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José Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. (GFR Media)

Washington - El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, dijo hoy que está “en una etapa bien, bien, adelantada” la negociación para completar un acuerdo de reestructuración sobre la deuda de la corporación pública, que va camino a su privatización.

“Pronto. En poco tiempo vamos a tener un acuerdo”, agregó Ortiz, cuando se le insistió en torno a las negociaciones con los bonistas de la AEE en momentos en que pesa sobre la corporación pública, la posibilidad de que se nombre un síndico a pedido de los acreedores.

La AEE adeuda unos $9,000 millones en bonos, obligación supeditada al proceso de Título III de Promesa desde hace casi dos años.

Según documentos radicados esta semana ante la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III, la AEE alcanzó un acuerdo con Assured Guaranty, una de las tres aseguradoras municipales que respalda su deuda, que permitiría avanzar hacia un pacto definitivo. Las otras dos aseguradoras que respaldan la deuda de la AEE, Syncora y Nationa Public Finance Guaranty, una afiliada de MBIA, todavía no han llegado a un entendido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El respaldo de Assured facilitaría que un porcentaje considerable de los dueños de la deuda de la AEE puedan llegar a un acuerdo, en momentos en que las aseguradoras municipales y el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) aguardan porque el tribunal de bancarrota determine si procede designar un síndico para la corporación pública.

En las pasadas semanas, el tribunal ha atendido varios aspectos procesales con miras a que en mayo próximo se dirima la moción de los acreedores para nombrar un síndico en la AEE.

Sin embargo, en las últimas dos semanas, Assured Guaranty, Syncora, otros acreedores y el gobierno solicitaron a la jueza Swain tiempo adicional para continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo “definitivo” de respaldo a la reestructuración de la deuda o (Definitive RSA, en inglés).

De llegarse a un acuerdo, según documentos en la corte, el pedido de los bonistas para que se nombre un síndico en la AEE quedaría resuelto. A ese pedido de posposición de términos se unió Syncora, mientras NPFG, filial de MBA, todavía evalúa qué curso de acción tomar.

Si Swain otorgara tiempo adicional, la JSF y el gobierno puertorriqueño podrían continuar las conversaciones para que National y Syncora también suscriban el acuerdo. En conjunto, estas aseguradoras representan menos del 15% de la deuda emitida por la AEE.

Según documentos en corte, Assured Guaranty posee sobre $3,000 millones en bonos no asegurados de la AEE.

En la moción conjunta, se establece además que si la AEE y los bonistas lograran un acuerdo definitivo, las partes se comprometen a dejar en suspenso la moción para designar un síndico en la empresa pública.

De acuerdo con el calendario del caso, tanto los bonistas como las aseguradoras y el gobierno deben presentar sus argumentos finales en torno a la designación de un síndico en la AEE no más tarde del próximo viernes. La audiencia donde se discutiría el nombramiento de un síndico en la corporación pública está prevista para el 11 de mayo.

“Este caso se encuentra en una coyuntura crítica”, señala una de las mociones ante la consideración de la jueza Swain, en la que se alega que tanto la JSF como la AEE y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) han entablado conversaciones para resolver las diferencias en torno a la necesidad de que un tercero tome el control de la corporación pública.

Las nuevas mociones ante la corte que atiende los casos de Título III constituyen el desarrollo más significativo en la reestructuración de la AEE, luego de que el año pasado, la JSF y el gobierno de Puerto Rico suscribieran un acuerdo preliminar con los acreedores de la empresa pública.

La renegociación de la deuda de la AEE ha requerido negociaciones en tres frentes. Por un lado, la AEE ha tenido que convencer a los bonistas de la corporación pública, pero también debe llegar a un entendido con las instituciones financieras que otorgaron préstamos para comprar combustible y con las aseguradoras municipales que garantizaron parte de sus bonos.

En el mismo caso, el sindicato UTIER ha pedido que en vez de nombrar a un síndico, la corte designe un Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG). 

“El IPSIG no reemplazaría la actual gerencia de la AEE. En vez, revisaría como esa gerencia implementa las leyes, normas y regulaciones que gobiernan la operación de la AEE”, indicaron ante el tribunal los abogados de la UTIER, Rolando Emanuelli Jiménez y Jessica Méndez Colberg.

Ortiz, por su parte, dijo no entender la petición de la UTIER. Pero, consideró que el reclamo de los acreedores para nombrar un síndico, se trata de buscar “asegurarse el pago”. “Lo dice el nombre – en inglés-, ‘receivership’. Lo que quieren es recibir el dinero”, sostuvo Ortiz.


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