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Los puertorriqueños no tienen pleno acceso a los beneficios del Seguro Social como los ciudadanos en los estados. (GFR Media)

Washington - El juez federal Gustavo Gelpí invitó al gobernador Ricardo Rosselló y a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, a argumentar en el caso en el que el puertorriqueño José Luis Vaello Madero impugna las bases que estableció el Tribunal Supremo de Estados Unidos para limitar el acceso de los residentes de Puerto Rico a programas federales.

Vaello Madero rehúsa reembolsar $28,081 en pagos recibidos en la isla del Seguro Social Suplementario (SSI), y reta la jurisprudencia estadounidense que, a partir de los Casos Insulares de principios del siglo pasado, justifica no dar pleno acceso a la isla a programas de bienestar social del gobierno de Estados Unidos. Esa normativa judicial creó el concepto de territorio no incorporado y la teoría de que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos.

Bajo la jurisprudencia de los Casos Insulares, el Congreso impuso la ley Promesa que creó una junta de control fiscal y un sistema de bancarrota territorial para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico.

Gelpí, juez del Tribunal Federal para el distrito de San Juan, rechazó el 14 de mayo una solicitud del gobierno estadounidense para desestimar el caso presentado por Vaello Madero. En una moción, el gobierno de Estados Unidos había reclamado que Vaello Madero fuera primero a argumentar su caso ante la Administración del Seguro Social.

Sin embargo, el juez Gelpí, quien busca avivar el debate sobre la situación colonial de Puerto Rico y ha argumentado antes que Estados Unidos incorporó de facto a la isla, decidió que tiene jurisdicción para ver el caso en su fondo.

“Desarrollos recientes sobre Puerto Rico, por ejemplo, una mayor conciencia en el continente sobre su situación después del huracán María, así como un consenso nacional y local en contra de ese tratado desigual, pueden alentar más a los tribunales a revisar Califano y Harris”, afirmó Gelpí. Se refirió a los casos Califano versus Torrres (1978) y Harris versus Rosario (1980), resueltos por el Tribunal Supremo estadounidense y que han validado que no haya pleno acceso en los territorios a programas federales, siempre y cuando exista una “base racional”.

Vaello Madero comenzó a recibir en Nueva York los beneficios del SSI, que se financian a través del fondo general del gobierno federal, no de los pagos al Seguro Social. Se mudó a Puerto Rico en 2013 y en 2016 conoció que era inelegible para el SSI.

Los pagos fueron detenidos. Pero, la Administración del Seguro Social, bajo la cual está el SSI, le solicitó reembolsar $28,081.

En una orden emitida el martes, el juez Gelpí invitó al gobernador Ricardo Rosselló, a través de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y a la comisionada González a unirse al caso como “amigos de la corte”, pues “es de gran interés para el Estado Libre Asociado y sus aproximadamente 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses”.

Al comentar el caso, en un artículo de opinión en El Nuevo Día, la comisionada indicó que “el tiempo de los infames casos insulares se acaba”. “La mancha del discrimen y violación de derechos civiles de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico está en la mesa”, sostuvo.

Como profesor jubilado de Derecho, el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el exsenador Fernando Martín, dijo no conocer “de ningún desarrollo desde los tiempos de los casos de Califano y Harris que le haga pensar a uno que (el sistema judicial federal, en última instancia) va a resolver distinto a como se resolvió antes”.

Para Martín, la expansión de derechos individuales bajo la Constitución federal puede ser un campo abierto, pero más allá de señalar las deficiencias del sistema colonial de Puerto Rico no percibe que el Tribunal Supremo estadounidense vaya a “corregirlas”, pues es un asunto que corresponderá a las ramas políticas del gobierno de Estados Unidos.

Ante la demanda presentada por la firma de inversiones Aurelius y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en contra de la constitucionalidad de la ley Promesa, el gobierno de Puerto Rico ha tenido que defender la constitucionalidad del estatuto, que fue creado al amparo de los poderes plenarios del Congreso y la jurisprudencia de los Casos Insulares.

“La invitación que ha lanzado el juez Gelpí al gobernador y a la comisionada residente los obligaría a asumir una posición definitiva a favor o en contra de los Casos Insulares”, sostuvo el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Pero, el exgobernador considera que Rosselló “tiene la dificultad de que si aceptara el reto que, en cierto sentido, le está haciendo este juez federal, tiene que armonizar lo que diga ante Gelpí, con lo que hasta ahora han dicho sus abogados ante la jueza (Laura Taylor) Swain relacionado con los poderes de la junta al amparo de los Casos Insulares. Claramente, el gobernador no puede asumir una postura en un caso y otra diferente en el otro”, indicó.

Otro caso

Ayer, el gobierno de Puerto Rico intervino como amigo de la corte en la revisión que se pidió al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que se les reconozca a residentes de Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses el derecho al voto que tenían en los estados.

Aunque entiende que resolver la falta de derechos políticos frente al gobierno federal de los residentes de Puerto Rico está fuera del alcance de ese caso - Luis Segovia versus EE.UU.-, el argumento escrito de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, mantuvo que perder el voto por el presidente de Estados Unidos debido a que una persona se mudó a la isla “no debería ser aceptable en una sociedad democrática”.


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