En sus recorridos por las zonas inundables, los inspectores de la agencia anotan los daños de las estructuras que pueden observar desde el exterior para luego reportarlos a los municipios

Aibonito - Don Antonio Pérez, de 73 años, caminaba lentamente entre los restos de su pequeña casa de madera, aledaña a una quebrada del sector El Rabanal de Aibonito.

Después de cuatro meses sin poder vivir allí, observaba con optimismo a unos hombres con chalecos de color amarillo brillante que miraban  lo que quedaba de su hogar, tomaban fotos y escribían en una computadora. Eran inspectores   de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que inspeccionaban  daños en las viviendas provocados por el huracán María.

“Está bueno… Me alegro, fíjate”, expresó Don Antonio, con una tímida sonrisa.

Salvo algunos paneles, vigas y parte del piso, no queda nada más del hogar en el que ha vivido por 40 años.

Don Antonio no lo sabía, pero entre las ayudas que pudiera recibir están los fondos de mitigación para las propiedades en zonas inundables que sufrieron “daño sustancial”, tras el azote del huracán María.

Ciudadanos como Don Antonio se enterarán de la cantidad que podrían recibir a través de una carta que les enviarán por correo.

Si les llega a sus manos, entonces comenzarán un proceso que ha aliviado las penas de muchos en el pasado, pero también le ha causado dolores de cabeza a miles de personas y ha provocado el derroche de fondos federales en los años siguientes al huracán Sandy en Estados Unidos.

Se trata de un programa llamado “Hazard Mitigation Grant Program” (HMGP), que busca que las reparaciones de las casas afectadas en esas zonas incluyan mejoras necesarias que las protejan contra futuras inundaciones.

El programa es administrado por FEMA, pero su aplicación local en 74 pueblos de la isla depende de la Junta de Planificación (JP). Mientras, las ciudades de Guaynabo, Ponce, Carolina y Bayamón manejan su propia operación local directamente con FEMA.

Las inspecciones

Según los mapas de la JP, en Puerto Rico hay cerca de 200,000 estructuras en esas zonas de riesgo. De ese total, se utilizó un cálculo para estimar que 30,000 pudieron haber sufrido daños de un 30% a un 70% por el ciclón.

Esas proyecciones serán corroboradas por inspectores de los municipios mencionados, de la JP y de FEMA, quienes comenzaron los recorridos en la última semana de enero.

Diana Herrera, especialista de seguros de la División de Mitigación de FEMA, indicó que tienen de 35 a 50 personas adiestradas para recopilar los datos de las propiedades, pero aclaró que la cantidad varía de acuerdo a las prioridades diarias de la plantilla.

Destacó que, en los primeros diez días, para el 1 de febrero, ya habían completado 1,159 evaluaciones, aunque recordó que ese tiempo incluyó el adiestramiento de parte del personal de campo.

“El tiempo (para completar las inspecciones) dependerá de la cantidad de personal disponible para recoger la data”, explicó Herrera.

Por su parte, la presidenta de la JP, María Gordillo, señaló que su expectativa es que en “seis meses tengamos una gran cantidad de propiedades inspeccionadas, especialmente las residenciales”.

Los inspectores salen a la calle con los mapas de las zonas y con las computadoras que tienen un programa de FEMA llamado “Estimador de Daño Sustancial”.

Herrera dijo que los inspectores observan las propiedades desde los alrededores. De acuerdo a lo que vean, otorgan  por cientos de daños a cada elemento de una lista de 12 que incluye: fundación (zapata), supraestructura, techo, terminación externa, terminación interior, puertas y ventanas, terminación de piso, tuberías e instalación eléctrica.

“Puede tener un 100% de daño en el techo y un 2% del exterior… Las brigadas lo que hacen es poner esa data en el programa”, explicó Herrera. “Entonces, basado en los pies cuadrados que tenemos predeterminados por los contratistas, el programa saca la comparación de esos por cientos con el (costo de) reemplazo”.

Luego, ese resultado se contrasta con el “valor estimado” de cada propiedad en el mercado, previo al huracán.

“El cálculo te dirá si (el costo de reparar) es 50% o más (del valor de la propiedad) y generará cartas para los dueños diciendo que se ha determinado que su propiedad tiene ‘daño sustancial’, que estás en la zona de riesgo de inundación y que quizás no estés en cumplimiento (con el tipo de construcción necesaria)”, señaló Herrera.

Mientras, la página de Internet de FEMA indica que esa agencia establece como requisito compartir los costos: “Generalmente (FEMA) paga hasta un 75% de los costos de mitigación, y el individuo típicamente es responsable por el otro 25%”.

Gordillo dijo que las ayudas podrían ser en forma de subsidio o préstamos, dependiendo de la situación económica de cada familia.

Abundó que, al recibir las cartas “de daño sustancial”, los propietarios tendrán que ir a las oficinas de la JP - o los cuatro municipios mencionados si viven en ellos - para solicitar los permisos de construcción para hacer las mejoras de mitigación aprobadas.

“Es una forma que tenemos para velar que la estructura se esté arreglando conforme a código”, comentó Gordillo, al recordar que algunas recomendaciones pueden ser desde levantar la residencia a un segundo piso para que el primero sea solamente marquesina, hasta una relocalización de la familia a otro lugar.

