Ocho comunidades integran el Caño: Las Monjas, Israel-Bitumul, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Hato Rey, Barrio Obrero San Ciprián, Buena Vista Santurce, Parada 27 y Cantera. (GFR Media) (semisquare-x3)
Ocho comunidades integran el Caño: Las Monjas, Israel-Bitumul, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Hato Rey, Barrio Obrero San Ciprián, Buena Vista Santurce, Parada 27 y Cantera. (GFR Media)

 Salomé Ramírez, Shaina Cabán, Elísabet Nieves y Bárbara Becerra / Especial El Nuevo Día.

“Llegué aquí sin saber leer ni escribir. Ya, por lo menos, sé leer y voy aprendiendo a escribir”.

Esta es la realidad de Aleida Altagracia Fría, quien a sus 45 años está orgullosa por su progreso en el Programa de Alfabetización de Adultos que ofrece el Proyecto ENLACE para los residentes de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña.

La residente desea aprender inglés también y hablar con sus hijos por videollamada para demostrarles su evolución. Así, otros 24 adultos se educan para buscar oportunidades profesionales.

Esta siempre ha sido la misión de los proyectos que dirigen la lucha del dragado del Caño: capacitar a las comunidades, continuar un desempeño social y dirigir las generaciones a ser parte de un cambio.

El Proyecto ENLACE quiere formar líderes que entiendan la problemática que los rodea para, en un futuro, poder ocupar los puestos de quienes ahora están al frente de las organizaciones.

Hace poco más de ocho años, se creó en la corporación el grupo de Líderes Jóvenes en Acción (LIJAC). Su misión es desarrollar el liderazgo en todos los jóvenes para que se involucren en los procesos comunitarios.

Así también, gran parte de sus centros comunitarios y la escuela de liderazgo se encuentran en propiedades del Fideicomiso de la Tierra, una iniciativa innovadora que garantiza a los habitantes del Caño una titularidad sobre las propiedades.

Recientemente, el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña recibió $1 millón en la competencia Communities Thrive Challenges para resolver el histórico problema de falta de acceso legal a la tierra y posibilitar el desarrollo de viviendas seguras.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) realiza estudios para asegurar que el suelo cumple con los estándares de calidad. La directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA, Carmen Guerrero, dijo que la agencia adelanta trabajos de análisis de justicia ambiental.

“Que la gente entienda los impactos que el no dragar tiene a la salud pública y los costos que esto implica, a través de unas colaboraciones con la Escuela de Medicina de Ponce y Mount Sinai en Nueva York”, agregó.

“El argumento de la EPA es uno de calidad de vida, de salud pública y de la calidad de esos ecosistemas. El problema de asignación de fondos está en el Congreso, así que hay un aspecto político de cómo podemos hacernos sentir y cómo el gobierno de Puerto Rico brinda el argumento para que esto se mueva. El dinero está, es una cuestión de a qué le damos prioridad”, añadió.





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