Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

La comisionada residente Jenniffer González promueve incentivos por la producción de empleos. (Archivo / GFR Media) (semisquare-x3)
La comisionada residente Jenniffer González promueve incentivos por la producción de empleos. (Archivo / GFR Media)

La creación de zonas especiales de desarrollo económico en Puerto Rico se enfrenta a un Congreso que, por años, ha estado renuente a conceder alivios que parezcan salvavidas fiscales y cuyas últimas acciones parecen ignorar los problemas que atraviesa la isla.

Sin embargo, la intensificación de la precariedad económica, como secuela del devastador huracán María, por momentos parece abrir una pequeña ventana de oportunidad.

La semana pasada, esa apertura se manifestó con la aprobación de una enmienda en la Cámara de Representantes federal, que permitiría que Puerto Rico sea considerado como una “zona de oportunidad”, designación que permitiría que todo el capital que se genere en la isla, producto de inversiones en negocios e infraestructura, reciba una exención contributiva federal.

Se estima, no obstante, que el proyecto que asigna fondos federales para la recuperación de los desastres naturales, que contiene la enmienda, no será aprobado en el Senado, tal como se avaló en la Cámara de Representantes, lo que pone en riesgo la aprobación del crédito.

La suerte final de la iniciativa se sabrá en los primeros meses del próximo año, afirmó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón; y las acciones concretas más recientes del Congreso no dan muchas esperanzas.

Política de incentivos

Desde mediados del siglo XIX, la manufactura de Puerto Rico ha estado cimentada sobre una serie de incentivos contributivos federales y estatales, que proveen los suficientes márgenes de ganancias para que la producción sea atractiva para las empresas.

Desde el viernes, sin embargo, uno de los más grandes y últimos vestigios de este modelo económico, cuyos orígenes son atribuidos al empresario Teodoro Moscoso en la década de 1940, languidece luego que el presidente Donald Trump convirtiera en ley la reforma contributiva federal. Este nuevo estatuto impone un impuesto sobre los bienes intangibles producidos en el exterior por multinacionales estadounidenses. Para efectos contributivos, Puerto Rico es una jurisdicción extranjera. Es decir, el impuesto aplica a las multinacionales con producción en la isla.

La medida no incluyó provisiones especiales para la producción en Puerto Rico, a pesar de los intensos cabildeos hechos en Washington por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la comisionada residente, miembros del Partido Popular Democrático y la Asociación de Industriales, entre otros sectores.

Lo que sí dispone es la inclusión de Puerto Rico, al igual que el resto de los estados y posesiones de EE.UU., en el incentivo sobre las ganancias de capital.

Zonas de oportunidad

Esta iniciativa, según fue aprobada, busca promover inversiones en comunidades con familias de escasos recursos económicos.

El contador público autorizado Kenneth Rivera explicó que este incentivo, en esencia, permite que las ganancias por inversiones hechas en estas comunidades estén exentas de contribuciones mientras continúen siendo reinvertidas allí por un período máximo de 10 años.

Es decir, si una persona invierte en un hotel en esta comunidad, las ganancias estarán exentas del pago de contribuciones.

“Este tipo de incentivo se conoce como un buen mecanismo temporero para las áreas que están sofocadas económicamente. Son disposiciones temporeras. El caso estrella de eso es Washington D.C., que tenía problemas graves hace casi 30 años, pero incentivos como este han ayudado a mejorar la infraestructura. Otros sitios, como Detroit, también lo han tenido, pero no ha sido tan efectivo”, explicó Rivera.

Para poder participar de la iniciativa, el jefe del estado o posesión tiene que recomendar la inclusión de la comunidad al gobierno estadounidense. Se toma como referencia comunitaria las áreas creadas por el Negociado del Censo (census track), que agrupan entre 2,500 y 8,000 personas. Como límite, hasta el 25% de las comunidades de escasos recursos pueden ser designadas como zona de oportunidad.

La enmienda aprobada el jueves por la Cámara de Representantes federal buscaba que todo Puerto Rico fuera designado automáticamente como una zona de oportunidad.

“Esto puede proveer la creación de hoteles, viviendas y la construcción de nueva infraestructura porque da unos créditos a las ganancias de capital. Esto no el proyecto completo, pero es un primer paso para poder crear bloques de negocios en Puerto Rico”, dijo González.

Explicó que estará impulsando en la capital federal una medida de alivios contributivos adicionales para Puerto Rico, que tendría más alcance en el intento por revitalizar la economía isleña.

Zonas bajo estrés

González Colón compartió con El Nuevo Día un borrador del proyecto que, si encuentra eco en el Congreso y el presidente de EE.UU., establecería la Ley de Desarrollo Económico para Zonas en Estrés.

La propuesta consiste en concederles a las empresas en estas zonas bajo estrés un crédito contributivo equivalente a la suma del 75% de los salarios, el 100% de la depreciación y amortización de los activos y 50% de las compras hechas a compañías de personas que pertenezcan a una minoría.

La propuesta establece que, para que una zona sea declarada bajo estrés, debe estar bajo la jurisdicción de una junta de supervisión o cumplir con varios requisitos alternos, entre los que están haber pasado un prolongado período con niveles altos de pobreza, desempleo, baja participación laboral, y poseer una deuda elegible para un proceso de reestructuración en un tribunal de bancarrota.

Lo que se necesita

La comisionada residente indicó que, hasta el momento, no se ha estudiado el impacto que podría tener este tipo de medidas en la economía puertorriqueña o en el tesoro estadounidense.

Por su parte, Rivera indicó que este tipo de medidas para impulsar la economía son positivas y sirven para empujar el desarrollo en algún sector, aunque no representan un modelo económico a largo plazo, puesto que representan alivios temporeros a las empresas.

“A largo plazo, Puerto Rico debe buscar formas de ser más atractivo sin depender tanto del incentivo contributivo”, dijo.

Precisamente, la fecha de expiración de los incentivos propuestos podría ser el principal obstáculo en su efectividad.

“No creo que solo con eso se sale de la crisis porque se necesitaría articular más cosas. Siempre las cuestiones contributivas son ganchos de momento. Igual pasó con la (Sección) 936 y los efectos que se tienen cuando se eliminan”, expresó, por su parte, el economista José Alameda.

“Creo que el efecto depende industria por industria. Si logras que por el número de empleos recibas un crédito, eso hace que las empresas decidan coger más empleados, pues fabuloso. Para mí, el problema es que no resuelve el asunto con las corporaciones bajo control foráneo (CFC) necesariamente, que son los empleos que tenemos. Lo que proponen podría ayudar a hacer algunas de las fábricas aquí más competitivas en comparación con EE.UU., pero no con las jurisdicciones foráneas necesariamente”, expresó, por su parte, el senador de la minoría del Partido Popular Democrático, Eduardo Bhatia.


💬Ver 0 comentarios