“Si son comercios, se pueden sellar. Existe tecnología para el sellado de puertas y evitar que entre el agua”, abundó.

La carta esperada

Hasta ahí parece un proceso sin mayores contratiempos. No obstante, los ciudadanos necesitan estar preparados y orientados.

La carta será enviada a la dirección postal a la que está registrada la propiedad. De manera que si alguien - como Don Antonio - está viviendo en otro lugar porque su casa está destruida, pudiera quedarse sinla esperada correspondencia.

Lo mismo podría ocurrir a personas que se han visto obligadas a emigrar fuera de Puerto Rico por la misma situación.

Aunque la información estará en una base de datos en internet, Gordillo admitió que muchas personas no tienen acceso a ese tipo de servicio o desconocen el uso de esa tecnología.

Pasado problemático

Cuando sí les llegue la carta o puedan consignar la información de su caso, estará por verse si los ciudadanos en Puerto Rico tendrán que atravesar por el mismo calvario que enfrentaron miles de damnificados por el huracán Sandy de 2012 en Nueva Jersey y Nueva York.

Muchos de los que habían pagado un seguro contra inundaciones del National Flood Insurance Program (NFIP), administrado por FEMA a través de empresas privadas, comenzaron a recibir avisos de pagos muy por debajo del costo real de los daños.

Luego, los abogados de esos propietarios en Nueva Jersey destaparon un esquema de fraude mediante

el cual las aseguradoras estaban alterando los informes para pagar menos.

Mientras, una investigación periodística de FRONTLINE, de la cadena televisiva PBS, encontró el derroche de millones de dólares federales enviados al gobierno estatal de Nueva York para ayudar a dueños de casas que no habían comprado un seguro contra inundaciones.

Parte del problema se debió a que el personal asignado a las inspecciones no tenía el adiestramiento adecuado, lo que provocaba estimados erróneos y que se ordenaran reparaciones innecesarias, que luego se tenían que volver a hacer. Todo esto causó que el gobierno gastara más dinero y que los residentes terminaran esperando por años para volver a sus casas.

Otros cuentos de horror fueron de personas que batallaron con la desorganización del personal de los gobiernos locales al tratar de apelar el por ciento de daños aprobado por los inspectores a sus casas. El resultado fue años de suplicio burocrático.

Campaña de orientación

De acuerdo con Gordillo, de las 200,000 estructuras en zonas inundables, solamente unas 4,000 tienen seguro contra inundación.

La gran mayoría de los damnificados dependerá de la asistencia gubernamental para la mitigación de sus propiedades.

Gordillo prometió que en Puerto Rico habrá una “campaña de orientación” para que los ciudadanos sepan cómo obtener la información necesaria, qué hacer para cumplir con los requisitos, obtener los permisos, y a cuáles oficinas de la Junta de Planificación deben acudir.

Asimismo, aseguró que se garantizará la oportunidad de apelar el por ciento asignado, a la vez que reconoció que el proceso de evaluación de los inspectores puede producir estimados que no reflejen la realidad de los daños.

“Es un tanto arbitrario, sujeto a la interpretación de un profesional”, sostuvo Gordillo, al recordar que los inspectores no entran físicamente a las propiedades.

“En este caso, velamos que sean ingenieros para que tengan conocimiento básico de estructuras, pero quizás no ven algo en un patio exterior o algo así”, añadió.

No obstante, recordó que, para pedir una revisión, los propietarios tendrán que llevar sus propios estimados de daños y tasación de la propiedad.

Debido a que los fondos tendrán un límite, que todavía no se ha determinado, las autoridades locales establecerán prioridades con las obras de reparación.

“No será por demografía. Dependerá del grado de exposición a inundaciones”, indicó Gordillo.

Una vez se emita la carta, comentó Gordillo, los propietarios tendrán 20 días para solicitar una revisión, mientras que el gobierno tiene 15 días para analizar el reclamo y tomar una decisión.

“Lo que proponemos es crear un portal de internet para que puedan saber, una vez (surja) la determinación de ‘daño sustancial’”, dijo Gordillo.

De todas formas, buscarán alianzas con organizaciones no gubernamentales y comunitarias que les ayuden en la asistencia con las personas que no tengan acceso a computadoras ni a comunicaciones oficiales del gobierno.

Probablemente, solo así llegarán hasta ciudadanos con la misma situación de Don Antonio, quien contemplaba a los inspectores cuando a uno de ellos se le escapó: “Este es el típico ejemplo de un 100% (de daños)”.

Aunque quizás no entendía todas las implicaciones de lo que decían, Don Antonio los escuchaba con atención, como si buscara algún indicio de esperanza.

“Se han tarda’o, pero ¿qué se va a hacer? Fuimos muchos. El desastre fue grande en todo Puerto Rico… si es para unas ayudas… cuando sea. Si me la dan, pues, bienvenida sea”, expresó Don Antonio, haciendo la salvedad de que la única ayuda que no aceptará será para mudarse a otro lugar.

“Soy de aquí y aquí me quedaré hasta que muera”, afirmó.


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