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Ariadna Godreau, de Ayuda Legal Huracán María, abogó por una moratoria en las  ejecuciones de hipotecas. (Suministrada) (semisquare-x3)
Ariadna Godreau, de Ayuda Legal Huracán María, abogó por una moratoria en las ejecuciones de hipotecas. (Suministrada)

Los huracanes Irma y María agravaron la crisis de derechos humanos que ya se vivía en Puerto Rico, haciendo más visibles las condiciones de desigualdad y pobreza en la población, así como la precariedad de la infraestructura de servicios básicos.

Ese es el mensaje que representantes de más de 25 organizaciones comunitarias, instituciones académicas y profesionales de distintas disciplinas esbozarán mañana en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C.

El grupo presentará el informe “Desastres naturales, contaminación y desigualdad en Puerto Rico”, que, en sus más de 200 páginas, recoge datos, testimonios, estadísticas, noticias y análisis sobre situaciones de violaciones de derechos humanos tras el paso de los ciclones. Compila, además, una veintena de exigencias para atender esas situaciones.

Ayer, en conferencia de prensa, la coalición adelantó sus reclamos, entre los que destacan que se decrete una moratoria en los casos de desahucio y ejecución de hipotecas, que se haga público el plan de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) esbozado previo a los huracanes, que el gobierno implemente protocolos efectivos para el manejo de cadáveres y hospitalarios, y que se establezca una política de no discrimen en los refugios contra la población LGBTTQ.

Bajo la premisa de que la crisis de derechos humanos en la isla se enmarca en la crisis económica, en la audiencia se pedirá, asimismo, que se amplíe la moratoria de la deuda pública, se deroguen las leyes de cabotaje y la Ley PROMESA, y se otorgue paridad en los fondos federales de salud.

“La catástrofe natural que vivimos en los pasados meses sacó a relucir ante muchos las realidades que sufrimos muchos ciudadanos, y agravó las condiciones desiguales que hemos vivido durante décadas muchas poblaciones marginadas en Puerto Rico”, dijo Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loíza.

Irizarry y otras dos líderes comunitarias de Peñuelas y Vieques serán las encargadas de resumir, en una presentación de 15 minutos, el contenido del informe ante la Comisión.

Annette Martínez, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, indicó que esperan que la Comisión emita órdenes de cese y desista contra el gobierno. La Comisión también pudiera publicar informes o declaraciones denunciando la crisis de derechos humanos en la isla, que servirían como mecanismo de presión para que el gobierno actúe.

La deposición de mañana antecede la visita al país, el 10 y 11 de diciembre, del relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston.


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