, indica el informe. De esa cifra, poco más de $6,000 millones serán pagados por las aseguradoras, por lo que la diferencia tendría que ser cubierta por el gobierno federal.

Años para una nueva red

“De acuerdo con la AEE y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace), podría tomar un tiempo considerable para proveer electricidad temporal a todos los puntos de la isla y varios años para reconstruir toda la red eléctrica”, indica el plan.

Si bien por semanas, la discusión pública en torno a la pérdida del sistema eléctrico se ha centrado en el colapso de las torres de transmisión y la red de distribución, el documento ofrece un cuadro más crítico del estado de esa infraestructura.

El informe indica, por ejemplo, que aparte de la caída de 847 postes y torres de transmisión y unos 900 conductores y aisladores, “el 74% de las subestaciones”, que actúan como centros de control tanto primarios como secundarios, así como “todas las plantas de generación”, experimentaron inundaciones de “moderadas a severas” y varios niveles de “daños por vientos”.

“No vemos aquí únicamente los daños, sino el sistema que necesitamos tener”, dijo Marrero al explicar que uno de los proyectos que más recursos necesitará será el soterrado de ciertas líneas críticas de transmisión y distribución.

El estimado en el plan apunta a que levantar una red eléctrica resiliente, incluyendo el concepto de microrredes, requerirá unos $17,789 millones.

El plan contempla también inversiones millonarias en escuelas, puentes y carreteras, así como unos $2,076 millones para reactivar la agricultura y otros $3,194 millones para desarrollo económico.

“Necesitamos ver cómo sustituimos esa economía perdida”, agregó Marrero reconociendo el impacto que la suspensión del servicio eléctrico ha tenido en miles de negocios en la isla.

La lucha en Washington D.C.

A preguntas de El Nuevo Día en torno a las posibilidades de que Puerto Rico pueda recibir el dinero que interesa el gobierno, el director de Prfaa, Carlos Mercader se mostró optimista.

El funcionario explicó que la Casa Blanca ha hecho un compromiso para hacer una recomendación de fondos para la isla y que también buscará insertarse en cualquier batalla que den otros estados como Texas y Florida. Esto, porque las delegaciones de ambos estados están inconformes con la primera recomendación de $44,000 millones que ha sugerido la Casa Blanca.

“Esto ya no es un asunto de visión, es un imperativo lograr la recuperación de Puerto Rico”, dijo Mercader.

Según Mercader, una nueva recomendación de ayuda para la isla, llegaría al Congreso desde la Casa Blanca en enero de 2018.


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